Es habitual que el Consejo Social de la Universidad de La Laguna invite a distintas personalidades del mundo académico y de la empresa para conocer a fondo las actividades que realiza. En la sesión plenaria de hoy 30 de noviembre le ha tocado el turno a la vicerrectora de Profesorado Docente e Investigador, Rocío Peña, quien dio cuenta de las principales acciones que lleva a cabo en su departamento.
La vicerrectora sostuvo que las líneas de actuación están orientadas a impulsar la excelencia y estabilidad del profesorado, detallando algunos de los aspectos más relevantes. Así, indicó que se modificó el reglamento de profesorado emérito, porque resultaba socialmente conveniente aprovechar el talento del profesorado que está en plena capacidad en el momento de la llegada de su edad de su jubilación. Esto ha dado lugar a la incorporación de una decena de docentes, que pasarán a ser trece con la última convocatoria aprobada.
También se modificó el reglamento de Venia Docendi, que permite la colaboración en la docencia universitaria de profesionales en activo, añadiendo además a tres nuevos grupos: jubilados voluntarios, profesorado honorario y personal de administración y servicios.
Rocío Peña destacó que se han ofertado desde 2019 un total de 280 plazas, de tal forma que han sido promocionadas y estabilizadas a través de la Oferta de Empleo Público. Por otro lado, se ha dado impuso al profesorado laboral, mediante convenio con la ANECA para evaluación de sexenios de investigación de este colectivo. Un centenar de profesorado se ha beneficiado de esta medida.
Se han establecido unos criterios objetivos y transparentes para la planificación y provisión de plazas por áreas de conocimiento, lo que ha permitido ofertar 186 plazas atendiendo a los departamentos con mayores necesidades de personal, siguiendo así criterios objetivos y transparentes.
La vicerrectora hizo también mención al proyecto Progest, que representa un nuevo modelo de gestión adaptado a la demanda para una universidad que trabaje de forma más ágil y dinámica. De hecho, se está trabajando en la optimización del Plan de Organización Docente (POD), de la convocatoria de plazas y también en la creación de un sistema autónomo de sustituciones para el profesorado.
Sobre el primero de los aspectos, el POD, la vicerrectora citó la puesta en marcha de una aplicación informática que permite consultar los datos de encargo y de necesidad docente de las áreas de conocimiento, así como el listado de profesorado distribuido por su docencia, todo lo cual supone que las direcciones departamentales puedan tomar sus decisiones de manera informada y al detalle.
También se ha creado un sistema transversal de consulta de plazas de profesorado, de tal manera que cualquier usuario puede obtener información sobre el estado de tramitación de estas plazas, optimizando la información disponible y reduciendo la carga laboral del personal de administración y servicios. También se ha desarrollado una herramienta web para realizar la auto baremación de las candidaturas.
Igualmente, se ha puesto en marcha un proyecto de acompañamiento al profesorado de nueva contratación, con un manual de bienvenida. Por otro lado, añadió la vicerrectora, se ha firmado convenio con el Servicio Canario de la Salud para establecer el concierto que regula la actividad del profesorado vinculado.
Por su parte, el gerente de la institución académica, Juan Manuel Plasencia, explicó al Consejo Social que después de la aprobación de precios públicos de los centros de alojamiento de la universidad para el curso académico en vigor, se modificó una ley autonómica que establecía la exención del IGIC a los colegios mayores, lo que hace que ahora las universidades tengan que repercutir sobre los usuarios ese impuesto. La universidad establecía un régimen de subvenciones al alumnado residente lo que suponía un pago de IGIC sobre el precio sin subvencionar y, por consiguiente, un elevado coste para este colectivo. Con la aplicación de una bonificación, aprobada por el Consejo Social, se logra que el IGIC se aplique al precio bonificado y, por tanto, suponga un menor coste para el alumnado.
El Consejo Social también acordó una modificación del reglamento que propone evaluación continua como el sistema preeminente de evaluación, si bien deja abiertas otras opciones. Es el caso del alumnado de quinta y sexta convocatoria, que puede renunciar a este tipo de examen. Pero se han detectado casos en los que esta opción resulta inviable dado que están finalizando el segundo cuatrimestre y no hay tiempo de cambio. Se señala así que la renuncia al examen por tribunal se debe realizar al menos con cinco días de antelación. Se trata, señaló el vicerrector de Calidad e Innovación Docente, Néstor Torres, que se trata de un perfeccionamiento de la norma basada en la experiencia.
El mismo vicerrector informó de la liquidación definitiva de los títulos propios de Asesoramiento Profesional en la Oficia de Farmacia y del Máster propio en Interpretación de Conferencias, ambos correspondientes al curso 2021/22 y toda vez que ya se han cerrado sendas ediciones.
La rectora, Rosa Aguilar, cerró la sesión plenaria señalando que hoy 30 de noviembre se celebra en la universidad la votación a renovación de representantes de alumnado al Claustro universitario, a la que están llamados casi 20.000 estudiantes. Como novedad, destacó que el voto es exclusivamente electrónico, lo que espera permita una mayor participación. Señaló igualmente que el Grupo Mixto del Parlamento de Canarias ha presentado una enmienda que incluye tres millones más de euros para cada universidad canaria y de esa manera paliar el déficit presupuestario de sendas instituciones para 2023.
La presidenta del órgano colegiado, Dolores Pelayo, dio finalmente cuenta del plan de actividades del Consejo Social y apeló a la colaboración de todos los miembros para llevar a cabo la apretada agenda de actividades prevista.
