La Universidad de La Laguna dispone desde el pasado curso académico de unas directrices generales que ordenan y sirven de guía en la política de contratación de personal docente e investigador. Este documento, que ha supuesto un avance en transparencia y gestión del talento para la institución, ha sido reeditado introduciendo algunas mejoras, cuestión por la que ha sido ratificado hoy 17 de noviembre por la propia rectora, Rosa Aguilar, y el presidente de la Junta de Personal Docente e Investigador (JPDI), Luis Cabrera. También ha rubricado el acuerdo los vicerrectores de Investigación y Transferencia y de Personal Docente e investigador, Ernesto Pereda y Rocío Peña, respectivamente.
Estas directrices ordenan la provisión de plazas de docentes no funcionarios y concierne por lo tanto a las figuras de profesorado asociado, ayudante y ayudante doctor. La reedición del documento ha obedecido a dos razones: por un lado, para poder integrar las apreciaciones y puntos de mejora emitidos por los departamentos de la institución académica y, por otra, para dotar a estas directrices de una mayor estabilidad temporal, con la intención de facilitar la agilidad en su aplicación en cada curso académico, explicó la vicerrectora.
Con estos propósitos, se inició la mesa de negociación con la representación sindical, y tras varias sesiones de negociación, se acordó con la Junta de Personal Docente e Investigador el documento que hoy se ha firmado. Así, las principales mejoras tienen que ver con la intención de dar mayor visibilidad a aquellas áreas de conocimiento con una mayor sobrecarga docente, es decir, a aquéllas cuyo encargo docente es mayor que su capacidad docente.
Un momento de la firma.
También se ha pretendido adecuar la valoración en las áreas de conocimiento cuyo encargo docente es menor a su capacidad docente. Y, por último, en esta reedición de las directrices se ha procurado aplicar una atención diferenciadora en las áreas de conocimiento unipersonales, dadas sus especiales características, estudiando y analizando otras posibilidades de continuidad, de integración en otra área o áreas de conocimiento, o de gestión de su encargo docente.
El acuerdo, que será estudiado en breve por el Consejo de Gobierno del centro universitario, supone una mejora en el proceso de concesión de plazas a las áreas de conocimiento, “sobre la base de unos criterios claros y públicos, mejor perfilados, necesarios para conseguir una adecuada y transparente planificación en la renovación de la plantilla de la universidad”, añadió Rocío Peña. Ernesto Pereda, por su parte, agradeció al Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador que tuviera en cuenta las cuestiones que atañen a la actividad investigadora del profesorado, de modo que se atienda de una forma más integral la actividad universitaria. “Resulta además ideal el consenso habido con la Junta de Personal docente e Investigador”, lo que hace a su juicio que el documento tenga mayor solidez, al tiempo que insistió en que de este modo el proceso de contratación será mucho más ágil, porque ya se sabrá de antemano cuáles son las áreas de conocimiento con mayores necesidades docentes.
El presidente de la Junta de Personal Docente e Investigador, Luis Cabrera, apoyó sin fisuras la actualización de este documento de directrices de provisión de plazas que, tras un año de implantación, precisaba de algunos ajustes. Cabrera matizó que este documento supone el punto de partida de la política de profesorado de la institución, pero que hace falta la dotación económica adecuada por parte de los poderes públicos para poder ejecutarlo y, de este modo, atender necesidades estructurales de la plantilla de profesorado, así como la urgente renovación de contratación en este colectivo, con una media de edad muy avanzada.
La rectora de la Universidad de La Laguna, Rosa Aguilar, destacó la importancia de esta herramienta que guía el modelo de contratación de profesorado, un activo, indicó, básico para el funcionamiento de la institución, al tiempo que sostuvo que este modelo de captación de talento ha de seguir siendo transparente y profesional, para continuar siendo una de la decena de universidades que cumplen con los criterios marcados por el ministerio acerca de lo que deben ser los centros de educación superior de este país, y que contrata profesorado muy cualificado. Aguilar agradeció a la JPDI el tono constructivo de sus aportaciones en el proceso de negociación e insistió en la misma idea: sin la financiación adecuada esta herramienta no tendrá el recorrido deseado.
