Margarita Ramos Quintana lleva más de tres décadas dedicada a la investigación y la docencia sobre Derecho de Trabajo, especialidad en la que es catedrática de la Universidad de La Laguna desde el año 2000 y que le ha llevado a implicarse más allá del mundo académico, llegando a ser consejera de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias en 2011.
Toda una eminencia en su campo, este mismo año fue galardonada con el Premio de Investigación de la institución académica como reconocimiento a una trayectoria en la cual no solo se da la solvencia académica sino un verdadero compromiso con la lucha por la mejora de los derechos laborales, una batalla de plena actualidad cuando se empieza a salir de una grave crisis económica que cercenó muchas de las conquistas de los trabajadores.
Este Gabinete de Comunicación ha podido entrevistarla recientemente para hablar sobre el panorama actual del mundo laboral y también sobre qué supone investigar en su ámbito de especialidad.
¿Resulta más complicado investigar en Ciencias Sociales y Jurídicas?
La evaluación de resultados de investigación de Ciencias Sociales y Jurídicas tiene unos parámetros específicos que se distancian mucho de los utilizados para las llamadas Ciencias Naturales. Se ha avanzado mucho tanto en el reconocimiento de los medios de prestigio en los que se publica como en la valoración de la novedad, impacto e innovación que comportan los trabajos.
Yo misma he sido vocal y presidenta del Comité número 9 de la Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora en España y realmente fueron unos años (2008-2010) en los que avanzamos mucho en la afinación de unos procedimientos de evaluación que no trataban de asimilar los sistemas de las ciencias experimentales, sino que creaban parámetros propios. Y creo que cada vez eso ha ido a más y a mejor.
¿La investigación en el ámbito jurídico puede llegar a influir en las decisiones que adopte el legislador?
Tiene muchísima influencia. Todo gobierno se presenta con un programa de políticas públicas avalado por sociólogos, economistas y juristas. Si pretende poner en marcha una medida, primero debe verificar si es adecuada a lo establecido por la Constitución y a los tratados internacionales que España ha ratificado (porque esos tratados suponen un canon de interpretación del alcance de la Constitución). Y ahí la academia es la que trabaja en el campo de elaboración de propuestas de modificación legislativa, de reforma, de derogación de instituciones que han quedado obsoletas y que ya no cumplen ninguna función, etc. Toda propuesta jurídica lleva detrás un trabajo de expertos y expertas de índole política, filosófica o sociológica. En el derecho no hay criterios neutros, todas las propuestas que se hacen pretenden conseguir un objetivo.
Eso implica que algo tan aparentemente objetivo como el Derecho realmente tiene ideología.
Muchísima. Derecho, política y filosofía siempre van de la mano. Cualquier construcción jurídica lleva incorporado un determinado elemento de conformación política de la sociedad y de visión filosófica de los valores que la norma comporta. La propia Constitución indica que el ordenamiento jurídico español se basa en unos valores superiores como la igualdad, la libertad y la justicia. Y son valores morales, aportados por la filosofía, que entran de lleno en el Derecho y la política.
Repasando los campos de investigación a los que se ha dedicado en los últimos tiempos, ha trabajado mucho la presencia femenina en el mundo del trabajo.
Es una línea de investigación que se ha robustecido en los últimos años, porque también han coincidido ciertos eventos y circunstancias que me han llevado a escogerla. Por ejemplo, en 2019 se celebra el centenario de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y, en el marco de esta celebración, abrió una serie de debates para que la sociedad, la academia, las organizaciones empresariales y sindicales y los gobiernos le formularan propuestas. Uno de los campos que escogí para participar en este debate a escala mundial ha sido el futuro del trabajo de las mujeres, ámbito en el cual no disponen de una real y efectiva igualdad de oportunidades.
¿En todos los ámbitos o solo en algunos?
En todos. La desigualdad de las mujeres en el mundo del trabajo productivo se pone de manifiesto ya en el momento de acceder al mercado laboral, pues tienen particulares dificultades cuando son jóvenes, específicamente en edades fértiles, debido a que tienen hijos y mayoritariamente se ocupan de cuidarlos; y cuando son mayores, porque tienen responsabilidades familiares. Los estereotipos tradicionales que vinculan a las mujeres a los cuidados suponen un verdadero lastre para que se incorporen al trabajo en iguales condiciones que los varones.
Por otra parte, las medidas que se han establecido desde hace años para lo que se conoce como “conciliación de la vida laboral y familiar” no están pensadas por igual para los varones y las mujeres, y de hecho les afectan más a ellas. Por tanto, ese modo de entender los derechos de conciliación en el mundo del trabajo en realidad consolida más estereotipos, porque trata de introducir medidas para que las mujeres se ausenten del trabajo, reduzcan la jornada de trabajo o pidan horarios particulares por el hecho de tener que atender responsabilidades familiares.
