El profesor de la Universidad de La Laguna Moisés García Arencibia ha sido elegido para formar parte del grupo de 25 españoles que participará como técnico de asesoramiento científico del Parlamento español en la iniciativa Ciencia en el Parlamento, cuyo primer evento tendrá lugar en noviembre, en los actos de celebración del 40 aniversario de la Constitución.
García Arencibia, profesor ayudante doctor del Departamento de Bioquímica, Microbiología, Biología Celular y Genética, es el único canario que forma parte de este grupo, que pretende ayudar a que detrás de las decisiones políticas haya siempre evidencias científicas y un conocimiento informado y, así, lograr acercar la ciencia la cámara legislativa y a la gestión pública.
Es una de las 25 personas con mejor currículo de los que concurrieron a esta convocatoria en el mes de marzo y de mayor experiencia en divulgación y comunicación científica tanto al público general como al sector de la política. En su elección influyó su experiencia científica y divulgadora, al tiempo que también se valoró otros ámbitos como su conocimiento objetivo de la gestión política o el asesoramiento profesional.
Ciencia en el Parlamento, apoyado por la FECYT, es una iniciativa ciudadana independiente nacida de un pequeño grupo de científicos que hoy goza de plena robustez, con el aval de más de un centenar de instituciones, el apoyo de todos los partidos políticos y el grueso de la comunidad científica, y para cuyos primeros eventos ya hay más de dos mil personas inscritas.
La idea es introducir la ciencia y la evidencia científica en el quehacer diario de los políticos que conforman la cámara legislativa. Para ello, los técnicos asesores ya recibieron en el mes de julio el primer taller de preparación, que versó sobre asesoría y comunicación y en breve se celebrará otro acerca del funcionamiento interno de las cámaras parlamentarias, qué agentes interactúan con ellas y también para realizar ensayos contando con varios de los diputados que participarán en las jornadas de noviembre.
El sistema de trabajo sería formar una suerte de patronato de políticos y científicos, quienes identificarían un tema en el que la ciencia podría ayudar en la gestión pública. A partir de ahí, los técnicos de asesoramiento científico recopilarían un primer borrador del documento de evidencias y se reunirían posteriormente con 25-30 expertos en la materia.
Tras esas reuniones, el resumen del documento de evidencias se reduciría a no más de cinco páginas y sería revisado por expertos independientes. Así, la primera promoción de asesores científicos parlamentarios prepararía una versión consolidada que sería presentada a los grupos políticos.
