Pau Marí-Klose es un prestigioso sociólogo de la Universidad de Zaragoza especializado en estudios sobre desigualdad social y pobreza que, desde el 14 de septiembre de 2018, ha llegado al primer plano de la política al ser nombrado Alto Comisionado para la lucha contra la Pobreza Infantil del Gobierno de España, sustituyendo en el cargo a María Luisa Carcedo, quien, a su vez, fue designada Ministra de Sanidad. Marí-Klose visitó la Universidad de La Laguna a mediados de octubre para impartir una conferencia en las jornadas sobre Pobreza, Desigualdad y Asuntos Sociales organizadas por el Centro de Estudios de Desigualdad Social y Gobernanza (CEDESOG) de la Universidad de La Laguna y el Comisionado de Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza del Gobierno de Canarias.
Varios estudios señalan que en España uno de cada tres niños está bajo el umbral de la pobreza. ¿Hay un problema de pobreza infantil?
Hay un problema bastante serio en España. Tenemos tasas muy altas de pobreza con el indicador convencional que se utiliza, que es la tasa riesgo de pobreza. Con el indicador AROPE (de exclusión social del Instituto Nacional de Estadística), es uno de cada tres. Y con cualquier indicador que elijamos, siempre nos encontraremos que España, en términos comparativos con otros países, tiene unas tasas de pobreza altas. Y también lo son si comparamos grupos de edad: es decir, la infancia tiene una tasa de pobreza mucho más alta que otros segmentos de la población y que otros hogares donde no hay niños.
Eso es una anomalía que ha llamado ya la atención varias veces de la Unión Europea. La Comisión Europea ha mandado señalamientos a España para que tome acciones al respecto, y llamó la atención de los académicos durante mucho tiempo, porque esto no es un problema nuevo ni viene provocado estrictamente con la crisis; la crisis lo ha agravado, pero es un problema estructural que llevábamos arrastrando desde hace mucho tiempo.
¿O sea, que desde antes de 2008 se da esta situación?
Sí, sí, sin duda. Nosotros tenemos unas tasas de pobreza infantil altas. Cuando comencé a estudiar este tema en 2005, me atribuyo el titular este de que “la pobreza tiene rostro de niño” que salió por esos años. Entonces, uno de cada cuatro niños estaba en situación de pobreza, una tasa del 25%, que era muy alta en comparación con otros países. Ahora hemos pasado al 28%.
¿Y qué me puede decir del caso de Canarias, donde la tasa de pobreza infantil es todavía más alta?
De manera sistemática, además. Es una tasa muy alta. No conozco las particularidades de la realidad canaria como para decirte a qué se debe, pero Canarias siempre ha destacado por eso, incluso antes de la crisis.
Este problema de la pobreza infantil, ¿qué consecuencias puede acarrear para la sociedad futura? ¿Los niños y niñas pobres se convierten en adultos pobres?
Ese es uno de los problemas, que la pobreza, en buena medida, se hereda. Buena parte de los niños que crecen en condiciones de pobreza van a ser adultos que también están en situación de pobreza. Pero el problema va más allá. Algunos de estos niños no vivirán en condiciones de pobreza, pero les quedarán cicatrices de haber vivido esa experiencia de pobreza en la infancia.
La pobreza infantil deja muchas señales, que tienen que ver con dificultades de progreso educativo, que son resultado de unas brechas cognitivas que aparecen en edades muy tempranas en las familias con menos recursos económicos, y muchas veces las trasmiten a sus hijos y lastran sus posibilidades de progreso educativo hasta llevarlas al fracaso escolar y al abandono escolar prematuro.
También tenemos mucha evidencia de correlación entre pobreza y predisposición al sobrepeso, que es un predictor de obesidad en la vida adulta, y como tal, es un problema de salud pública muy importante.
La pobreza se asocia a déficits en competencias socio-emocionales. Y, al final, el problema principal es que estas situaciones se acumulan, no aparecen solas, y crean mucha desventaja para las personas. Todo eso se materializa en dificultades en la transición a la vida adulta y en la inserción en el mercado de trabajo.
Los problemas no vienen solos, e imagino que las soluciones tampoco. Al haber competencias autonómicas en muchas áreas, supongo que no dependerá todo del estado. ¿Cómo se aborda el problema con todos los agentes implicados?
Es un problema que tiene muchas caras y planos. En primer lugar, la pobreza infantil es una expresión de la pobreza en general y de la desigualdad. En la medida que las desigualdades crecen y no tenemos instrumentos para combatirlas, vamos a tener más pobreza infantil.
