El Consejo Social de la Universidad de La Laguna ha celebrado hoy, viernes 4 de junio, una sesión plenaria en la que ha aprobado el informe de las cuentas anuales de la institución académica correspondiente a 2020, que fue presentado por el gerente del centro, Juan Manuel Plasencia, y contó con informes favorables de la interventora universitaria, Corina Martín. El gerente explicó que, como es obvio, las cuentas del ejercicio pasado han estado muy condicionadas por las medidas adoptadas para combatir los efectos de la pandemia en la institución, lo cual ha obligado a realizar importante gastos que no estaban previstos y, por otro lado, paralizó la realización de acciones que estaban planteadas en el presupuesto antes de la llegada del coronavirus. Pese a todo, su dictamen es que el ejercicio 2020 mejoró el nivel patrimonial y la liquidez de la institución.
Plasencia explicó que en este ejercicio se ha priorizado la ejecución del presupuesto ordinario, dado que todo lo que no se gaste de esa partida pasaría al remanente de tesorería a final de año y no se podría hacer uso de ese dinero al quedar paralizado en las entidades bancarias. Por eso, se ha puesto menos énfasis en la ejecución de la financiación afectada, que es aquella correspondiente a conceptos como los dineros obtenidos por proyectos de investigación, que normalmente son plurianuales, o de subvenciones aprobadas anteriormente. De este modo, el porcentaje de ejecución presupuestaria, incluyendo tanto el presupuesto ordinario como la financiación afectada, es del 75’16%, frente al 79,25% del ejercicio anterior. Pero si se observa solamente la ejecución del presupuesto ordinario, fue del 95,78%, frente al 96,66% de 2019, es decir, una cifra similar. La gran variante viene en la financiación afectada, que en 2020 se ejecutó en un 45,67%, frente al 53,44% de la anualidad previa, lo cual es el facto que ha afectado al porcentaje final.
El balance de los activos se sitúa en 362 millones, un 3,8% más que el año anterior, mientras que en el pasivo creció ligeramente el patrimonio de la universidad desde el punto de vista contable. Por ello, el ejercicio se cierra con un balance positivo de más de nueve millones, si bien, como bien explicó el gerente, lo deseable en una administración pública es que el balance se acercara a cero, lo cual significaría que se ha ejecutado el presupuesto adecuadamente.
El efecto de la pandemia se ha visto en numerosos detalles. Por ejemplo, han descendido los ingresos correspondientes a la prestación de servicios, como las tasas y precios público de los colegios mayores y residencias, que permanecieron cerrados desde marzo hasta octubre. Sin embargo, eso se compensó en parte porque también descendieron las cargas financieras correspondientes al alojamiento, ya que no hubo gasto de luz, agua, alimentación o limpieza esos meses. También descendieron las trasferencias y subvenciones, especialmente las relacionadas con la movilidad tanto de investigación como de intercambio, obviamente paralizadas por el confinamiento.
El presupuesto inicial fue de 156 millones de euros que, tras experimentar modificaciones de más de 50 millones, alcanzaría los 206 millones. Las transferencias de crédito crecieron un 49% con respecto al ejercicio anterior, en la idea de atender las demandas urgentes sobrevenidas por la pandemia. Tras la aprobación de estas cuentas, el Consejo Social también dio el visto bueno a un suplemento de crédito con cargo al remanente de tesorería liquido no afectado, por algo más de 8 millones de euros. Plasencia explicó que ese remanente es el resultado del dinero no ejecutado en ejercicios anteriores, que está paralizado en las cuentas bancarias y la legislación impide a las administraciones públicas hacer uso de él. Sin embargo, el pasado 6 de octubre, de manera excepcional, el Consejo de Ministros aprobó la paralización de algunas reglas fiscales en la Ley de Sostenibilidad Presupuestaria, permitiendo el uso de esos fondos para determinadas tareas.
Con este suplemento de crédito, la Universidad de La Laguna podrá hacer frente la pago de algunas licitaciones previstas para 2020 y que se retrasaron por la pandemia, pasando a este año. También se cubren 1’5 millones de euros de los fondos Covid que el Gobierno de Canarias dejó de ingresar a la institución, y también se hará frente a algunos gastos solicitados desde los diferentes vicerrectorados.
Tras las cuestiones de índole económica, el Consejo Social pasó a debatir su reorganización interna, de cara a mejorar su visibilidad exterior y mejorar la eficacia de sus funciones. El primer paso será realizar una encuesta interna para detectar posibles debilidades, para preparar un plan de trabajo que pueda estar listo para principios del curso que viene. Como se señaló durante le debate, es interés de este órgano colegiado mejorar no solo su relevancia social, sino fomentar la internacionalización de la Universidad de La Laguna, así como sus acciones de fomento del emprendimiento, atraer mecenazgo, impulsar la sostenibilidad y dinamizar sus relaciones con el órgano homólogo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
