El Consejo Social de la Universidad de La Laguna ha dado el visto bueno en su sesión de hoy, jueves 28 de abril, a la memoria del Servicio de Intervención de la institución académica correspondiente al ejercicio 2020, que fue presentado por Corina Martín, responsable del servicio. Cabe recordar que una de las funciones del órgano colegiado es refrendar todo lo relacionado con la ejecución presupuestaria universitaria.
La interventora explicó que en el informe remitido a los y las consejeras se recoge detalladamente toda la gestión realizada en 2020 por su servicio, incluyendo toda la fiscalización realizada a las operaciones de la universidad, incluyendo los cinco reparos que fueron presentados, los 45 expedientes de nulidad y el detalle de las 1.446 propuestas de pago y 101 mesas de contratación celebradas en esa anualidad.
Realizó una serie de recomendaciones relacionadas con la necesidad de justificar mejor las horas extraordinarias del personal de administración y servicios de ciertas áreas que, por su naturaleza, deben abordar tareas en fines de semanas y días festivos, y también sobre la idoneidad de optimizar la planificación de la contratación, así como mejorar la motivación de las justificaciones de las contrataciones menores que, en ocasiones, son poco precisas. También recomendó que se cree un procedimiento administrativo para agilizar la devolución de tasas al alumnado de centros adscritos que resultó beneficiario de becas estatales y autonómicas.
El gerente de la Universidad de La Laguna, Juan Manuel Plasencia, explicó que ese informe es una “foto fija” de cuál era la situación en 2020 y la situación ha ido. mejorando en los ejercicios siguientes gracias a mejoras introducidas en la gestión, por lo que espera que esa tendencia positiva se verá reflejada en futuros informes de Intervención. Aún así, agradeció las recomendaciones presentadas pues algunas de las situaciones planteadas todavía están en fase de estudio y mejora.
Siguiendo con la rendición de cuentas, también fueron aprobadas las liquidaciones de los presupuestos del Consejo Social correspondientes a los años 2020 y 2021. En el primer caso, ascendió inicialmente a 663.457 euros y tuvo un porcentaje de ejecución del 82%, mientras que el de 2021 fue inicialmente de 674.233,29, con una ejecución del 78,12%. En ambos casos, el Gobierno de Canarias aportó unos 325.000 euros y las cantidades restantes corrieron a cargo de la propia Universidad de La Laguna.
En la sesión del Consejo de Gobierno también se probaron las liquidaciones de tres títulos propios ya finalizados, así como los precios públicos de otros tres que van a impartirse próximamente y que responden a la necesidad de actualización profesional ante materias muy de actualidad: el Experto Universitario en Virus Emergentes, la Certificación en Formación Específica en Virus Emergentes, y el Experto en Dirección de Emergencias.
El vicerrector de Innovación Docente y Calidad, Néstor Torres, aprovechó la ocasión para reflexionar sobre la importancia que están cobrando los títulos propios, cuyo número en la Universidad de LaLaguna se ha duplicado desde el curso 2018-19.
Explicó que ello obedece a la necesidad de renovación y adquisición de conocimientos que impone la nueva realidad laboral y que, además, la nueva legislación al respecto admite nuevas fórmulas de títulos de variada duración e incluso modalidades para las que no es necesario disponer de una titulación previa. En ese punto, recordó que, aunque las universidades públicas no son las únicas autorizadas para impartir esa docencia, sí serán las entidades que podrán aportar un valor único: ofrecer contenidos basados en investigación puntera.
En la sesión también se dio por buena la propuesta de aumento de las retribuciones al personal que acude al control y correcciones de exámenes de la EBAU y los accesos específicos para mayores de 25, 40 y 45 años, que estaban congeladas desde hace doce años ya contaba con el visto bueno del Consejo de Gobierno. Otra propuesta aprobada fue la convocatoria de unas ayudas del Consejo Social para proyectos que mejoren las relaciones universidad-sociedad, y que ascenderían a tres en total, de 1.000 euros cada una.
