La sesión claustral celebrada hoy miércoles 18 de julio en la Universidad de La Laguna estuvo prácticamente dedicada a los recortes presupuestarios por la crisis económica y al futuro de la educación superior en las islas. Tanto el rector, como el director general de Universidades –invitado al debate- como los grupos claustrales, fueron muy críticos con los reales decretos emitidos por el Gobierno de España y que suponen, en opinión de muchos, el inicio del desmantelamiento del servicio público de la educación a través de un cambio de modelo mucho más profundo.
La reunión del órgano colegiado, que tuvo lugar en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, comenzó con un homenaje al que fuera vicerrector de Planificación e Infraestructuras, Pablo González Vera, fallecido recientemente, y al que el Claustro le dedicó un minuto de silencio para honrar su memoria.
Ante la cascada de recortes que se avecinan, algunos grupos claustrales solicitaron unidad de acción, como también pidió el rector, en el sentido de que ahora más que nunca las medidas que se tomen para afrontar esta crisis necesitan del mayor consenso posible, no solo internamente, sino también con la ULPGC y el propio Gobierno de Canarias.
Invitado por el Rectorado, el primero en intervenir en la sesión fue el director general de Universidades del Gobierno de Canarias, Carlos Guitián, quien expuso la situación en la que se encuentra la educación superior en las islas. "Desde que entré en la universidad en 1975, nunca había vivido un momento tan preocupante como el actual", señaló el responsable político. Comenzó su disertación recordando el momento de elaboración del presupuesto de 2012, que llevó a la suspensión del contrato programa y que hizo que los compromisos adquiridos por parte del ejecutivo regional no pudieran llevarse a efecto. También adelantó que el presupuesto para las universides en 2013 se hará teniendo como referencia lo presupuestado en enero de 2012.
Con la entrada del primer decreto de medidas urgentes se le recorta a Canarias 800 millones de euros, a los que hay que sumar 700 millones más en el segundo, es decir, la quinta parte del presupuesto de la comunidad autónoma, apuntó Guitián.
El director general de Universidades explicó que con el incremento de tasas, el Gobierno espera recaudar 1.500 millones de euros, lo que duplicaría la recaudación de tasas en todo el país. Tildó de muy preocupante la limitación de contratación de nuevo personal, por cuanto supone el envejecimiento de la plantilla y la imposibilidad de contar con nuevos expertos, y añadió que esta medida supondría un ahorro de 72 millones de euros.
Sobre el incremento de la carga docente del profesorado, Guitián señaló que esta medida del Ministerio denota desconocimiento del modelo educativo universitario.
"Como se apliquen estas medidas así, sin contrapesos, muchas universidades están condenadas al cierre", sentenció. En cualquier caso, al MEC le falta claridad, objetó, porque no ofrece datos que avalen sus tesis de recortes. Para el responsable político, poca ha sido la respuesta dada por las universidades, que salvo algunos casos excepcionales apenas se ha manifestado, dejando al margen a los rectores, que sí lo han hecho, sostuvo.
"Esto no era un real decreto de racionalización del gasto público, sino el primer paso de un cambio de modelo en la universidad española", afirmó tajante. En cuanto las becas, también ha habido un cambio sustancial de modelo, y si a esto se une la subida de tasas, "parece que el derecho a la educación pública gratuita puede verse afectado". En este punto adelantó que el Gobierno de Canarias dará prioridad a las becas de compensación y de matrícula.
Desde la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad el principal reto es salvar el empleo público, defendió Guitián ante el Claustro de la ULL. "Lamentablemente en Educación y Sanidad es donde hay mayor número de empleados públicos y donde posiblemente afecten más los recortes".
"Tenemos que remar en la misma dirección, y es cierto que los rectores están plantando cara al ministerio, en la medida que pueden. Tenemos que aportar todos, porque de arriba no vendrán las soluciones", sostuvo el director general de Universidades. "No podemos incumplir las leyes, pero sí trataremos que su cumplimento sea lo menos lesivo para los ciudadanos". Guitián no fue capaz de dar cifras sobre posibles despidos ni adelantó otras medidas.
Frente a los recortes, unidad
Tras la intervención del director general de Universidades, quien además se ofreció a responder preguntas de los grupos claustrales, intervino el rector de la Universidad de La Laguna, Eduardo Doménech, quien hizo un repaso pormenorizado de las acciones llevadas a cabo por la ULL para aclarar la situación y mostrar su total rechazo a estos recortes.