En este sentido, la Ley Orgánica de Igualdad 3/2007 del Gobierno de Zapatero se convirtió en una referencia en países de Europa y Sudamérica, países que luego han ido introduciendo medidas como las que contiene dicha ley. Este texto fue novedoso al manejar no tanto la idea de conciliación como la de corresponsabilidad, de manera que las medidas para atender responsabilidades familiares debieran ser tanto para hombres como para mujeres.
Pero incluso introduciendo medidas de corresponsabilidad, las estadísticas ponen de manifiesto que las tareas de cuidado de la familia siguen siendo afrontadas fundamentalmente por mujeres. Ahora hemos llegado al punto de tener que crear acciones positivas para que los varones puedan beneficiarse y utilizar esas medidas específicas y también participen en los trabajos de cuidado. Ahora el debate se centra en dónde deben terminar las medidas de acción positiva para que reviertan la situación de desigualdad y dónde comienza el momento en que la acción positiva puede estar consolidando estereotipos y roles tradicionales (con lo cual hay que romper la acción positiva en beneficio exclusivo de las mujeres). Es un debate no pacífico, abierto y que plantea muchas dudas.
Las mujeres también tienen muchas dificultades para la promoción profesional, porque sus carreras están igualmente muy condicionadas por los años en que deben asumir responsabilidades familiares. Por eso continúan las dificultades para llegar a puestos de liderazgo y poder. Es un ámbito donde la Ley de Igualdad quiso entrar con mayor profundidad y no lo consiguió del todo: al final, ha quedado un marco jurídico que trata de promocionar que las mujeres tengan unas cuotas de participación en entidades empresariales y la administración pública, pero si no se establecen con carácter obligatorio, como en los países del norte de Europa, no veremos con prontitud resultados efectivos.
Justo tras promulgarse la ley sí se detectó una preocupación por lograr la paridad. Pero parece que ese impulso se ha diluido…
Sigue siendo prioritario. Lo que ocurre es que estalló la crisis económica: la Ley de Igualdad es de 2007 y la crisis se inicia en 2008. A partir de ese momento, vivimos un proceso de claro retroceso de las conquistas en materia laboral y social. Los resultados de las políticas de austeridad impuestas a los estados miembros de la Unión Europea ya han sido evaluados y lo más evidente es que ha habido una precarización del empleo, un deterioro de condiciones de trabajo, aumento de la pobreza y aumento de la desigualdad. Las políticas públicas, sobre todo entre 2009 y 2016, han estado centradas en hacer frente a la crisis pidiendo sacrificios a la ciudadanía y recortando, asimismo, muchos derechos en materia de seguridad social.
En España, la última reforma laboral ha sido muy polémica y, de hecho, hay muchas presiones para que se derogue.
La reforma laboral de 2012 fue durísima para los derechos de los trabajadores, porque se adoptaron determinadas medidas que, en conjunto y globalmente aplicadas, han producido un proceso de sustitución del empleo en España. Antes de la crisis había empleo estable, bien remunerado y con conexión entre niveles retributivos y poder adquisitivo (porque los incrementos salariales se medían en función del Índice de Precios al Consumo). El empleo no solamente se ha precarizado en cuanto al valor económico del trabajo, que tiene una menor retribución, sino que también sus condiciones se han vuelto inciertas porque la reforma otorgó a la parte empresarial un poder unilateral muy amplio para definir las condiciones de trabajo, facilitó los procedimientos para despedir y bajó la cuantía de las indemnizaciones.
Todo eso se llevó a cabo alterando un aspecto fundamental en cualquier sistema de relaciones de trabajo: la negociación colectiva, que establecen las organizaciones empresariales y sindicales más representativas. Esta reforma dio prioridad absoluta a los convenios de empresa, donde los sindicatos en muchas ocasiones no llegan porque en España hay mucha pyme, mucha empresa pequeña y familiar, las cuales muchas veces carecen de órganos de representación de sus trabajadores.
Esta defenestración del sistema de negociación colectiva sectorial, que aseguraba unos estándares mínimos de condiciones de trabajo en cada sector o actividad, ha provocado una fragmentación de condiciones de trabajo y los resultados están a la orden del día: las jornadas son muy intensas, las cargas de trabajo están sobredimensionadas, los contratos a tiempo parcial abundan y no está adecuadamente controlada la distribución de la jornada de trabajo. A lo anterior se une el fuerte proceso de devaluación salarial registrado a partir de 2011.
