El rector de la Universidad de La Laguna, Eduardo Doménech, ha declarado hoy viernes 30 de marzo en rueda de prensa que la reciente carta remitida por un grupo de parlamentarios solicitándole que cerrara el expediente sancionador a doce alumnos del grupo claustral AMEC es una “clara injerencia en la autonomía universitaria”.
Doménech dijo estar sorprendido por esta petición, "un asunto estrictamente universitario", máxime cuando diez días antes había tenido una comparecencia ante una comisión de estudios del citado Parlamento de Canarias, en la que nadie le preguntó nada acerca de esta cuestión. Además, también resulta paradójico, señaló, que en ningún momento se hayan dirigido al Rectorado para contrastar la información o conocer personalmente la opinión del rector sobre este parecer.
Estas declaraciones tuvieron lugar en la multitudinaria rueda de prensa celebrada esta mañana, en la que el rector explicó los pormenores del proceso por el cual ha expedientado a los alumnos claustrales. “Para este rector no ha sido fácil tomar las decisiones que he emprendido. En todo este proceso he sido insultado, se me ha faltado al respecto y se me ha tildado de fascista y autoritario en muchas ocasiones”.
“Este rector no esconde papeles debajo de la mesa ni mira para otro lado, y hace frente a las situaciones, por muy desagradables que sean”, reconoció. Explicó que a los alumnos no se les sanciona por ejercer el derecho a la información, sino por faltar a la verdad, a sabiendas de que los datos que manejaban eran falsos y reiterarse en ellos, con el consiguiente perjuicio para la imagen del centro.
Relató que cuando en marzo del pasado año AMEC emitió un comunicado de prensa indicando que la Facultad de Psicología había tramitado negligentemente 300 becas de alumnos del centro, quienes corrían peligro de quedarse sin esta ayuda, el decanato rápidamente se puso en contacto con la Fundación PROEDUCA, que desmintió la denuncia de AMEC e informó al centro académico de que sólo habían quedado, en ese momento, más de cien becas pendientes de tramitación definitiva, a falta de que los estudiantes presentasen la documentación requerida o subsanasen alguna deficiencia formal.
La facultad, por su parte, elevó al rector la solicitud de que se dirimieran responsabilidades respecto a lo que entienden una difamación que atenta contra la dignidad y el buen hacer del personal de administración del centro, “y este rector ante esta solicitud decide remitir el caso al Servicio de Inspección de la institución académica, como no podía ser de otra manera, para que abriera un proceso indagatorio”.
El Servicio de Inspección presentó las pruebas objetivas ante los representantes del grupo AMEC y su letrado, en las que constaba que el contenido del comunicado era falso y le ofrece a los alumnos la posibilidad de retrotraerse en sus declaraciones, pero se niegan y por tanto el proceso sigue su curso, recordó el rector. Además, AMEC dice haber llevado el asunto a su asamblea, órgano que se ratifica en lo dicho, “a sabiendas de que la información no se ajusta a la verdad y de que no tiene cómo probarlo”.
Finalmente, el Servicio de Inspección estima que AMEC ha incurrido en dos faltas graves: una derivada del propio acto difamatorio y otra por probidad o falta de honradez, al utilizar datos falsos para ir en contra de la universidad. Se abre por tanto un expediente sancionador, que dirime un profesor universitario, y que tras sobreseer el expediente para once de los 23 encausados, resuelve elevar una propuesta de sanción para los doce restantes.
Doménech comentó que se ha calificado de “inadmisible e irresponsable”, además de “autoritario”, su comportamiento al incoar expedientes disciplinarios al grupo de alumnos. “¿Esto quiere decir que lo responsable es que, una vez un miembro o un órgano colegiado de nuestra universidad presente una denuncia por verse agraviado por otro, el rector debe inhibirse y dejar de tramitar la correspondiente solicitud?”, se preguntó.
Para Doménech, lo más sorprendente es que “AMEC y los que se solidarizan con ellos sigan compartiendo que la actitud de este colectivo ha estado apoyada en la razón y que sólo buscaba la defensa del alumnado, así como entender que el comunicado en cuestión no contenía ningún tipo de agravio hacia los miembros de la comunidad universitaria”.
“Es decir”, coligió, “que difundir información falsa, y lo más grave de todo, ratificarse en ella a sabiendas de que lo es, no supone ofensa alguna, sino una adecuada defensa de los derechos del alumnado”. El rector también se preguntó por qué un grupo claustral tiene que tener inmunidad cuando comete una falta, tal y como se solicitó en el Claustro. “Sinceramente, me parece vergonzosa la sola consideración de solicitar que se blinde los comportamientos de los representantes claustrales o institucionales”.
En su opinión, precisamente la condición de representantes de la comunidad universitaria aumenta la responsabilidad de los comportamientos, y tal y como recoge el propio instructor en su razonamiento jurídico, “quien concluye que de la conducta desarrollada por los representantes de AMEC no se identifica con un recto ejercicio de su función como representantes estudiantiles”.
El rector comentó en último lugar que el pasado 27 de marzo citó en trámite de audiencia a los encausados para, por un lado, contrastar con ellos las pruebas que demuestran que la información contenida en el escrito de AMEC era falsa, y para ofrecerles la oportunidad de que suscribieran un documento de retractación. “Sólo uno de los doce expedientados manifestó no haber participado en dicho escrito y estar en desacuerdo con su contenido, y el resto se mantuvo en su posición de negativa”.
Finalmente se ha optado por una sanción atenuada frente a lo que proponía el instructor (a dos de los alumnos, restricción de presentarse a dos convocatorios –junio y julio-; a nueve, a una sola convocatoria –junio-; y a uno, no poder leer la tesis doctoral en los próximos tres meses), mientras que se ha producido el sobreseimiento por su retractación a una alumna.
En ningún caso perderán el curso académico, tampoco decae su condición de claustrales y pueden seguir utilizando las instalaciones y los servicios universitarios normalmente. Preguntado si en esta aminoración de la pena influyó la carta de los parlamentarios, el rector repuso que no.
