Ayuntamientos que declaran su municipio libre de transgénicos o eliminan el WiFi de las zonas públicas, gobiernos regionales que financian ferias ecológicas donde las pseudoterapias campan a sus anchas, diputados que defienden la homeopatía en el Parlamento o que mencionan artículos científicos inexistentes para justificar que el toro de lidia no sufre en una corrida, eurodiputadas que solicitan que se regulen las vacunas porque suponen un riesgo e incluso presidentes del Gobierno que dudan del cambio climático porque se lo ha dicho un primo suyo. Estas son algunas de las intervenciones de ciertos políticos españoles, de todos los niveles, que van en contra de la evidencia científica existente.

Cuando yo leo o escucho alguna de estas noticias, me pregunto quién informa a nuestros representantes políticos y si acaso saben cómo funciona la ciencia. A veces, incluso, me dan ganas de meterme en política para poder atacar estas ideas con argumentos. Pero este pensamiento se me pasa rápido, no se preocupen.

Sin embargo, a principios de 2018 surgió una oportunidad para contribuir a hacer que la Ciencia pudiera ayudar a la Política. Un grupo de científicas/os, conectados a través de Twitter, estaba haciendo una de las cosas más habituales que solemos hacer los investigadores e investigadoras cuando nos juntamos, quejarnos (y con razón), de nuestras condiciones de trabajo en España: falta de financiación en equipamiento y proyectos, carrera laboral donde es muy complicado estabilizarse, emigración de talento y dificultad para su retorno debido tanto a esa falta de financiación como a la alta tasa de endogamia en algunas de las instituciones dedicadas a la investigación, etc… Pero en la primera noche de ese 2018 algo cambió. Andreu Climent, un investigador del Hospital Gregorio Marañón, propuso pasar a la acción y acercar la Ciencia a la Política. Al igual que ocurre en otros países, como Australia, pensó en organizar algún tipo de encuentro entre la comunidad científica y la política, para que cada grupo conociera un poco mejor al otro. Nacía así Ciencia en el Parlamento (CEEP). En esa conversación de Twitter estaba Jorge Barrero, de la Fundación COTEC y, gracias a su intermediación, menos de un mes después, el 30 de enero, se le presentaba la iniciativa a Ana Pastor, presidenta del Congreso en aquel momento (XII Legislatura).

El 7 de febrero, esta era conocida por la mesa del Congreso y todos los partidos se entusiasmaron con la idea de organizar un encuentro. Se planearon unas jornadas en las que se le mostraría a los parlamentarios cómo sería el funcionamiento de una hipotética oficina parlamentaria de asesoramiento científico, al estilo de las que funcionan en otros países como la Parliamentary Office of Science and Technology (POST) del Parlamento Británico.

Se lanzó una convocatoria para seleccionar técnicos de asesoramiento científico y ahí vi una oportunidad de contribuir a la misma. A la convocatoria se presentaron alrededor de 200 candidatos y candidatas de entre los que se seleccionaron 24, en base a su perfil científico pero también a su perfil divulgador. Al fin y al cabo, había que transmitir contenido científico a gente que no necesariamente tenía una formación en ciencias. Tuve la suerte de ser uno de los seleccionados, al poco además de ganar mi plaza como Profesor Ayudante Doctor en la Universidad de La Laguna (ULL).

Comenzaron entonces unos meses de preparación, en los que los técnicos de asesoramiento recibimos formación en comunicación, aprendimos cómo funcionan otras oficinas de asesoramiento, conocimos el funcionamiento de nuestro Parlamento y comenzamos a preparar los temas en los que participaríamos. Los temas habían sido seleccionados junto a la Mesa de Ciencia del Parlamento y no solo estaban relacionados con las Ciencias de la Salud o la Ingeniería, sino que incluían también a las Ciencias Sociales y Humanidades y a las Ciencias Ambientales. Para preparar los temas se necesitó la colaboración de expertos/as, entre los que se encontraban algunos profesores de la ULL como el Dr. Agustín Valenzuela.

La primera reunión se celebró los días 6 y 7 de noviembre, como parte de los actos del 40 aniversario de la Constitución; encuentro que constituyó un éxito hasta el punto de que poco después, la Presidenta del Congreso anunció que se destinarían 200.000€ para crear una oficina de asesoramiento científico en nuestro país. La propuesta contó con el apoyo unánime de todos los grupos parlamentarios que entendieron que, como dijo el Ministro de Ciencia y Universidades Pedro Duque: “De la misma forma en que no se pueden hacer leyes sin asesoría jurídica, es imposible crear normas basadas en evidencias sin asesoramiento científico”.

Los vaivenes políticos del último año han impedido que la oficina arranque pero, durante este tiempo, la iniciativa no se ha quedado parada. Se ha ido presentando en las distintas comunidades autónomas y, el pasado 11 de octubre, la ULL organizó, junto a la Delegación del CSIC en Canarias, una jornada en la que junto al Dr. Valenzuela y al Dr. Eduardo Oliver, investigador del CNIC y coordinador de CEEP, presenté la iniciativa a los distintos grupos políticos canarios con representación parlamentaria en la XIII Legislatura: PSOE, PP, Unidas Podemos, Ciudadanos y Coalición Canaria. Todos estuvieron de acuerdo en que, una propuesta así, sería de gran ayuda para el Gobierno Canario y, el Vicerrector de Investigación y Transferencia de la ULL, Ernesto Pereda, se comprometió a apoyarla con el capital humano de la universidad y que las leyes que salgan de nuestro parlamento autonómico puedan usar la evidencia científica disponible para legislar de forma informada.

Parece pues que la loca idea de acercar la ciencia a nuestros políticos no estaba tan equivocada y que, finalmente, los científicos podremos participar en política poniendo nuestro conocimiento al servicio de la sociedad.

REDACCIÓN MOISÉS GARCÍA ARENCIBIA