La catedrática del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de La Laguna María José Rodrigo ofreció ayer, lunes 2 marzo en el Aula Magna del Campus Guajara, una ponencia sobre cómo la parentalidad positiva, que fomenta el desarrollo de los menores de una manera no violenta y con reconocimiento de sus logros, se está empezando a incorporar a los programas de intervención familiar.
La conferencia sirvió como apertura de las XIV Jornadas de la Facultad de Psicología y Logopedia, cuya inauguración estuvo presidida por la rectora de la institución, Rosa Aguilar, quien recalcó el gran prestigio internacional que ha logrado el centro organizador tanto a nivel de docencia como de investigación, logrado en parte gracias al vínculo que se mantiene con los exalumnos.
Autoridades presentes en la inauguración.
Por su parte, la decana de la facultad, María Ángeles Alonso, hizo hincapié en la necesidad de una formación basada en la ciencia pero también fundamentada en valores humanos. Intervinieron, además, el vocal del Colegio Oficial de Psicología de Santa Cruz de Tenerife, Ismael Pérez; el decano del Colegio Oficial de Psicología de Las Palmas, Francisco Sánchez; y la coordinadora de la Comisión de Proyección Social de la Universidad de La Laguna, Carmen Hernández Jorge.
María José Rodrigo profundizó en uno de los proyectos que ha coordinado, la Estrategia Canaria de Infancia, Adolescencia y Familia 2019-2023 de la comunidad autónoma, que promueve el respeto de los derechos y el bienestar social de la infancia, la adolescencia y la familia, e impulsa la calidad de los servicios de orientación, atención y apoyo dentro de este terreno. Este plan cuenta con 7 líneas de actuación, 35 objetivos y 204 medidas.
La primera de las líneas de actuación es desarrollar políticas autonómicas, insulares y municipales que aseguren la efectividad de los derechos de la infancia, promoviendo la parentalidad positiva. La segunda se basa en impulsar acciones preventivas en el ámbito educativo y de la salud para favorecer la socialización y el bienestar de los menores. La tercera pretende promover acciones preventivas en el ámbito comunitario y digital.
La cuarta medida está enfocada a ayudar a que las familias y los menores participen activamente en la infancia a través de acciones de su interés. La quinta pretende mejorar el sistema de protección y justicia juvenil para preservar los derechos de los menores en situación de vulnerabilidad. La sexta medida, fortalecer la coordinación interadministrativa, lo que implica aprovechar las tecnologías de la comunicación para las relaciones con el tercer sector.
Por último, la séptima medida pretende impulsar programas de formación, investigación y sensibilización para que la acción política y la intervención profesional se basen en evidencias y se den a conocer en la ciudadanía a todo el territorio canario.
Rodrigo explicó otros proyectos de intervención familiar en el ámbito autonómico, insular y municipal, así como la introducción de medidas de este tipo al sistema de salud pública. Sobre todo, se incorporará a la atención de niños de entre cero y tres años de edad, que hasta ahora no gozaban de este tipo de intervención. También se pretende llevar este programa a los centros penitenciarios, ya que muchos reclusos son padres y necesitan una adecuada orientación para poder educar y tratar a sus hijos.
También se contemplan actuaciones contra el consumo de pornografía por parte de los menores; según Rodrigo, cada vez más niños de entre ocho y nueve años visionan este tipo de contenidos. Por último, cabe destacar el desarrollo de programas de formación, investigación y sensibilización para que la acción política y la intervención profesional se basen en evidencias y se den a conocer a la ciudadanía en todo el territorio canario.
Tras la exposición de todas estas medidas, la ponente comentó que le han preguntado cuánto costaría aplicarlas, ante lo que respondió que “muy poco o nada”, porque para realizar muchas de las actividades planteadas solo basta con una buena coordinación a la hora de actuar en los niveles de educación, política y sanidad.
Un sistema de protección imperfecto
Rodrigo consideró que el sistema actual de protección del menor es imperfecto, porque se limita a identificar casos de maltrato y no ayuda a los afectados a curar los traumas desencadenados ni a fomentar su adecuada inclusión en el terreno educativo y profesional. Además, explicó la necesidad de trabajar de forma preventiva dentro de las familias vulnerables, con el objetivo de evitar problemas mayores que puedan suponer la separación del menor del seno familiar.
Por último, la conferenciante hizo mención a otros aspectos como la necesidad de una implicación igualitaria por parte de ambos progenitores en la educación de los menores, ya que en caso contrario se pueden producir diversas carencias. También subrayó que la familia ha dejado de ser un asunto estrictamente privado y ha llegado a una esfera más pública y visible, lo cual ha sido beneficioso para descubrir casos de abuso que, de otra manera, quedarían ocultos.
