El Instituto Universitario de Desarrollo Regional y el Centro de Estudios de Desigualdad y Gobernanza de la Universidad de La Laguna (con la colaboración de la Fundación CajaCanarias), organizaron recientemente un seminario acerca del futuro del sistema de salud tras la crisis del COVID-19. En esta acción participaron Beatriz González López-Valcárcel, catedrática de Economía Aplicada de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y asesora del Gobierno de Canarias y del Ministerio de Ciencia e Innovación; y Guillem López-Casasnovas, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Pompeu Fabra, director del Centro de Investigación de Economía y Salud y exconsejero del Banco de España. Contó con la moderación de Gustavo Marrero Díaz, director del Centro de Estudios de Desigualdad y Gobernanza, y de Ignacio Abásolo Alessón, subdirector del Instituto Universitario de Desarrollo Regional. La grabación de toda la sesión puede consultarse en este enlace.
Para Beatriz González López-Valcárcel, la crisis Covid-19 puede ser una oportunidad para el Sistema Nacional de Salud del futuro. Con la emergencia sanitaria se han producido cambios a distintos niveles del sistema sanitario que no se habían conocido antes. En primer lugar, el Sistema Nacional de Salud (SNS en adelante) ha irrumpido en la agenda política ganando valor social y visibilidad. Como consecuencia de ello, la experta prevé un aumento considerable del gasto público en sanidad: va a haber más recursos para sanidad pública, no sólo para el aprovisionamiento de insumos (EPIs, tratamientos, vacunas, etc.) sino para recursos humanos, inversiones y para cubrir el coste de la trazabilidad de contactos y de la atención de necesidades sanitarias pospuestas para pacientes sin esta patología vírica. Además, en el nuevo SNS prevé que la atención primaria y la salud pública tengan un mayor peso relativo, peso que ya está aumentando al coger el relevo de la asistencia hospitalaria en lo que a seguimiento epidemiológico y contención de la pandemia se refiere. “La medicina de familia ha recuperado la C de comunitaria”, agregó López-Valcárcel.
En segundo lugar, muestra la importancia del liderazgo a nivel de mesogestión y de gestión clínica, tomando decisiones más autónomas y flexibles que mejoren el uso de los recursos, y de herramientas de gestión de recursos humanos más flexibles -como se ha demostrado durante la crisis-, aumentando las plantillas cuando ha sido necesario (más necesidad de microbiólogos, médicos internistas,….) y practicándose un ejercicio más multidisciplinar y versátil por parte de los profesionales sanitarios a la hora de atender la infección. Todo ello ha evidenciado que esa flexibilidad de la plantilla -que es tan deseable- puede ponerse en práctica si hay voluntad política para ello.
Y, en tercer lugar, resalta la importancia en el futuro del valor de los estándares (se va a acortar la variabilidad en la práctica clínica), de la protección del personal sanitario, de la preparación para nuevos retos o catástrofes y de dar una mayor visibilidad a la inequidad. Y, especialmente, de la telemedicina y de las consultas virtuales, que han venido para quedarse y van a aportar valor a la salud de la población, aunque pueda tener un sesgo de desigualdad, que habrá que corregir haciendo llegar la digitalización a los sectores más vulnerables de la sociedad.
En el otro lado de la balanza -aunque se ha avanzado algo en la integración de la información- indica que sigue faltando voluntad por parte de las comunidades autónomas para ceder la información en una red común (idealmente esta puesta en común debería trascender fronteras en el ámbito europeo, al menos en lo que a dispositivos de salud pública se refiere). Y preocupa que la sanidad privada haya ganado más peso relativo en los últimos años, y con ello el fomento de las desigualdades socioeconómicas en acceso, dados los elevados tiempos de espera para algunos servicios de la sanidad pública.
De la gestión de las enfermedades nosocomiales, de las compras y contrataciones ágiles, de la generación y multiplicación de nuevos dispositivos/recursos y de la coordinación entre niveles asistenciales -todo ello acaecido a lo largo de esta pandemia-, añade la docente, sacaremos también lecciones para el SNS del futuro.
Guillem López-Casasnovas, por su parte, considera que la crisis del COVID-19 ha supuesto un test de estrés para nuestro SNS cuya respuesta no ha estado exenta de improvisaciones, forcejeos en la coordinación política y una factura por ampliaciones de la oferta asistencial aún por conocer. Y añade que esta crisis ha puesto de manifiesto tres cosas fundamentales: que en esta situación de pandemia la sociedad ha querido que la salud haya ido primero (y la economía después), que ha sido vital la respuesta de los profesionales sanitarios -que acaba siempre salvando al sistema-, y que es necesario disponer de una reserva, no sólo productiva, sino también de conocimiento de economía institucional, pública y de la salud.
A nivel europeo no aprecia un efecto diferencial según el tipo de modelo sanitario (sistema nacional de salud versus sistema de seguridad social) en la capacidad de confrontar la pandemia, sino más bien un “efecto fijo” de país, atendiendo a la velocidad de respuesta y logística en las actuaciones, así como a su “preparedness”.
Sobre el gasto público en sanidad también predice un aumento importante en la financiación total, tanto pública como privada. Sin embargo, advierte que, más allá de la exigencia de la Comisión Europea para hacerlo sostenible financieramente, es preciso construir los cimientos que lo hagan solvente, es decir, con resortes suficientes para afrontar nuevas pandemias y adaptarse a retos como por ejemplo la extensión de las innovaciones biogenéticas.
Con respecto a la financiación pública, López-Casasnovas considera que, para lograr converger a estándares de gasto y servicios sanitarios de los países europeos -y teniendo en cuenta también que España carece de “pólvora fiscal” propia y ha llegado hasta aquí sin haber logrado superávits primarios- será necesario asumir aumentos en la presión fiscal acompañados de tasas o copagos que completen la financiación y faciliten así a toda la población una atención adecuada en un tiempo también razonable. Y eviten, en la medida de lo posible, la otra vía de racionamiento: la exclusión de determinados servicios sanitarios a los que -siendo efectivos clínicamente- no alcanza nuestro SNS y por los que deberá pagarse, de otro modo, un copago del cien por cien.
El experto añade que cree que la salud pública (en todas las políticas) va a salir de la restricción presupuestaria a la que estará sometida la atención primaria y especializada; asimismo, considera que la comisión de reconstrucción de la economía debe integrar a lo sanitario y a la salud y no dejarlas al margen.
Por otra parte, el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Pompeu Fabra se detiene en el problema de la gobernanza sanitaria del Estado de las Autonomías. Considera, por un lado, que el tamaño importa, porque hay economías de escala y alcance en la provisión conjunta o coordinada de distintos territorios, en particular cuando cada uno de los territorios tienen un tamaño poblacional relativamente pequeño. En su opinión, también hay que tener en cuenta la diferencia entre nacionalidad y región, proponiendo una fórmula como la de la gestión directa del Insalud para aquellas comunidades autónomas que necesiten más desconcentración de gasto que descentralización. Y, a la vez, abrir espacios fiscales nuevos en la financiación territorial de territorios que soportan, por su nivel de desarrollo, una mayor presión de gasto tanto por el lado de la oferta como de la demanda.
