La Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la Universidad de La Laguna ha celebrado hoy, martes 19 de marzo, el curso “Protección, transferencia y explotación de software en la Universidad”. Se trató de una jornada en la que Personal Docente e Investigador de la institución académica pudo conocer puntos clave acerca de la propiedad intelectual del software.
Serafín Corral, director de la OTRI y encargado de inaugurar el acto, puso el foco en la importancia de este tipo de formación para el profesorado e investigadores y, de hecho, esta es ya la tercera sesión que se pone en marcha en torno a la protección del software. El curso, que se pudo realizar gracias al apoyo del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN), buscó clarificar asuntos que, a día de hoy, están generando dudas entre los desarrolladores de software que no terminan de conocer qué derechos poseen.
Tal y como reconoce una de las ponentes, la coordinadora de la Asesoría Jurídica de PONS IP y experta en la materia, Elena Ordúñez, la problemática que se produce alrededor de la propiedad intelectual de software “no ha hecho nada más que empezar y cada vez hay más casos”. Señala que en una universidad no solo crea softwares el personal docente e investigador, sino que también los pueden desarrollar el alumnado de Trabajo de Fin de Grado o de Trabajo de Fin de Máster. Por este motivo, cada caso tiene que ser estudiado y ajustado a las leyes que ya existen en España.
Los temas relacionados con la titularidad de software se erigen como uno de los puntos más complejos en el ámbito jurídico. Además, Ordúñez indicó en su ponencia que dilucidar quién debe explotar los derechos de un software no es una tarea sencilla, puesto que depende de diferentes factores como, por ejemplo, si el trabajador que lo crea está asalariado, si trabaja en una relación laboral, etc.
Aparte de los problemas de titularidad, Cristina Alemany, técnica superior del Servicio de Promoción y Apoyo a la Investigación, Innovación y Transferencia de la Universidad Politécnica de Valencia, insistió en la necesidad de informar y de aconsejar a los creadores de software que trabajan en la investigación de las instituciones académicas. En el caso de su universidad, Alemany estima que cada año nace una cincuentena de proyectos para ser explotados económicamente y todo ellos tienen que conocer sus derechos en cuanto a protección, transferencia y explotación del software se refiere.
