Aunque el mundo parece haber descubierto el concepto hace un par de años, hay organizaciones que llevan la friolera de tres décadas estudiando y difundiendo la renta básica universal (RBU). Para ellos es mucho más que una medida económica. Es una cuestión de justicia social, un derecho fundamental a la altura de la libre sindicación o el sufragio universal. En esencia, la RBU supone que todo ser humano reciba una paga mensual del Estado por el simple hecho de estar en el mundo. ¿Sin trabajar? Sí. ¿Independientemente de su posición económica? Sí. ¿Aunque no haya tenido nunca un empleo ni piense en buscarlo? Sí. ¿Tenga la edad que tenga? Sí.
Es precisamente este carácter incondicional lo que cortocircuita la cabeza de muchos y la acaba convirtiendo en el blanco de casi todas las críticas: ¿Por qué a todos? ¿Es ético que una persona con dinero reciba la RBU? ¿No estaremos premiando a los más vagos? ¿No fomentaremos que se deje de trabajar? ¿No paralizará el consumo? ¿No subirán los precios? ¿Quién lo financiará si la gente ya no trabaja porque recibe esa prestación? A pesar de dudas, oposiciones y ataques, asociaciones como la Red Mundial de Renta Básica (BIEN por sus siglas en inglés), Humanistas por la Renta Básica Universal o Red Renta Básica (RRB) están satisfechos de que, al menos, ahora haya ruido y debate. Es más. Demuestran algo así como una férrea confianza en que desde el conocimiento vendrá la victoria de la RBU.
“La principal desventaja de la RBU es lo fácil que resulta ridiculizarla, pero las personas que profundizan en la idea no solo se convencen de que es posible, sino que se hacen firmes defensores”, considera Daniel Raventós Pañellas, director de RRB, doctor en Ciencias Económicas y profesor titular en la Universidad de Barcelona.
Raventós realizó esta y otras afirmaciones en la décimoquinta edición del ciclo ULL Debates celebrada recientemente. El Vicerrectorado de Relaciones con la Sociedad de la Universidad de La Laguna (ULL) planteó el docufórum Renta básica, ¿un derecho fundamental? que incluyó la proyección por primera vez en Canarias del documental RBUI, nuestro derecho a vivir (2018). Dirigido por Álvaro Orús, la cinta es uno de los pocos trabajos existentes en el que filósofos, economistas, profesores, investigadores, políticos, artistas, intelectuales y activistas sociales de diferentes continentes tratan de dar respuesta a todas las dudas y preguntas fundamentales sobre la RBU.
Para todos ellos la RBU se perfila, en primer lugar, como una solución para acabar con la pobreza y reducir las desigualdades en un mundo en el que, a pesar de que existe riqueza para que toda la humanidad viva en condiciones dignas, el dinero está concentrado en unas pocas manos. En ese sentido, el documental denuncia realidades como que “el 1% más rico del planeta tiene tanto patrimonio como el otro 99%” y aboga por “romper esa relación entre poder vivir, comer o poner la calefacción en invierno y tener que trabajar de manera remunerada para conseguirlo”.
Revolución tecnológica y destrucción de empleo
Otra cuestión que aborda el documental es la rápida transformación del mercado laboral actual. Los entrevistados coinciden en que la revolución tecnológica está destruyendo empleo. “Es un hecho que en 20 años desaparecerán la mitad de los puestos de trabajo que tenemos ahora”, concluye el activista Scott Santens. Uno de los efectos más perversos de esa automatización es el surgimiento de una nueva clase social, el precariado, formada por un sector de la población con habilidades obsoletas, acceso a empleos de escasa cualificación, sueldos bajos y un poder adquisitivo muy limitado. El cofundador de la Red Mundial de Renta Básica y profesor en la Universidad de Londres, Guy Standing, confirma en la cinta que “el precariado es una creciente clase que condena a millones de personas a una vida de inseguridad”.
Si dirigimos la mirada a España, el porcentaje de trabajadores pobres -aquellos que reciben menos del 50% del salario medio del país, según la OCDE- se acerca ya al 15%. Si el trabajo ha dejado de ser capaz de garantizar a todo el mundo los recursos suficientes para vivir con dignidad, ¿por qué no atajar este problema con la puesta en marcha de una RBU para cada ciudadano? Aunque el documental solo muestra algunas experiencias en diferentes partes del globo como Alaska o India, para Guy Standing “hoy en día existe un deseo de buscar una nueva manera de hacer política y la RBU se ve como parte de ella”.
Los expertos también ven muchas implicaciones de tipo psicológico y vital en la adopción de la RBU. Desde una mejora en la capacidad negociadora de los ciudadanos, pasando por una estabilidad que permita aflorar el verdadero talento o vocación, hasta la posibilidad de desarrollar nuestras potencialidades creativas más allá de si cobramos o no por ellas.
¿Quién financia la RBU?
Quizás la pregunta que planea a lo largo de RBUI, nuestro derecho a vivir es cómo hacer efectiva la RBU, es decir, cómo financiarla. Lluis Torrens, director de Planificación e Innovación del Área de Derechos Sociales en el Ayuntamiento de Barcelona y profesor de la Universidad Pompeu Fabra, es claro al respecto: “Si en este país hemos financiado miles de millones de euros para la corrupción, ¿por qué no para la renta básica?”
Llorens es -junto a Daniel Raventós, Jordi Arcarons y Antoni Domènech- autor de un estudio que defiende la viabilidad económica de la RBU en España. Basándose en dos millones de declaraciones de la Renta del ejercicio de 2010 facilitadas por el Instituto de Estudios Fiscales demostraron que “no solo se puede financiar una renta de 650 euros para cada persona mayor de 18 años y una quinta parte para los menores, sino que supone una gran redistribución del 20% más rico al 80% más pobre”, argumentó Raventós en el debate posterior a la proyección del documental.
El director de Red Renta Básica defendió la utilidad de la RBU frente a los subsidios y ayudas condicionadas. “Estas últimas”, aseguró, “actúan cuando ya has caído. La renta básica no”. También desmontó algunos de las ideas preconcebidas como la supuesta caída de la actividad y la producción. “Gente que ya gana mucho dinero sigue trabajando para ganar más, ¿por qué las personas con una RBU de 650 euros mensuales dejarían su empleo? Es un argumento contradictorio”, expuso.
Por su parte, la presidenta de Humanistas por la Renta Básica Universal, María Teresa Quintanilla, justificó la universalidad de la propuesta. “Hablamos de un derecho universal como la sanidad. No concebimos vetar el acceso a nadie por una cuestión de dinero, aunque está claro que los que más riqueza tienen deberían aportar una parte importante para sufragar la RBU”, aclaró.
El profesor del Departamento de Economía Aplicada y Métodos Cuantitativos de la Universidad de La Laguna Javier Mendoza Jiménez, también presente en la mesa redonda moderada por la periodista Juana Pérez Montero, opinó que la RBU puede ser una ayuda, pero “no es suficiente”. A su juicio, es “una posibilidad de desarrollo en las personas”, pero debe estar complementada con otras acciones políticas como “la reformulación de los servicios sociales o un refuerzo de la contratación pública”.
