En materia de investigación mi carrera se centra en tres grandes líneas, las dos primeras de carácter marcadamente interdisciplinar (penal-mercantil) y la tercera de naturaleza exclusivamente mercantil. La primera, que podríamos denominar “Técnica-legislativa y teoría de la legislación”, es uno de los temas de mi tesis doctoral, realizada en el área de Derecho penal de la Universidad de La Laguna.
Durante años me he dedicado, primero, a la técnica-legislativa entendida no de modo meramente formal, sino como una parte de la dogmática (dogmática de lege ferenda, frente a la dogmática de lege lata) dedicada a hacer fructificar en la ley, a través del desarrollo de distintas técnicas en el nivel de racionalidad legislativa jurídico-formal, principios admitidos en niveles más abstractos de racionalidad (ética o teleológica). Estos estudios los he plasmado en publicaciones como la monografía «Mandato de determinación y tipicidad penal» (Comares, 2010) o el estudio sobre el principio de proporcionalidad publicado en Indret (2, 2010). Y segundo, a estudiar cómo deben transponerse estos principios en la ley tanto en el ámbito penal (EPC, XXX, 2010) como en el mercantil (RdS, 49, 2017). Precisamente el estudio de una concreta técnica utilizada por el legislador, la técnica de las cláusulas innominadas (RP, 29, 2012), me llevó a mi segunda gran línea de investigación: “Responsabilidad en los negocios”. La crisis económica que congeló la posibilidad de sacar plazas en muchas áreas de conocimiento determinó la continuación de mi carrera en el área de Derecho mercantil, cerrando mi etapa penalista con el reconocimiento de mi primer sexenio. Desde mi contratación como Ayudante Doctora en Derecho mercantil (2013) he dedicado gran parte de mi investigación a la responsabilidad en los negocios, en concreto, a los problemas relativos a los deberes de los administradores sociales (RDM, 311, 2019), a sus retribuciones (RDBB, 142, 2016; RDBB, 141, 2016; CPC, 109, 2013; RdS, 40, 2013), a la corrupción en el ámbito privado (contribución «Retribuciones externas y corrupción de los administradores sociales», 2017; contribución «De obligaciones genéricas y obligaciones específicas en materia de retribución de los administradores sociales: los casos Novacaixagalicia y tarjetas black como ejemplos», 2017) y últimamente también a la protección de los consumidores (RMV, 23, 2018). La última de mis líneas de investigación es la de “Contratos” que comienza con la publicación de la monografía «El contrato entre acreedores» con la editorial Civitas en el año 2016 (primera obra monográfica sobre este tema en nuestro país) y ha continuado con el estudio de los contratos de prestación de servicios de inversión y la protección del consumidor financiero (RMV, 23, 2018, ya citado; contribución «De la buena fe (como «deber de mínimos») al deber de lealtad (como «deber de máximos»): la posición de los prestadores de servicios de inversión tras MiFID II», 2020).
En mi labor investigadora han influido decisivamente las estancias de investigación en el extranjero (de hecho, mi tesis doctoral obtuvo la mención de Doctorado Europeo) y el contacto con equipos de investigación distintos al mío (participando en proyectos de investigación de las Universidades Complutense de Madrid, La Coruña y el País Vasco).