Una de las sesiones de la XV Jornadas de Internacionalización y Cooperación de la CRUE que se están desarrollado hasta el viernes 22 de marzo en la Universidad de La Laguna ha tratado de disipar el clima de incertidumbre que existe acerca de cómo afectara la salida de Reino Unido de la Unión Europea a las universidades comunitarias. Según el ponente, Pablo Martín González, subsecretario de Ciencia, Innovación y Universidades del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, es evidente que las instituciones académicas, al igual que todos los sectores, van a verse afectadas, pero se están diseñando planes de contingencia para paliar las mayores eventualidades.
En el momento de su intervención, la tarde del jueves 21 de marzo, las instituciones europeas aún no se habían pronunciado a favor o en contra de conceder a Reino Unido una prórroga sobre su salida hasta este 30 de junio. Según Martín González, la concesión de esa prórroga sería en general beneficiosa, porque daría margen de actuación.
Recordó que el Gobierno de España ya emitió el 1 de marzo el decreto 5/2019 con varias medidas para paliar los efectos del llamado Brexit, que es fruto de dos años de trabajo del ejecutivo, en los que se ha tratado de abordar cualquier posible escenario. Recordó las cifras de población para establecer la magines del problema: en España hay 280.669 británico residentes, lo que supone el segundo grupo foráneo más numeroso tras el rumano, mientras que en Reino Unido hay ahora mismo unos 174.000 ciudadanos españoles.
Pablo Martín González
Hay que afrontar qué sucederá cuando se pierda el derecho a la libre circulación y los implicados se conviertan en ciudadanos de terceros países. A efectos prácticos, eso supondrá implementar medidas como, por ejemplo reforzar el personal de las adunas: como señaló el subsecretario, a partir de ahora habría que controlar los pasaportes de los 15 millones de turistas británicos que entran a España, algo qua hasta ahora no había que hacer.
En el ámbito académicos, si la prorroga se produce, los estudiantes Erasmus españoles que vaya a realizar una estancia en Reino unido a partir de septiembre no experimentarán ningún problema, y también hay medidas para que no les afecte en caso de que no se forme la prórroga, la menos para este curso.
La propia continuidad de Reino Unido en el programa Erasmus no está tan comprometida: Martín González recordó que en la actualidad participan en él países como Turqía o Noriega, que no son miembros de la UE. En el nuevo programa gue se abra a partir de 2020, los británicos podrían seguir, aunque lógicamente cambiarían las condiciones por otras más restrictivas.
También preocupa que los derechos de matrícula en las universidades británicas para los españoles ahora podrían ascender a unos 20.000 libras anuales, al dejar de ser instituciones comunitarias. Podrían peligrar igualmente los proyectos de investigación en curso con socios británicos y financiación europea. Si bien no hay nada decidido al respecto, Martín González no cree que en ese punto vaya a haber problemas para negociar una solución, porque a ambas partes les interesa que, al menos los proyectos vigentes, lleguen buen puerto.
Sobre las cualificaciones profesionales, se ha establecido que, si ya estaban concedida, las personas británicas podrán segur ejerciéndola en España, y si no, hay un plazo de cinco años para recocerla. Puede haber algo más de dificultades en el caso de las llamadas profesiones regladas: las del sector sanitaria y arquitectura, que tienen directivas europeas específicas. En las homologaciones de títulos académicos tampoco habrá muchos cambios, salvo que será necesario un documento adicional, la Apostilla de La Haya.
Aina Calvo Sastre
Cooperación internacional
En la sesión de tarde también intervino Aina Calvo Sastre, directora de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, quien explicó los principales objetivos de su entidad, qué cambios ha experimentado con la llegada del nuevo ejecutivo, y sobre todo, se refirió al protocolo de colaboración recientemente formado con Crue Universidades Españolas.
Ese protocolo busca promover el intercambio de experiencias entre las universidades españolas y las de países colaboradores; visualizar el trabajo que realizan las intuiciones académicas en el ámbito de la cooperación al desarrollo; fomentar el trabajo en red, facilitado que las universidades puedan entrar en contacto con otros agentes que también se ocupan de la cooperación; contar con especialistas del ámbito de la educación superior como técnicos en las actividades de la AECID; o reforzar el papel institucional de la academia en foros como el Observatorio de la Cooperación universitaria para el Desarrollo (OCUD), entre otros objetivos.
En opinión de Calvo Sastre, aunque el papel de las ONG en la cooperación es muy destacable, hay muchas otras instituciones que también se encargan de ella, como es el caso de las universidades, por lo que estima oportuno contar también con su mirada no solo para el desarrollo de i, sino para repensar la propia AECID.
