El Gobierno de Canarias aprobó ayer, a propuesta de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, un decreto-ley con diversas medidas de carácter tributario y financiero, entre las que se encuentra la autorización a las universidades públicas canarias para que puedan utilizar sus remanentes de tesorería y hacer frente el incremento de los gastos provocado la inflación.
El decreto-ley precisa que estos centros académicos superiores “podrán financiar en 2022 el incremento de gasto en energía eléctrica, así como de los servicios y suministros cuando aumente el coste por la subida de precios”.
El Ejecutivo atiende de esta manera la petición trasladada al vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, por los equipos rectorales de las universidades de La Laguna y de Las Palmas de Gran Canaria. En sendas reuniones, se comprometió a estudiar una solución económica extraordinaria para cubrir necesidades perentorias por desajustes de su estructura presupuestaria.
La urgencia y necesidad de la medida deriva del incremento de tales gastos debido a la guerra en Ucrania y los cuellos de botella en las cadenas de suministros tras la crisis sanitaria originada por el Covid.
Precisamente, la norma aprobada hoy también prorroga hasta el 31 de diciembre de 2022 el tipo 0 del IGIC a la importación o entrega de determinados bienes para combatir los efectos del Covid-19, una medida que estaba autorizada hasta este próximo 30 de junio.
Nota de prensa cedida.