Una buena política de lucha contra la pobreza infantil comienza por una buena política macroeconómica; por una buena política fiscal, que permita recaudar recursos para afrontar la redistribución necesaria para corregir la desigualdad; por una buena política de regulación del mercado del trabajo, con políticas de lucha contra la precariedad laboral; por políticas de vivienda; por políticas energéticas que impidan que la factura de la luz o de otras energías se cobre buena parte de los recursos de las familias. Es decir: en primer lugar, hay que luchar contra desigualdad y contra la pobreza como expresión de esa desigualdad.
Después, en el caso de la pobreza infantil, hacen falta políticas específicas, que se llevan a cabo tanto a nivel estatal como autonómico o municipal. Desde el estado central, por ejemplo, se puedan promover las prestaciones por hijo a cargo, que son raquíticas en España: damos 291 euros a familias muy pobres, cuando la mayoría de los países de nuestro nivel de desarrollo da mucho más y de una forma universal, mientras que nosotros damos muy poco a muy pocas familias.
A las familias de clase media les damos beneficios de carácter fiscal, que son relativamente generosos comparado con lo que damos a las familias más pobres, que no hacen el IRPF.
A nivel municipal o autonómico se lucha, sobre todo, contra las consecuencias de la pobreza infantil: la lucha contra el fracaso escolar muchas veces se desarrolla a nivel autonómico, donde están las competencias educativas y las políticas de acompañamiento social a estudiantes con dificultades de aprendizaje.
Esto requiere la acción conjunta, coordinada y coherente de todo el mundo. El problema es desarrollar políticas que aúnen esfuerzos en pos de objetivos comunes. Las políticas de lucha contra las consecuencias de la privación material que se desarrollan a nivel autonómico y local se beneficiarían, por ejemplo, de que existiera un suelo mínimo de recursos garantizados a estas familias a través de políticas de garantía de ingreso. Es este sentido, es muy importante lo que se puede hacer a nivel estatal.
Por otra parte, también son muy necesarios los esfuerzos que desarrolla el tercer sector o, incluso, la empresa privada a través de su responsabilidad social corporativa. Algunas empresas ya están desarrollando políticas en ese sentido y nosotros tenemos el objetivo de alinear todos esos esfuerzos.
¿Ese sería el papel del Alto Comisionado, la coordinación?
Bueno, hay varios papeles. El primero es poner el foco en el problema. Es una situación que se ha ignorado y desatendido durante mucho tiempo. Incluso cuando se conocía, muchas veces han faltado capacidades para hacerle frente y los ministerios, por sí solos, no han sido capaces de acometerlo porque han trabajado de forma aislada, no han sido capaces de buscar complicidades entre ellos para desarrollar políticas. Y el primer papel que tiene el Comisionado es instar a que se hagan cosas y ayudar a encontrar esas complicidades.
Otro papel es ayudar a diseñar las políticas. Somos un equipo de carácter muy académico, tenemos una trayectoria anterior de estudio de estos problemas y conocemos las políticas y dónde inspirarnos en el desarrollo de estas políticas. Sabemos que otros países han desarrollado acciones en esta dirección que han sido exitosas. Se trata de barajar las opciones y ver cuáles se adaptan mejor a la realidad española.
Por otra parte, vamos a tener un papel en la evaluación de los resultados de esas políticas. Porque muchas veces se implementan, pero no sabemos en qué medida son eficaces, y es muy importante determinar esa eficacia para saber cuáles mantener y cuáles mejorar.
Nuestro papel también es buscar recursos que han sido infrautilizados. Por ejemplo, trabajamos para que la Unión Europea tenga un compromiso más fuerte contra la pobreza infantil en España. Se está hablando mucho del desarrollo de una garantía infantil que comprometería recursos del Fondo Social Europeo para este asunto.
Y preparamos muchos documentos para evaluar los efectos previsibles que tendrían las políticas. Incluso entramos en las negociaciones presupuestarias para asegurar que existan recursos destinados a la lucha contra a la pobreza infantil.
Y ya que los nombra, estamos en pleno proceso de negociación de los Presupuestos Generales del Estado. Usted los conoce, ¿hay partidas específicas para este problema?
