El Consejo de Gobierno ha dado su conformidad hoy 29 de noviembre al proyecto de presupuesto de la Universidad de La Laguna que, si bien en un inicio fue valorado y presentado al Claustro por 171.950.000 euros -lo que suscitó un enorme malestar dentro de la institución-, finalmente ha quedado fijado en 173.771.500 euros tras un acuerdo al que se ha llagado con el Gobierno de Canarias, lo que supone un 4,45% más de financiación con respecto a 2023.
La gerenta de la institución académica, Teresa Covisa, presentó el proyecto de presupuesto para cuya ejecución se han incluido varias líneas de modernización de la administración, simplificando procesos de incorporación de personal, mejorando el sistema de contratación pública y optimizando recursos para ofrecer un mejor servicio, dijo.
La responsable del estado de ingresos y gastos de la universidad comentó que al inicio del proceso de elaboración del presupuesto se partió de un aumento de 9.844.000 euros, que abarcaba el impacto del IPC sobre los grandes contratos o el abono de la Seguridad Social del alumnado en prácticas externas, así como la reclamación de los incrementos retributivos del profesorado. Ese escenario arrojaba en aquel entonces un presupuesto de 177 millones, en medio, eso sí, de unos condicionantes externos de máxima incertidumbre.
Finalmente, el documento quedó ajustado en 171.950.000 euros para el ejercicio de 2024, toda vez que fue conocido el presupuesto de la comunidad autónoma. Ahora, tras la negociación de las dos universidades públicas con el Gobierno de Canarias para intentar revertir esta situación, el rector y la propia gerenta anunciaron hoy en el Consejo de Gobierno la aprobación de una enmienda parcial que permitirá contar finalmente con 173.771.500 euros, lo que ha supuesto un aumento de 6,8 millones que, sin ser el escenario ideal, sí supone un alivio para las cuentas anuales.
Covisa señaló que seguirán trabajando para obtener una financiación plurianual a través de un contrato programa que permita contar con un escenario de mayores certezas. Por su parte, el rector agregó que el incremento del 4,5% es escaso, “sigue siendo un presupuesto de mínimos”, lo que no es óbice para que la propia universidad realice esfuerzos por gestionar y optimizar mejor sus recursos. “Tengo muy claro que la financiación básica de nuestra institución tiene que venir de lo público, pero también es pertinente buscar fuentes alternativas para una mayor expansión”.
En la sesión plenaria de hoy, la jefa del Servicio de Inspección del centro académico, Laura Leal, adelantó el plan de trabajo anual previsto para 2024, explicando en primer lugar que esta unidad promueve la mejora del funcionamiento de la universidad, y uno de sus papeles claves es la supervisión de los servicios y unidades, haciendo propuestas de mejora.
Así, en este curso académico se supervisará el Grado de Turismo impartido en las escuelas adscritas de Puerto de la Cruz y Santa Cruz de Tenerife, así como el Negociado de Becas, englobado dentro del Servicio de Estudiantes y Servicios Generales. Este servicio también produce la emisión de informes, no solo los emanados de la supervisión, sino otros derivados de expedientes informativos y unos terceros derivados de denuncias y solicitudes en general.
Transferencia tecnológica
El vicerrector de Investigación y Transferencia, Antonio Aparicio Juan, presentó ante el órgano colegiado una propuesta de creación de una empresa spin-off asociada a una invención generada en la universidad y con grandes posibilidades de transferencia al sector productivo y, por tanto, de comercialización. Se trata de MITO SL, propuesta por el profesor contratado doctor Gonzalo García Silvestro, que consiste en un método inhibidor de la corrosión de metales.
En opinión del vicerrector, se trata de una muy buena noticia, para cuya aprobación final hará falta ahora el concurso del Consejo Social, y que tiene un “grueso calado en el contexto de la transferencia de la investigación”. Aparicio Juan sostuvo que ahora mismo estamos en el punto de trasvase de la investigación básica hacia las pruebas de concepto concretas que dan lugar a la comercialización del producto.
La iniciativa cuenta con el apoyo del fondo de inversión de Science Equity. Se trata, señaló, de una gran oportunidad para valorizar la tecnología, comercializarla, profesionalizar la compañía y obtener retornos tanto de royalties por el acuerdo de licencia, como de porcentaje de venta de la compañía al participar la universidad en el capital social.
Adicional al valor económico directo, añadió, la transferencia a través de la creación de la spin-off permitirá la generación de empleo de calidad, la creación de industria en la zona y, seguramente, sea un aliciente para otros investigadores e investigadoras a la hora de explotar sus invenciones.
En otro orden de cosas, el Consejo de Gobierno dio su visto bueno a la implantación del Máster Universitario en Tecnología Cuántica, de 60 créditos y totalmente online, que se impartiría a partir del curso 2024/25, con la participación de siete universidades bajo la coordinación de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
El vicerrector de Personal Docente e Investigador, Alfonso Ruiz, presentó la Oferta de Empleo Público (OPE) correspondiente a 2023, que asciende a un total de 102 plazas, y sobre la que se ha aplicado el 120% permitido de la tasa de reposición. La OPE supone pues la convocatoria de 30 plazas de titulares de universidad, 5 de titulares de universidad con certificación I3/R3, 46 de profesorado permanente laboral y 11 de profesorado permanente laboral I3/R3, además de la promoción de 10 plazas de catedrático de universidad.
El documento aborda criterios ya validados como la cobertura de todo el profesorado que haya sido acreditado a los cuerpos docentes universitarios hasta el 21 de noviembre, así como la reserva del 15% para el programa de excelencia Ramón y Cajal y otros similares, dentro del acuerdo de estabilización de investigadores. También se ha acordado la convocatoria de 20 plazas de profesorado permanente laboral para cubrir a todo el profesorado ayudante doctor acreditado a contratado doctor que haya cumplido los tres años de contrato en 2023, así como 26 plazas de profesorado permanente laboral. Igualmente se ha cerrado la reserva para personas con discapacidad que, según la norma, se fija en un mínimo del 7%.
