Tres grupos claustrales de alumnado y uno de profesorado solicitaron una sesión monográfica en el Claustro de la Universidad de La Laguna acerca de las medidas adoptadas por el centro académico ante la ola de calor sucedida el pasado mes de octubre, y que ha transcurrido hoy 14 de noviembre.
Se recuerda que el Rectorado de la institución decidió entonces seguir prestando su servicio público de educación superior, encomendando a los decanatos la adaptación de esta medida en función de sus circunstancias específicas. Este abanico de opciones de cada centro ha sido analizado hoy en la sesión plenaria, en la que también se recordó la corresponsabilidad solicitada a los centros ante eventualidades de este tipo. Con todo, la mayoría de los grupos claustrales recibieron de buen grado la idea de elaborar un protocolo de actuación conjunto, dado que fenómenos climáticos de este tipo se producirán cada vez con mayor asiduidad.
El rector, Francisco García, alegó que de inmediato se pondrán mano a la obra para elaborar este protocolo, bajo el asesoramiento de expertos en la materia, de tal forma que pueda servir también de referencia a la sociedad, en coherencia con la misión que debe tener toda universidad pública.
La vicerrectora de Sostenibilidad e Infraestructuras, Candela Díaz, señaló por su parte que la ola de calor habida puso en evidencia el estado de las infraestructuras universitarias, al tiempo que apuntó que resulta imprescindible la renaturalización de los campus y la continuidad de políticas de ahorro energético y de generación de energía a través de instalaciones fotovoltaicas.
Abel López, experto en cambio climático, durante la sesión.
Respecto a las actuaciones durante la ola de calor extrema de octubre, la vicerrectora aclaró que, aunque el rector tiene plena capacidad para decidir o no el cierre de la universidad, habitualmente esta decisión viene precedida de una recomendación de la Agencia Estatal de Meteorología. Sin embargo, añadió, el Gobierno de Canarias ordenó la suspensión de las actividades lectivas en los niveles preuniversitarios sin que mediara tal recomendación.
Teniendo esto en cuenta, los rectorados de las dos universidades públicas decidieron mantener la actividad lectiva, dejando margen a los centros para que esta decisión se adaptara a su contexto concreto, por lo que hubo un abanico de actuaciones que bascularon entre la normal apertura hasta el cierre total de la actividad, pasando por situaciones intermedias.
La vicerrectora sostuvo en este punto la pertinente elaboración de un protocolo de actuación, con la colaboración de grupos claustrales, entre otros agentes implicados, como los representantes de los/as trabajadores/as. En cuanto a la ausencia de fuentes de agua durante el periodo de calor extremo, explicó que ello fue debido a que se detectaron posibles deficiencias en alguno de los filtros lo cual podría generar problemas de salud, por lo que se decidió suspender el servicio, que fue retomado el 13 de octubre de forma progresiva y con las debidas garantías de calidad.
Candela Díaz explicó igualmente que se ha elaborado un estudio que eleva a 24 millones de euros la actualización de las infraestructuras, lo que no incluye su adaptación a la envergadura que supone el reto del cambio climático, precisó. A esta compleja circunstancia se une la obsolescencia de muchos edificios, de más de veinte años de antigüedad, lo que impide su plena adaptación.
En la sesión también intervino el experto en cambio climático Abel López, profesor del Departamento de Geografía e Historia, quien explicó a los miembros del Claustro en qué consiste este fenómeno y cómo va a afectar a Canarias.
Seguidamente, tuvieron lugar las intervenciones de los grupos claustrales. El grupo AEULL se preguntó por qué no se pasó a la docencia telemática durante la ola de calor y alegó que en la mayoría de aulas no existen sistemas de ventilación suficientes, con una media de estudiantes por aula mucho mayor que el de niveles preuniversitarios. Por su parte, Libertad Estudiantil tildó de apresuradas las decisiones tomadas y afirmó que el hecho de que cada centro adoptara sus medidas fue en su opinión errónea.
Asamblea Canaria de Estudiantes expresó su inquietud por haber mantenido las clases ante temperaturas tan elevadas. Para este colectivo no es ético ni legal exponer a los profesionales a estas circunstancias, como tampoco para el estudiantado, por lo que en su opinión, si bien era correcto mantener el compromiso con la continuidad del servicio público, se debería haber pasado a la modalidad online durante esa semana, al margen de los retos que deben ser abordados para lograr una universidad más sostenible.
Por su parte, el grupo claustral de estudiantes Nexo apeló a la puesta en marcha de un servicio de enfermería en centros universitarios, como sucede en etapas inferiores. Renovación Convergen, del profesorado, criticó la falta de capacidad de acción por parte de la universidad ante el episodio climático, ya que a su juicio cedió la responsabilidad a decanos y directores. Alabó el inicio de la redacción de un protocolo que aclare las formas de actuar ante episodios urgentes e impredecibles, y precisó que es necesario revisar las infraestructuras universitarias, al tiempo que consideró que ante estos hechos la posibilidad de llevar a cabo una docencia virtual no debe desestimarse, además de adaptar los edificios.
Por último, Programa Alternativo para el Profesorado sostuvo que la ola de calor nos puso a prueba, sin que fuéramos conscientes hasta ese momento del incremento de temperaturas al que estábamos asistiendo. Apelar a la responsabilidad de los centros y sus equipos directivos parecía lo más sensato y corresponsable en ese momento, señaló la portavoz, pero a ello se une el factor humano y el cúmulo de opiniones de uno y otro signo. Todo ello hace urgente, en su opinión, la elaboración de un protocolo de actuación común a todos.