Hay 500 millones, que no existían antes, destinados a políticas específicas de lucha contra la pobreza infantil o sus efectos: una partida de 180 millones destinadas a mejorar las prestaciones por hijo a cargo, que como dije antes, son muy raquíticas y una anomalía en Europa; 25 millones destinados a comedores escolares; y más de 300 millones destinados al desarrollo de la escuela infantil entre 0-3 años, un instrumento que, en ciertas condiciones, puede ser muy poderoso para corregir desventajas cognitivas de niños que se encuentran en situación de pobreza en estas edades críticas y pueden lastrar su progreso educativo. En este sentido, el Gobierno y su socio parlamentario ha hecho una apuesta por expandir el 0-3 para hacerlo más inclusivo y se incorporen los colectivos más desfavorecidos.
¿Cree que se van a poder sacar adelante esos presupuestos?
Los presupuestos cuentan, en este momento, con más de 150 apoyos en términos de escaños, y van en la buena dirección. Evidentemente, dependemos de que otros partidos entiendan que estos son unos buenos presupuestos. Yo creo que siempre se pueden ajustar partidas para contentar prioridades de otros grupos, pero en el terreno que a mí me corresponde, creo que se ha hecho un esfuerzo que va en la buena dirección y se hace en un contexto de constreñimientos importantes, tanto por la necesidad de llegar acuerdos con otros partidos, como por razones puramente económicas, porque todavía estamos por encima del déficit que nos exige Bruselas y por ello tenemos limitaciones para hacer todo lo que quisiéramos.
Pero es importante este cambio de rumbo que supone volver a poner las prioridades sociales en el centro. Nos hemos acostumbrado durante muchos años a ver cómo estos temas eran relegados en la agenda política. Damos pasos y sabemos que estos pasos no nos llevan a conseguir el objetivo que tenemos, que es desplegar plenamente ciertas políticas, como el Ingreso Mínimo Vital, que conllevarán varios años, pero vamos en la buena dirección dando pasos pequeños, pero firmes.
En su faceta científica, ha estado en un grupo de investigación del CSIC sobre el Estado de Bienestar. ¿Ha habido un retroceso?
Sí, en los años de crisis ha habido un evidente retroceso del Estado de Bienestar en partidas importantes, como la destinadas a educación, sanidad y dependencia.
Pero más allá de estos problemas de ajustes que se dieron en la crisis, hay que pensar que en los últimos años, incluso en las últimas décadas, han surgido nuevas necesidades asociadas a nuevos riesgos sociales, que tienen que ver con el cambio de estructuras familiares: se ha incrementado el número de familias monoparentales; hemos tenido un flujo importante de inmigrantes que, en muchas ocasiones, trabajaban en condiciones muy precarias; el mercado de trabajo se ha precarizado como resultado de políticas, ha habido problemas de expulsión del mercado de trabajo de colectivos cuyas competencias ya no eran necesarias; hay problemas que tiene que ver con la conciliación de la vida laboral y familiar como resultado de la incorporación masiva de las mujeres al mercado de trabajo… Es decir, han surgido nuevas necesidades sociales y, ante ellas, el estado debe dar respuestas para satisfacer demandas de la población. No sólo se trata de recuperar, que también, el Estado de Bienestar, sino adaptarlo a nuevas circunstancias, recalibrarlo para mantener su legitimidad ante la gente, que tiene que percibir que éste es una solución para sus problemas.
¿Cómo ha experimentado el paso de la academia a la política?
Me incorporé a la política desde una posición estrictamente técnica. He asesorado durante mucho tiempo a la que ahora es ministra de Sanidad en cuestiones de política social, soy parte de un equipo de académicos que en los últimos tres o cuatro años hemos trabajado junto a la ministra Carcedo. Así que cuando asumí el puesto de Director General de la Oficina del Alto Comisionado, mi papel era ese, el de apoyar a la que era en ese momento Alta Comisionada.
Las circunstancias me han llevado a estar en el primer plano, lo asumo con responsabilidad, consciente de mi poca trayectoria política, de mi falta de habilidades. Admiro mucho a los políticos porque entiendo que hacen una tarea que no es nada fácil y requiere una intensidad de trabajo absolutamente brutal. Como académico, siempre he pensado que trabajaba mucho y que me metía en muchos líos, pero creo que este es el lío más gordo en el que me he metido y no es académico.
Creo que las ideas las tengo claras; cómo trasladarlas y proyectarlas en políticas es algo que confío hacer bien. Al menos, entiendo que el conocimiento que me dan los años de experiencia investigadora y divulgativa pueden ser una fortaleza que, quizás, no tienen otros.
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