La investigadora de la Universidad de La Laguna Helena Bonache, junto a sus compañeros Naira Delgado, Afroditi Pina y Juan A. Hernández-Cabrera, han publicado recientemente un artículo de investigación en Springer que concluye que las personas que apoyan medidas de descriminalización de la prostitución tienden a atribuir más capacidades mentales a las mujeres prostitutas que no son víctimas de trata. Este estudio experimental se basa en el análisis de la relación entre los tres enfoques regulatorios de la prostitución, la atribución de capacidades mentales a las mujeres prostitutas y emociones relacionadas con la indignación moral.
La literatura científica ha identificado tres principales enfoques legales hacia la prostitución: la abolición, cuyas medidas están dirigidas a penalizar la compra de sexo con el objetivo de reducir la demanda, mientras que se busca proteger y ayudar a las mujeres prostitutas para abandonar esta actividad, sin aplicar sanciones contra ellas. La segunda es la legalización de la prostitución, que implica con frecuencia una regulación estricta a través de la cual el Estado establece los límites de esta práctica, entendida como una actividad laboral. Estas restricciones suelen estar guiadas por motivos de reducción de riesgos para la salud y recaudación de impuestos. Y por último la descriminalización orientada a la regulación de los servicios sexuales, tratando de mejorar las condiciones de trabajo, salud y seguridad de las trabajadoras sexuales a través de la legislación laboral, a la vez que se excluyen las conductas relacionadas con el comercio sexual del Código Penal.
Un total de 391 personas que participaron en esta investigación debían completar una escala sobre sus actitudes hacia los tres posicionamientos legales de la prostitución. A posteriori, se planteó una historia con una prostituta como víctima de esclavitud sexual y otra que no era víctima de trata. Los participantes del estudio respondieron a las preguntas planteadas sobre la percepción hacia estas mujeres. Los resultados del estudio, elaborado por profesorado del Departamento de Psicología Cognitiva, Social y Organizacional, indican que las personas que apoyan medidas de descriminalización hacia la prostitución tienden a atribuir más capacidades mentales a las mujeres prostitutas que no son víctimas de trata, especialmente porque muestran menos indignación moral hacia este colectivo. Sin embargo, esta relación no fue significativa cuando se presentaba a la persona prostituta como víctima de esclavitud sexual.
En cuanto al abolicionismo de esta práctica, los datos muestran que las personas que apoyan este tipo de medidas legales tienden a atribuir menos capacidades mentales a aquellas prostitutas que deciden ejercer la prostitución, porque sienten una mayor indignación moral hacia ellas. Las encuestas realizadas previamente en España han puesto de manifiesto que la mayoría de las personas de nuestro país no apoyan la abolición de la prostitución. Sin embargo, en este estudio de la Universidad de La Laguna se concluye que tanto las medidas abolicionistas como las despenalizadoras reciben el mismo apoyo. Este dato sugiere un cambio en las actitudes hacia las posturas legales de la ciudadanía, que puede haberse producido como consecuencia de los debates públicos y políticos que han tenido lugar en los últimos años, señala la investigadora principal, Helena Bonache.
La prostitución es un fenómeno complejo de estudiar debido a la escasez de información empírica para determinar su alcance exacto. Además, el análisis de este fenómeno puede abordarse desde múltiples perspectivas y niveles, es decir, como un tema de salud pública; dilema legal; cuestión de elección personal o estigmatizante, ética o moral; en términos de violencia de género; o como una violación de los derechos humanos. Los hallazgos de esta investigación proporcionan evidencia empírica de elementos morales involucrados en las actitudes reguladoras hacia la prostitución, señala Bonache. Además, demuestra un patrón de actitudes diferente cuando las mujeres prostitutas son consideradas víctimas de la trata frente a cuando son vistas como mujeres libres que ejercen la prostitución como una opción laboral.
En España, la prostitución estuvo completamente desregulada hasta 2003, cuando se modificó el artículo 188 del Código Penal (LO 11/2003) con el objetivo de criminalizar a quienes se lucran con la prostitución a través de la trata de personas. En concreto, la demanda como la oferta de sexo adulto y consensuado no es ilegal en España, pero tampoco está reconocida como profesión habitual. Además, si bien no se prohíbe la existencia de clubes, hoteles o apartamentos en los que se ejerza la prostitución, la mayoría de las actividades relacionadas con la prostitución en espacios públicos están criminalizadas.