Todo ello, unido a que los sindicatos han visto completamente debilitada su fuerza para poder negociar convenios colectivos sectoriales, ha dado lugar al deterioro de las condiciones de trabajo. En el momento actual, hay mucho sufrimiento en el mundo de las relaciones de trabajo porque hay incertidumbre, inseguridad, precariedad, temporalidad… Estos son los motivos que han llevado a determinados grupos políticos a plantear la derogación de la reforma laboral de 2012.
En cualquier caso, el Estatuto de los Trabajadores cumple 40 años en marzo de 2020, y ya hay en la academia un clamor por comenzar a preparar una batería de propuestas de reforma del mismo. Sin ir más lejos, en mayo de 2020 tendremos en Granada el XXX Congreso Nacional de Derecho de Trabajo y del Seguridad, organizado por la Asociación Española de Derecho del Trabajo, de la cual soy vicepresidenta, y en él vamos a llevar como tema congresual propuestas de reforma y modernización del Estatuto de los Trabajadores.
Usted tuvo la oportunidad de ser consejera de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias en ese periodo de crisis. Pudo ver el otro lado. ¿Cómo fue ese paso a la acción real?
Ocupar ese cargo, sin duda, ha sido una de las experiencias más enriquecedoras en mi trayectoria profesional. La perspectiva desde el punto de vista de la investigación y la docencia puede ofrecer una visión integral del derecho. Pero en el ejercicio de la actividad política se requiere encontrar la medida más adecuada para la situación que hay que afrontar, y además hacerlo con rapidez porque la ciudadanía quiere ver en la clase política resultados. Y, efectivamente, aquel fue un periodo muy difícil porque el paro se disparó y la destrucción de empleo en España fue masiva.
Hubo que adoptar medidas en materia de políticas activas de empleo -que es donde la Comunidad Autónoma de Canarias tiene competencias, no en las políticas pasivas como las prestaciones o subsidios-. Creamos una estrategia de formación y empleo y concentramos los recursos que teníamos en medidas de orientación, formación y readaptación para volver al mercado de trabajo. Pero he de recordar que pasamos por momentos durísimos, como, por ejemplo, cuando el Gobierno de España nos retiró muchísimos apoyos económicos, incluyendo el Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC), que está en la Ley de Empelo atribuida a Canarias por su condición de Región Ultraperiférica, a diferencia de las demás comunidades autónomas.
En materia de comercio, tratamos de apoyar al sector dinamizando las llamadas zonas comerciales abiertas, que un momento de especiales circunstancias de crisis contribuyeron a dinamizar la vida económica y social en los municipios.
En cuanto a la industria, en aquel momento estaba muy presente algo que ya va siendo una realidad: la necesidad de cambiar el modelo energético en Canarias. Siempre entendí que ese cambio iba a ser la columna vertebral de un nuevo modelo económico y productivo. En estos momentos vemos las primeras medidas para poner en marcha un verdadero cambio energético en Canarias, apostando decididamente por las energías renovables, dejando atrás el uso indiscriminado de combustibles fósiles y contribuyendo así a combatir el cambio climático.
Canarias tiene sol, agua y viento, de tal manera que podemos convertirnos en un laboratorio de experimentación como referencia para otros entornos más amplios. Si sabemos aprovechar la oportunidad, podemos convertirnos en un territorio líder de exploración, impulso y promoción de las energías renovables. Eso cambiará la economía, el funcionamiento de las empresas y los comportamientos de la ciudadanía porque todos los sistemas de movilidad, de provisión de bienes y servicios y de tratamiento de residuos cambiarían completamente.
Ramos Quintana, recogiendo el Premio de Investigación de la ULL en el acto del 11 de marzo de 2019.
Ese cambio de modelo parece necesario, porque Canarias es muy dependiente del turismo, algo que se ve por el pánico originado por la quiebra de Thomas Cook.
El turismo es una fuente importantísima de la economía canaria. Sería interesante que aprovecháramos ese sector para experimentar innovación desde el punto de vista energético, tecnológico y de la provisión de productos elaborados en Canarias a los hoteles. Lejos de considerar que el turismo no debería desempeñar un papel central, por el contrario entiendo que puede continuar desarrollándose pero con una orientación sostenible e inclusiva desde el punto de vista de su contribución al empleo. Que el turismo orientado hacia un modelo sostenible en cuanto a recursos también contribuya a generar en Canarias empleos dignos, cualificados, de calidad.
Lograrlo supone una acción integrada del gobierno autonómico, donde estén implicados los cabildos, los municipios y las organizaciones empresariales y sindicales, algo que permitiría a Canarias, desde un eje ecológico y sostenible, impulsar las actividades económicas susceptibles de ser desarrolladas en el territorio de forma sostenible e inclusiva.
Gabinete de Comunicación
