El Consejo de Gobierno de la Universidad de La Laguna ha aprobado hoy 26 de noviembre la Oferta de Empleo Público (OPE) para el personal docente e investigador para 2021, por un total de 30 votos a favor, uno en contra y una abstención. Se trata de una convocatoria que atiende a la promoción y retención de talento de todas las figuras de profesorado y que cuenta con el respaldo de la Junta de Personal Docente e Investigador, pero no así con el del Comité de Empresa del mismo sector. La rectora, Rosa Aguilar, solicitó a los miembros del órgano colegiado el apoyo unísono al empleo público universitario.
En su conjunto, esta Oferta de Empleo Público contempla, por un lado, la convocatoria de 10 plazas de Profesorado Contratado Doctor vinculado al Servicio Canario de Salud, con la finalidad de cubrir las necesidades docentes en el ámbito de Ciencias de la Salud, sobre la base de las jubilaciones de Catedráticos y Titulares de Universidad vinculados.
Por otro lado, supone la promoción del personal acreditado a Titulares de Universidad y a Catedráticos de Universidad con un total de 21 plazas (sin contar la reserva obligatoria de plazas por I3 que también hay que ofertar). En tercer lugar, abarca también la promoción a la figura de profesorado Contratado Doctor de todos los Ayudantes Doctores que han cumplido los tres años de contrato como tal en 2021. Y, por último, la OPE cubrirá también la promoción directa de 5 Ayudantes Doctores que se han acreditado a Titular de Universidad, sin tener que pasar por la promoción a Contratado Doctor, tal y como permite el Convenio Colectivo de PDI laboral. El presidente de la Junta de Personal Docente e Investigador, Luis Cabrera, consideró que esta oferta constituye una sólida oportunidad de promoción de todas las categorías docentes de la universidad.
Además, el Consejo de Gobierno ha ratificado en la sesión de hoy el acuerdo de directrices para la concesión de plazas en los departamentos, que ha sido recientemente actualizado tras un año de aplicación para ajustar mejor su funcionamiento. Como en el caso anterior, fue la vicerrectora de Personal Docente e Investigador, Rocío Peña, quien defendió esta materia. La revisión de estos criterios ha obedecido a dos razones: para poder integrar las apreciaciones y puntos de mejora emitidos por los departamentos de la institución académica y, también, para dotar a estas directrices de una mayor estabilidad temporal, con la intención de facilitar la agilidad en su aplicación en cada curso académico, corrigiendo así algunos desajustes producidos.
Así, las principales mejoras tienen que ver con la intención de dar mayor visibilidad a aquellas áreas de conocimiento con una mayor sobrecarga docente, es decir, a aquéllas cuyo encargo docente es mayor que su capacidad docente. También se ha pretendido adecuar la valoración en las áreas de conocimiento cuyo encargo docente es menor a su capacidad docente. Y, por último, se ha procurado aplicar una atención diferenciadora en las áreas de conocimiento unipersonales, analizando otras posibilidades de continuidad, de integración en otra área o áreas de conocimiento, o de gestión de su encargo docente.
Estos criterios fueron aprobados por la Junta de Personal Docente e Investigador, pero no así por el Comité de Empresa, matizó la vicerrectora, Rocío Peña, cuestión que fue avalada por la presidenta de este órgano sindical, Ester Torrado. A juicio de esta última, se ha producido retraso en la convocatoria de las plazas y falta de comunicación con el Rectorado de la universidad, entre otros motivos. Estas directrices fueron finalmente aprobadas por el órgano de gobierno por 23 votos a favor, uno en contra y 10 abstenciones.
Por último, la secretaria general solicitó la aprobación del informe sobre complementos retributivos al profesorado, que fue aprobada por asentimiento.
