Los países que se ven inmersos en procesos largos de pacificación de conflictos deben, irremediablemente, pasar a la finalización de aquellos por vías de justicia transicional que restablezcan los cánones de la democracia, sin dejar sueltos cabos que puedan atentar contra la equidad o permitir la impunidad sobre los actores implicados. Esta ha sido una de las claves de la Jornada Democracia y Derechos Humanos dedicada a la justicia transicional que ha tenido lugar en la mañana de hoy [lunes 9] en el arranque del Campus América de la Universidad de La Laguna, que ha tenido lugar en la sala Tomás y Valiente de la Facultad de Derecho y que ha sido dirigida por Ángela Sierra y coordinada por Ruth Martinón.
En la sesión, en la que participaron cuatro altos cargos del poder judicial en Colombia, se analizaron los procesos tan complicados por los que el país andino debe transitar en ese sendero de pacificación que se materializó el pasado año y que ya tenía aproximadamente 26 años de historia. Más medio siglo de situación bélica ha sufrido Colombia en una larga “batalla abierta” contra las guerrillas de la FARC, y que de manera paralela se ha contaminado con “otro de los más graves problemas del país: el narcotráfico”. Con ello, el gobierno colombiano “ha puesto en marcha la implantación de un nuevo mecanismo, basado en la justicia transicional, a aplicar en esta situación nueva, analógica a la de muchos países con circunstancias similares a lo largo de la historia y cuyo valor repercutirá directamente en la sociedad civil”, aseguró el procurador general de la República de Colombia, Fernando Carrillo Flórez, quien aseguró que llegados a este punto “la justicia debe ser la joya de la corona del estado de derecho y el verdadero eje sobre el que pivotará la gobernabilidad”.
Según Carrillo estas circunstancias, aún en consolidación, pasarán por tener en cuenta factores como colaboración de la ciudadanía, gobernabilidad del poder judicial, descentralización del sistema, “desbogotización” la denominó él, eficiencia en la administración de justicia y sobre todo la ética en el ejercicio de la función pública. Las asignaturas pendientes con la normalización justicia en Colombia viene dada por solventar estas cinco dudas que puso sobre la mesa el responsable de fiscalizar el desempeño de los actores judiciales del país.
Por otro lado, el fiscal nacional de la República, Néstor Humberto Martínez, aclaró en este seminario cómo se establecen vías para “paralelizar” la justicia universal y la transicional, en un país con un alto grado de convergencia de conflictos. Martínez aclaró que “la fiscalía general queda fuera de estas vías transicionales y adopta un papel meramente informador”. Sin embargo, esta peculiaridad confiere un elemento más de dificultad a la resolución judicial de los conflictos, ya que los actores implicados en la pacificación se ven inmersos con posterioridad a otros casos de delincuencia común. Por otro lado, aquellos expedientes abiertos durante tantos años de enfrentamiento, más de 200.0000, quedan a merced solo de ser documentación susceptible de aparecer en “informes de la fiscalía a este nuevo órgano acusatorio. El proceso de recopilación y elaboración de informes, aseguró en fiscal, se puede alargar más de dos años, y puede incluso trascender al actual gobierno, cuestión, la de los tiempos, también por resolver”, indicó Martínez.
Por lo demás, la jornada se completó con un resumen histórico de la implantación de la justicia transicional a cargo de Marta Lucía Olano de Nogueira, presidenta del consejo superior de la judicatura; y María Victoria de la Calle Correa, ex magistrada de la Corte Constitucional de Colombia, que explicó la imbricación y puesta en marcha de esta justicia transicional y sus efectos en la democracia real de un país.
Colombia está inmersa en un proceso harto complicado, que implica resoluciones y puestas en marcha de mecanismos y soluciones nuevos, muchos de ellos tan complejos que la propia idiosincrasia del país hace que no se desarrollen en implantes con la facilidad que debieran. Así lo cuestionó desde el público el reportero de guerra Víctor Currea-Lugo, que participará en la jornada del martes, quien debatió algo que el procurador general de la República ya había adelantado en su ponencia: “la corrupción de los poderes públicos es una de las asignaturas que hay que resolver, por ello, la consolidación del estado de derecho en el país pasa por poner la justicia como eje incuestionable de la gobernabilidad del mismo”, por lo que “las declaraciones de intenciones están bien, pero no son suficientes”, apuntó el periodista.