Doménech también reclamó unidad de acción para buscar "las mejores alternativas para superar este momento de profunda crisis", señaló. En su opinión, no puede perderse de vista que "esto no es sólo una operación financiera de recortes en el sector público, sino que la imposición que se le está estableciendo al Estado para reducir el déficit se ha instrumentalizado, a modo de pretexto perfecto, para iniciar un reforma profunda y estructural de lo público". Para el rector, "lo que el gobierno ha establecido como diana de su reforma ultraliberal son los núcleos centrales del estado del bienestar: la sanidad, la educación y la atención a los desfavorecidos".Preguntado en muchas ocasiones por el plan que tiene la ULL para afrontar la crisis, el rector reconoció no tenerlo, y esgrimió para ello tres razones: la primera, por el contexto cuantitativo de reducción presupuestaria, que más allá del 5% de rebaja salarial y subida de tasas, no está definido.
"Esa ha sido una de las exigencias centrales que este rector ha hecho a los responsables de Hacienda y de Educación. Desde el Gobierno de Canarias se nos ha exigido la aplicación de los criterios de aumento de carga docente establecidos en el real decreto de abril, en la idea de que cuantifiquemos el excedente de profesorado que ello significaría; sin embargo, este rector siempre ha defendido que la aplicación de esta norma no tiene por qué traducirse en despidos, sino una redistribución de la carga docente para mejorar nuestra calidad docente, investigadora y de transferencia, así como para reconocer la amplia diversidad de las tareas de gestión universitaria", apuntó el máximo responsable de la Universidad de La Laguna.
La segunda razón fue explicada por el rector con la siguiente sentencia: "No seré yo quien asuma el papel que no quieren asumir los responsables autonómicos. Son ellos quienes deben hacer explícito su compromiso con la educación pública en general, y con las universidades públicas canarias en particular, a través de sus decisiones presupuestarias".
"Digan ustedes –en referencia al Gobierno regional- si sobra profesorado, cuantifíquenlo, y a partir de ahí adopten las decisiones que, en el ámbito de sus competencias de financiación, deban desarrollar", resaltó el rector. El tercer argumento esgrimido por Doménech para no definir un plan de actuación es porque entiende que las medidas para afrontar esta situación "deben ser adoptadas lo más colegiada y participativamente posible".
Principios de actuación
El rector explicó también que auque no tenga un plan formalizado, sí tiene las "ideas claras" sobre lo que hay que hacer en este contexto, y desglosó como punto de partida la "transparencia total y contraste de posiciones con todas las partes" y un principio fundamental: "Aquí no sobra nadie", aseveró, ni profesorado, "si queremos ofrecer una enseñanza de calidad"; ni personal de administración y servicios, "si queremos gestionar de forma eficiente nuestra actividad académica"; ni alumnado, "si queremos ser fieles a nuestra vocación de universidad pública".
Apuntó asimismo que "mientras la universidad pueda absorber las reducciones a las que someta el gobierno, restando en otros capítulos del presupuesto, no se afectará el capítulo de personal". El rector señaló que en el caso de que las restricciones sobrevenidas traspasen la barrera de lo asumible con otras partidas presupuestarias, y por tanto haya que reducir personal, "se afectará la parte de la plantilla a tiempo parcial que sea necesaria para afrontar la reducción presupuestaria, estableciendo de forma negociada los criterios que se aplicarán para la reducción de este colectivo".
En el caso de que las restricciones presupuestarias vayan más allá del personal docente a tiempo parcial y afecte al profesorado permanente, "entonces esto supondrá un cambio profundo en el modelo actual de universidad tal y como la conocemos en la actualidad y, por tanto, acarreará un replanteamiento profundo de los principios y modos de funcionamiento que hasta ahora hemos aplicado".
En este escenario, el rector afirmó que se resistirá con las herramientas legales que disponga, se movilizará e instará a la comunidad universitaria a que se movilice "en contra de este atentado estructural a la universidad pública", y, por último, "si al final prevalece la ley del más fuerte, dígase Gobierno Central y Gobierno autonómico, este rector como responsable público se pondrá a la faena para hacer que la ULL supere la adversidad y salga de esta crisis lo menos debilitada posible", concluyó.
