El proyecto de presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2013 ha suscitado numerosas protestas entre todos los sectores de la Universidad de La Laguna, puesto que el recorte de fondos que contempla supera los 9 millones y, a juicio de la institución, hace peligrar la calidad de la docencia y la investigación, así como el mantenimiento de sus infraestructuras. La última medida de protesta la han protagonizado hoy, martes 18 de diciembre, los profesores del centro, que han impartido clases al aire libre en la calle Castillo de Santa Cruz de Tenerife para hacer aún más visible su malestar. (Ver videonoticia)
La reivindicación se desarrolló en los aledaños de la sede del Parlamento autonómico, justo en unos momentos en los que la ULL ha estado manteniendo contactos con diferentes grupos políticos con representación en la dicha cámara para presentar una serie de enmiendas al texto legal para que éste resultara menos lesivo para los intereses de las universidades públicas canarias.
Sin embargo, al final de la mañana de hoy, cuando la protesta aún estaba viva en la calle, se pudo saber que la cámara finalmente había decidido rechazar la enmienda económica presentada.
Esta movilización fue promovida por la Junta del PDI Funcionario y el Comité de Empresa del PDI Laboral de la institución académica, pero logró congregar no sólo al profesorado, sino también a alumnado, personal de administración y servicios y jóvenes investigadores y doctorandos.
La jornada de protesta comenzó a las 10 horas con una serie de clases de diferentes materias que se impartieron en el tramo más bajo de la calle Castillo. Seguidamente, los participantes en la protesta se reunieron en la esquina de la calle Teoblado Power, en donde se ubica el Parlamento, para gritar varias consignas contra los recortes.
A mediodía todos los participantes se unieron en una cadena humana que recorrió la calle en la que se desarrolló la protesta, y finalmente se procedió a la lectura de un manifiesto en el que se criticó la orientación de los recortes desarrollados por los gobiernos central y autonómico, los cuales suponen “un cambio de modelo que precariza lo público y limita el acceso a los servicios sociales, a la formación y al empleo cualificado”.
El manifiesto acusa a las medidas presupuestarias de suponer una privatización del conocimiento y el desarrollo social mediante medidas como el aumento de las tasas, el descenso de las becas, la precarización e incluso supresión de la plantilla de trabajadores universitarios, y empeoramiento de las infraestructuras.
