Pablo Ceto, diputado del Parlamento Centroamericano y experto en conflictos, abrió hoy martes 10 de octubre la sesión del seminario de Campus América ‘Conflicto y seguridad humana: la pacificación de conflictos’, realizando un balance del estado actual de Guatemala, su país, cuando se han cumplido dos décadas de los acuerdos de paz entre el gobierno y la guerrilla. El ponente expuso que quedan muchas cosas pendientes, lastradas por un Estado azotado por la corrupción y sin voluntad real de lograr la pacificación. “La paz no es sólo el silencio de las armas. Hay que construirla y cuesta mucho”.
La ponencia comenzó contextualizando el conflicto del país centroamericano, con 17 millones de habitantes, de los cuales el 80% es de ascendencia maya y, sin embargo, ha vivido cinco años de exclusión social y racismo por parte de las elites del poder.
Explicó que los dos hechos fundamentales del siglo XX en su país fueron, en primer lugar, la revolución de 1944, que trajo una incipiente democracia “truncada por EEUU en 1954”. Por ello, en 1960 surge una guerrilla de raíz marxista, a la que se suma el componente indígena, de tal modo que “la guerrilla pasó a ser indígena y los indígenas, revolucionarios”.
Este conflicto se caracterizó por la fuerte represión del Estado, “que no dudó en cometer genocidio contra los indígenas”, de modo que 440 aldeas fueron totalmente arrasadas y unos 200.000 guatemaltecos, asesinados o desaparecidos. Sin embargo, el desarrollo del conflicto se enquistó hasta que ambas artes llegaron a la convicción de que ninguna de ellas iba a ser capaz de lograr una victoria, lo cual sentó las bases para la negoicación.
Sobre la mesa de negociación se plantó la necesidad de democratizar el país, lo que implicaba la reforma del Estado; la atención a los aspectos socioeconómicos de un país empobrecido; el reconocimiento de los derechos, historia y cultura de los pueblos indígenas; la redefinición del papel del ejército en una sociedad democrática; y la reparación de las víctimas. Todo ello, para configurar una nueva Guatemala que considerara su componente multiétnico.
Sin embargo, una vez iniciado el proceso, Ceto señala que no encontraron como interlocutor a un Estado comprometido con la paz, sino a uno más preocupado por vender los bienes públicos, como la telefonía o el suministro eléctrico, para que las oligarquías siguieran haciendo negocio. Hubo tímidos avances legislativos que, poco a poco, fueron frenándose y, lo que es peor en su opinión, la población se inhibió, no fue combativa al respecto y, simplemente, dejó que eso sucediera.
Tras dos décadas del inicio del proceso, Ceto empieza a ver signos de esperanza porque desde hace dos años ha comenzado la lucha efectiva de la corrupción institucional, en parte gracias a la influencia de una comisión de observadores internacionales que lleva trabajando en el país desde 1994, y que ha sido ahora cuando ha empezado a ver resultados. Ya han procesado y encarcelado a un presidente y varios magistrados, ministros y alcaldes, algo muy necesario porque la paz, según el ponente, sólo es posible con un marco institucional claro.
De este modo, poco a poco algunas instituciones del Estado están empezando a cumplir correctamente con su función, como es el caso de la Corte Suprema o la Corte de Constitucionalidad, la cual ya ha empezado a emitir varias sentencias favorables para reconocer los derechos indígenas. Ello es crucial para Ceto porque crea jurisprudencia sobre un colectivo totalmente ausente de la Constitución nacional y ha propiciado que comenzara a participar activamente en política, a través de la Red de Comunidades Indígenas.
Para el ponente, es importante la participación institucional de esta comunidad no solamente por una cuestión de justica, sino porque en estos años ha protagonizado la lucha por los bienes naturales y recursos del país. Una de sus luchas es que haya un reconocimiento de sus instituciones y un sistema de justicia propio, algo que el Estado no está dispuesto a aceptar porque sólo ve como válido el modelo judicial importado de Europa –pese a que actualmente está corrupto- y no comprende que pueda haber pluralismo jurídico.
Previamente a la intervención de Pablo Ceto, la coordinadora de seminario. Ángela Sierra, leyó el resumen de la ponencia del magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, José Francisco Acuña Vizcaya, invitado al Campus América y que finalmente no pudo acudir. En su ponencia habló de los aspectos jurídicos de los acuerdos de paz de su país, que a su juicio son novedosos por poner en marcha un complejo sistema de reinserción y garantizar la no repetición del conflicto.
Resume su tesis en que el acuerdo “sustituye las armas por urnas” y, en su afán de reconocimiento de las víctimas, señala que durante los 52 años de contienda hubo una radicalización de la violencia por parte de los grupos armados, pero también la existencia de facto de un Estado clientelista que poco tiene que ver con la Constitución Colombiana.
