Las relaciones internacionales siempre han sido cruciales para el devenir de las naciones, enmarcadas por el Derecho internacional, la diplomacia y, en el peor de los escenarios, la guerra. En el mundo contemporáneo, se han complejizado aún más si cabe, por la aparición de más agentes involucrados y la creación de múltiples organizaciones transnacionales.
La profesora Ruth Martinón Quintero, del Departamento Derecho Público y Privado Especial y Derecho de la Empresa de la Universidad de La Laguna, es una apasionada de este complicado mundo, a cuyo estudio se dedica desde su doble condición de licenciada tanto en Ciencia Política como en Derecho. Ella misma se refiere a la “rareza” de su currículo, pues la primera de las titulaciones la obtuvo en la Universidad Complutense de Madrid, la segunda, en la Universidad Nacional de Educación a Distancia y, posteriormente, el doctorado en la Universidad Carlos III.
Comenzó su carrera como politóloga, porque la beca de Formación de Personal Investigador que le permitió doctorarse estaba adscrita a un departamento de Ciencia Política. “Cambié a Derecho cuando regresé a Tenerife por razones personales. Conseguí trabajo en la empresa privada, en una universidad privada en la que impartía un montón de asignaturas tanto de Ciencia Política como de Derecho, y entré en la Universidad de La Laguna en el Área de Derecho Financiero. Llegado el momento, surgió la oportunidad de firmar una plaza aquí a tiempo completo y, por fin, pude centrarme en un área que de verdad era más afín a mis intereses”.
Su tesis doctoral versó sobre el cambio de las políticas públicas sobre drogas en España, asunto que a priori parece muy alejado de las relaciones internacionales. “Lo que pasa es que, curiosamente, esas políticas no solo en España, sino en los países de nuestro entorno, están profundamente influidas por el derecho internacional. La prohibición del tráfico e incluso del consumo de drogas tiene origen en tratados internacionales que empiezan a firmarse a principios del siglo XX. Existe un órgano llamado Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes con sede en Viena, que se dedica a vigilar que los estados cumplan”.
Soft Law
Martinón ha enfocado su carrera en el derecho de la Unión Europea, al cual califica de “muy específico” porque se trata de una organización internacional distinta a todas las demás, y también al Derecho Internacional, el cual regula las relaciones de todos los estados del mundo. Dentro de este último, se ha especializado en el Sistema Interamericano de Derechos. Sin embargo, lo que está ocupando a la profesora e investigadora estos últimos tiempos no tiene que ver con ninguna de esas dos áreas: el Soft Law (literalmente, “derecho débil”), un tipo de regulación que empezó a proliferar tras la Segunda Guerra Mundial consistente en acuerdos de ámbito internacional que no son normas en sentido estricto pero que, en algunos casos, tienen importancia junto a a los tratados y a la costumbre, que son las fuentes fundamentales del Derecho internacional.
“La sociedad internacional se ha complejizado tanto que esos instrumentos clásicos no son los adecuados”, explica Martinón. “Tras la Segunda Guerra Mundial, nacen y proliferan las organizaciones internacionales, que ahora nos parecen normales, como las Naciones Unidas, la UE, la Organización Mundial del Comercio, la Organización Mundial de la Salud… organizaciones que rara vez pueden dictar normas que sean jurídicamente vinculantes”.
Una segunda razón que apunta la experta es que, a partir de los años 60 del siglo pasado, se sumaron a la comunidad internacional los nuevos estados surgidos en África y Asia tras el proceso de descolonización, a los cuales “no les gustaba el derecho internacional que existía hasta ese momento”. Una de las formas para cambiarlo fue utilizando acuerdos como las resoluciones de conferencias internacionales o de la Asamblea General de la ONU, que serían ejemplos de Soft Law porque no son jurídicamente vinculantes. “Curiosamente, hay estudios que demuestran que las resoluciones de Soft Law se respetan casi igual que los tratados y el resto del derecho jurídicamente vinculante”.
Martinón apunta una tercera razón que explica la actual proliferación de este tipo de normativa: la aparición de nuevos actores privados en la escena internacional que quieren hacerse escuchar, regular sus relaciones o intervenir en las regulaciones: básicamente, las ONG y las empresas trasnacionales. “Las ONG intentan crear documentos que luego los estados acepten como derecho, y a veces lo han conseguido con tratados muy importantes. Otras veces son las empresas trasnacionales las que establecen regulaciones con independencia de los estados: es un derecho privado, pero internacional”.
¿Mercantilización de la ley?
Los estados y organizaciones internacionales con competencias para ello, como la UE, intentan que las empresas se sometan a su derecho para que cumplan normativas relacionadas con el medio ambiente o los derechos de los trabajadores. “Pero a veces no tienen poder para ello, se arriesgan a que esa empresa se vaya, perdiendo la inversión. Conviene recordar que hay empresas transnacionales cuya cifra de negocio es mucho mayor que el PIB de muchos estados del mundo; de hecho, si ordenamos a estados y empresas trasnacionales por ingresos, en los primero puestos hay más empresas que estados”.
