El Campus América ha dedicado dos días de su programa a las jornadas “Ciudad y cultura hispana: patrimonio cultural”. En la sesión de hoy, martes 17 de octubre, participaron Beatriz Simón y Guillermo Rodríguez, técnicos de la unidad gestión del casco histórico adscrita a la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de La Laguna, quienes explicaron que, desde septiembre de 2016, se ha estado acometiendo una campaña de regularización de actividades que, hasta la fecha, ha resultado en 150 expedientes disciplinarios por ocupación inadecuada del espacio público o la regularización de los rótulos.
Esta campaña forma parte de los objetivos de esta unidad de gestión del casco histórico para el bienio 2016-2018, y consta de tres actuaciones principales: lograr que los diferentes negocios de la zona se den de alta en la sede electrónica del ayuntamiento para agilizar las gestiones, lograr el uso razonable y acorde del espacio público, y regular los rótulos comerciales de las fachadas de los inmuebles.
Como explicó Beatriz Simón, esta campaña requiere actuar con delicadeza, por lo que los inspectores municipales han ido local por local examinado el estado de cada uno. En caso de detectar algún incumplimiento, se da tres meses a los propietarios para que solucionen el fallo detectado y solamente se procederá al expediente disciplinario en caso de que, pasado ese plazo, aún no se hubiera solucionado.
De este modo, en septiembre de 2017, es decir, un año después de iniciada la campaña, se han realizado 490 inspecciones. De ellas, en 110 no se detectó que fuera necesaria ninguna actuación, 95 aceptaron solucionar las infracciones detectadas dentro del plazo y, como se dijo, 150 han recibido expedientes disciplinarios ya sea por ocupación de espacio público o una rotulación inadecuada de fachada que no fueron enmendadas en el trimestre.
Otro objetivo de este bienio es lograr la redacción de la ficha patrimonial completa (o tipo A) de varios inmuebles que aún no cuentan con ella. Esta ficha A es fruto de la inspección directa de los técnicos de patrimonio, que con la autorización de los propietarios, han podido acceder a los edificios y, de ese modo, detallar qué partes están sujetas a protección e, incluso, qué partes es necesario eliminar porque suponen una intervención lesiva para el patrimonio.
De 600 inmuebles en el casco histórico, unos 300 están catalogados con ese tipo de ficha, pero los restantes no, si bien sobre ellos se ejerce cierto control mediante las llamadas fichas B, realizadas con los datos obtenidos mediante documentación existente, la observación directa y vistas aéreas. El objetivo es ir poco a poco logrando inventariar esos inmuebles pendientes. Para ello, se exige desde urbanismo que cualquier actuación que un propietario desee realizar sobre su casa, ha de constar con la ficha técnica requerida, es decir, debe permitir el acceso a los técnicos para realizar su estudio.
Durante la sesión, ambos técnicos municipales explicaron cómo se ha gestionado la conservación y gestión del área protegida por la UNESCO desde 1999. Ese hecho supuso un revulsivo político y social que permitió detectar los principales problemas de la zona: pérdida de habitantes, mal estado de conservación, baja calidad del espacio público y falta de planificación por parte de las instituciones.
Para solventarlos, fue necesario realizar un catálogo de las edificaciones protegidas que incluyó un elemento novedoso: la ficha de ordenanza pormenorizada, es decir, la ficha A antes citada. En ellas se estudia qué es viable realizar en cada inmueble y, de ese modo, se logra una unidad de criterios en las posibles actuaciones que se realicen sobre ese patrimonio, algo que hasta el momento no existía.
También se tuvo que crear una normativa de uso, para poder forzar que hubiera usos residenciales en unas zonas y comerciales en otras. Así, se estableció que la franja comprendida entre la calle Herradores y la calle Obispo Rey Redondo estuviera dedicada intensivamente a uso comercial; que a partir de la zona de la Concepción solamente se permitiera el uso comercial en el 50% de la superficie construida; y que este porcentaje se redujera hasta el 25% en otras zonas.
Hasta 2013, la gestión del casco histórico se llevó desde la Gerencia de Urbanismo, con la asesoría de una empresa especializada externa, que fue la encargada de hacer todos los estudios descritos tras la declaración de la UNESCO y redactar el plan de protección. Entre 2014 y 2016, la gestión se disgregó entre los diferentes servicios de la Gerencia y, finalmente, en 2016 se volvió a abrir una oficina de gestión del casco que centraliza todas las actuaciones.
