Los Centros de Innovación y Tecnología (CIT) creados desde la universidad, si no hay detrás un claro apoyo empresarial y gubernamental, no tienen sentido. Esta es la tesis que defendió la profesora de la Universidad Carlos III de Madrid Aurelia Modrego en su intervención el viernes 8 de abril en las jornadas organizadas por la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la Universidad de La Laguna.
Los CIT, diseñados para mejorar la competitividad empresarial y de los que en Canarias no se conocen precedentes, no deben concebirse como un instrumento para financiar los grupos de investigación, señaló Modrego, quien agregó que este es un error muy común en las universidades, donde además no se evalúa los resultados de la investigación, dijo. «Las universidades están formadas por personas inteligentes, pero no son organizaciones inteligentes».
La ponente afirmó que si en los CIT no se produce generación de conocimiento científico, tecnológico y de mercado, «no sirven», puesto que su misión es facilitar la actividad innovadora en el sector productivo mediante la prestación de servicios a empresas, tanto de bajo como de alto contenido tecnológico.
Otra de las razones esgrimidas por la experta para argumentar el más o menos frecuente fracaso en el desarrollo de estas iniciativas se debe a la falta de información que las propias empresas tienen sobre el tipo de servicio tecnológico que necesitan, lo que implica que la calidad del servicio que se presta depende del grado de comunicación que exista entre los dos mundos. Además, apuntó, las organizaciones empresariales tienen dificultades para estimar los beneficios en innovación a través de los servicios ofrecidos por los CIT. «El reto es crear un espacio común de información, resultado de un proceso de aprendizaje entre ambas partes».
Otro de los ponentes en las jornadas organizadas por la OTRI y celebradas en la Facultad de Física y Matemáticas fue Felipe Orgaz, asesor en la Subdirección General de Política Científica del Ministerio de Educación y Ciencia. Orgaz comentó que en España hay 83 centros tecnológicos, de los que el 40% son asociaciones, el 37% son fundaciones y el resto utiliza otras formas jurídicas como consorcios o cooperativas, por ejemplo.
El asesor indicó que, entre las ventajas de inscripción como CIT, figuran la buena imagen corporativa ante clientes y sociedad, el reconocimiento institucional que le da acceso a ayudas ministeriales, los ahorros fiscales y financieros, las nuevas oportunidades de financiación y las ventajas de funcionamiento.
Requisitos muy restrictivos
Pero esta inscripción se realiza una vez conseguidos unos mínimos de producción del grupo de investigación: 700.000 euros como cifra mínima de negocios y quince titulados en plantilla, además de una cartera de clientes diversificada. Estos requisitos fueron considerados por los investigadores que acudieron a las jornadas como desorbitados, habida cuenta el tejido empresarial de las islas, básicamente centrado en el sector servicios, y la débil apuesta que el Ministerio ha hecho en la contratación de investigadores.
Orgaz explicó que lo que el MEC pretende es que para que un centro sea considerado CIT deba tener cierto rodaje, tanto en el volumen de facturación como en sus recursos humanos, pero que, en cualquier caso, no son criterios inflexibles, y que la comisión encargada de estudiar las solicitudes examinará cada caso en concreto. Agregó, sin embargo, que la creación de CIT obedece al «posicionamiento estratégico de las comunidades autónomas» y que, al tratarse de un instrumento tan selectivo, estimó que Canarias deba contar con uno o dos, como máximo.