La cuestión de fondo es doble: por un lado, la legitimidad para imponer normas y, por otro, la tensión entre lo público y lo privado. En líneas generales, se puede pensar que son legítimas las decisiones que afectan a toda la comunidad adoptadas desde el ámbito público, incluso si se trata de un estado no democrático, porque se presupone cierto interés por proteger lo común. El problema es que, efectivamente, existe una privatización de determinados ámbitos de las relaciones internacionales que, por supuesto, afecta al interior de los estados. “Al final, las empresas no trabajan en lo abstracto, en el vacío, lo hacen en estados donde hay ciudadanos, trabajadores, consumidores, etc. Ese es el problema que trato de abordar: la legitimidad de ese derecho (o no derecho, pero que funciona como tal), creado por actores no estatales para regular sus relaciones más allá de las fronteras”.
En este contexto surgen conceptos como el de Responsabilidad Social Corporativa, gracias al cual las empresas asumen voluntariamente ciertas responsabilidades sociales. “Pero muchas veces es una operación de marketing” y, por otra parte, no llega a cubrir todas las problemáticas. Al final, si un estado no desea que una empresa contamine el mar o cumpla con ciertos protocolos sanitarios cuando elabora alimentos, va a tener que legislar, no puedo dejar esas cuestiones en manos privadas. “Sin embargo, los estados no siempre quieren o pueden dar ese paso y lo dejan al ámbito de la autorregulación empresarial”.
Por ello, la experta reconoce que ya hace mucho tiempo que se habla de la pérdida de poder del estado soberano y su sustitución por el mecanismo del mercado. “Si pensamos en algo concreto como el cambio climático, nadie niega ya que tenemos un problema cuyo origen está en nuestra actividad. Ya sabemos que no vamos a alcanzar lo estipulado por el Acuerdo de París. Creo que la ciudadanía estaría de acuerdo en que debemos parar el calentamiento global (sobre todo teniendo en cuenta que la mayor parte de la población vive en países en vías de desarrollo que se van a ver gravemente perjudicados). Sin embargo, los intereses económicos no van por ahí porque son, por definición, cortoplacistas. Y está siendo muy difícil embarcarles en esa protección del medio ambiente”.
La UE está desarrollando mecanismos legales para que las empresas con sede en su territorio o que operen en él cumplan unos mínimos de respeto al medio ambiente, a los derechos humanos y a la gobernanza. Otro organismo que está tratando de hacer algo al respecto es la ONU, a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que serían un buen ejemplo de Soft Law. “Esos 17 objetivos son una especie de puesta en común de múltiples obligaciones internacionales de los estados en diversas materias. Aunque la Agenda 2030 en sí misma no es jurídicamente vinculante, muchas de sus metas son reconducibles a obligaciones que sí lo son a través de tratados”.
Derechos humanos
Otro ámbito temático que concierne a la jurista es la legislación sobre derechos humanos y, actualmente, está vinculada a dos proyectos financiados por el Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación: uno coordinado por la Universidad Carlos III de Madrid, que aborda los derechos humanos en el contexto del derecho global. Existe una gran interacción entre los tribunales internacionales que protegen derechos humanos, como la Corte Interamericana y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y los tribunales constitucionales o supremos, que también protegen los derechos fundamentales en sus respectivos estados. “Hay un diálogo global entre todos estos sistemas de protección de derechos humanos, al que se añade el sistema de protección de la ONU a través de comités”.
El segundo proyecto está liderado por Alicia González Navarro, del Departamento Derecho Público y Privado Especial y Derecho de la Empresa de la Universidad de La Laguna, y estudia la justicia y la sostenibilidad en su triple dimensión. “Mi función es investigar la relación ente pobreza y derechos humanos. Una de las vinculaciones detectadas es la dificultad de la población más empobrecida para acceder a la tutela judicial efectiva. No solamente por falta de recursos, sino de formación: hay países africanos con ciudadanos que que no saben hablar el idioma de los tribunales, porque en su tribu se habla X y el idioma oficial es el inglés, el francés o el swahili, y por ello no pueden plantear una demanda ante el sistema. O incluso por la lejanía física de los centros de administración de justicia de parte del territorio”.
Canarias y el Sahara
Durante la conversación mantenida, Martinón no quiere dejar la oportunidad de hablar de algunas investigaciones previas en las que ha tocado asuntos más relacionados con Canarias, siempre desde una orientación internacional. Uno de ellos es el siempre polémico derecho del mar. Marruecos no acepta la mediana que, de facto, existe entre las aguas canarias y su territorio, que está trazada justamente hacia la mitad del espacio entre ambas costas. “Marruecos cree que la mediana no es justa porque Canarias es más pequeña en relación a su territorio, por lo que pide utilizar un criterio de equidad, no de equidistancia”.
Como matiza la investigadora, esta polémica se ha reavivado recientemente ante los intentos marroquíes de legislar para ampliar su plataforma continental tras el descubrimiento de montes submarinos con presencia de las llamadas tierras raras que pueden tener un gran valor para el desarrollo de ciertas tecnologías. “Marruecos no tiene razón, con independencia de esta cuestión de la equidistancia, porque en esa pretensión se está apropiando de las aguas del Sahara Occidental, pese a la prohibición por parte de la ONU de que lo haga.”
