Las jornadas sobre Nutrición, Calidad y Seguridad Alimentaria, que se están celebrando en la Facultad de Farmacia de la Universidad de La Laguna hasta el 23 de abril, acogieron en el día de ayer jueves 20 las intervenciones del director general de Salud Pública del Gobierno de Canarias, José Fernández Díaz Flores, y el director del Instituto de Calidad Agroalimentaria, Rodolfo Ríos RULL. La sesión fue presentada por el decano del centro, José Bruno Fariña Espinosa, quien aprovechó la ocasión para pedir apoyo al Gobierno autónomo e implantar para el próximo curso un título de Experto Universitario en Calidad y Seguridad Alimentaria.
Fariña apuntó que el proceso de convergencia europea en títulos de posgrado obliga a que haya mayor participación de profesionales externos para que los alumnos acudan a realizar prácticas en las instituciones sanitarias. Esperamos que las conversaciones que ya estamos manteniendo tengan sus frutos y el próximo año quede aprobado dicho título.
En su intervención, el director general de Salud Pública manifestó que hasta la creación de la agencia de seguridad alimentaria, las políticas de alimentación se encontraban dispersas. Díaz Flores apuntó que en unas islas hay inspectores sancionadores natos y en otras se opta por una política educativa, pero en la actualidad se está optando por unificar ambos criterios. En las inspecciones de ámbito europeo, la dirección general tiene una puntuación de aprobado, pero no sacamos nota, y es que nos faltan medios físicos y materiales para lograr esta meta. A la administración le cuesta entender que hay que destinar los fondos necesarios para prevenir.
Los licenciados en Farmacia y los veterinarios son los únicos profesionales que pueden optar a ser inspectores de salud pública porque aunque se cuente con una carrera de segundo ciclo en la Facultad de Farmacia, Ciencia y Tecnología de los Alimentos, de momento no se cuenta con ella. Conocemos que se está poniendo un veto a otros profesionales igual de válidos y que tienen los conocimientos necesarios, explicó el ponente.
Estos inspectores son los encargados de comprobar que los establecimientos reúnen las condiciones higiénico-sanitarias necesarias para el desarrollo de las actividades, ya que si no se cumpliera con estos requisitos se procedería a declarar el lugar como clandestino y se cerraría. Asimismo, los vehículos de transporte tienen que cumplir con las mismas condiciones aunque a los sectores más pequeños les cuesta más adaptarse a esta línea.
La dirección general cuenta entre sus actuaciones con el servicio de seguridad alimentaria, registro y sanciones, sanidad ambiental, epidemología y promoción de la salud, entre otros. Díaz Flores indicó que han llevado a cabo más de 17.000 inspecciones en Canarias en 2005 y que el período de 2000-2005 ejecutaron 2.694 sanciones en todas las islas.
Por su lado, el director del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria comentó que la línea entre seguridad y calidad en algunos casos se ve clara pero en otros puede ser más difusa. Asimismo, definió la calidad como la satisfacción de una demanda.
Dentro de las funciones del centro destacó la autoridad en materia de calidad agroalimentaria, la promoción de productos canarios y el fomento de la calidad. Añadió que los controles hay que realizarlos con continuidad y en algunas ocasiones de manera programada.