Y hablando de la situación del Sahara Occidental, es un asunto que Martinón también ha podido abordar, y que es especialmente sensible en Canarias por una cuestión de vecindad e historia compartida. Lo más reciente en este conflicto es que el Gobierno español ha aceptado a través de una carta la propuesta marroquí de un referéndum diferente al ordenado por la ONU, el cual proponía elegir entre ser parte del reino alauita o ser independiente para constituir un nuevo estado. El referéndum propuesto por Marruecos sería para elegir el grado de autonomía del pueblo saharaui dentro del país.
“¿Por qué hace esto España? Hay diferentes respuestas. Creo que es porque al Gobierno le interesa llevarse bien con Marruecos por su papel fundamental en el control migratorio y de grupos terroristas. Cada vez que quiere tensar la cuerda, abre la frontera de Ceuta y Melilla o deja salir pateras hacia Canarias. Quienes defienden esta postura, afirman que los 200.000 saharauis potenciales merecen una salida mejor que ser perpetuamente refugiados y vivir en campamentos. El problema es que, si se les pregunta a ellos, parece ser que quieren ser peleando”.
Curiosamente, el Tribunal Supremo ha afirmado que España sigue siendo la potencia administradora del Sáhara Occidental, aunque el ejecutivo nacional no la acepta. “Hay parte de la doctrina que afirma la responsabilidad de España respecto al pueblo saharaui, porque antes de marcharse, tenía que haber garantizado su derecho de libre determinación antes de que marruecos entrara con la Marcha Verde”.
Por ello, según la ONU, el Sáhara es uno de los territorios en el mundo que siguen pendientes de descolonización, pero… ¿de Marruecos o de España? “Pues eso es una cuestión interesante… y no lo sé. Porque Marruecos no es potencia colonizadora, es potencia ocupante. Cuando nació la ONU, gran parte del planeta estaba sometido a un dominio colonial en el cual había unos protectorados regulados jurídicamente: había un derecho para administrar asa situación colonial, aunque al mismo tiempo decía que esa situación debe llegar al fin a través del derecho de autodeterminación. Cosa diferente es que un estado ocupe a otro, lo cual es contario al principio de inviolabilidad de las fronteras y al de soberanía de los estados”.
Martinón no es optimista cuando se le pregunta por una solución a este conflicto. “A ninguna potencia le interesa, e incluso la UE firma acuerdos de pesca con Marruecos utilizando las aguas del Sahara, y luego el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncia en contra porque Marruecos no puede firmar nada sobre aguas que no son suyas. Pero no olvidemos que Marruecos tiene como socios a Francia y EEUU, dos estados con asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU”.
Por ello, la experta no le ve solución legal y, por ello, países como España o Alemania están comenzando a aceptar la vía del referéndum según las condiciones marroquíes para, al menos, sacar a la población afectada de la precariedad de los campos de refugiados. “No es una solución legal que yo, como profesora de Derecho Internacional, pueda defender, pero si yo fuera saharaui, no tengo claro que dijese que no”.
Centro de Documentación Europa
Al margen de su actividad investigadora, Martinón es la actual directora académica de Centro de Documentación Europea ubicado en la Facultad de Derecho, a propuesta de su anterior responsable, la profesora ya jubilada Asunción Asín Cabrera, que fue la persona que logró que esta entidad dependiente de la Comisión Europea lograra una ubicación permanente en la institución académica tinerfeña en los años 80, una época en la que estos centros no eran tan frecuentes.
Martinón explica que el objetivo del centro siempre ha sido acercar la UE a los ciudadanos de sus estados miembros, con especial énfasis en la documentación oficial emanada de las instituciones comunitarias. Ahora, gracias a los recursos telemáticos, esa parte es una tarea relativamente sencilla, pero en aquellos primeros años sin internet, la recepción de los Boletines Oficiales de las Comunidades Europeas (que ahora se denominan Diario Oficial de la Unión Europea) en papel era fundamental.
Los centros de documentación son uno de los tres tipos de institución que la UE posee para esta labor de difusión social. Los otros dos serían, en primer lugar, los centros Europe Direct, que vienen a ser una entidad equivalente gestionada desde organizaciones públicas como, en este caso, el Gobierno de Canarias; y en segundo lugar, la existencia de expertos cualificados que actúan como informadores referentes en momentos puntuales.
El centro de la Universidad de La Laguna ha ofrecido siempre un buen servicio de acceso a la documentación y asesoramiento en cuestiones comunitarias no solo para universitarios, sino para profesiones del derecho y la ciudadanía en general. En los últimos años, bajo la gestión de Martinón, ha puesto especial énfasis en salir de la universidad y dar a conocer la UE a la sociedad mediante la organización de actos, seminarios, cursos y otras actividades abiertas al público. Un esfuerzo que la Comisión Europea valoró especialmente cuando renovó en 2018 el contrato firmado con el centro académico para mantener esta infraestructura.
Gabinete de Comunicación
