Los 84 vicerrectores y vicerrectoras con competencias en asuntos estudiantiles han remitido recientemente una carta al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luís Escrivá, advirtiendo la posibilidad de que, con la entrada en vigor el próximo 1 de octubre, del Real Decreto-ley 2/2023, recaiga en las propias universidades la obligatoriedad de cotizar a la Seguridad Social por el alumnado en prácticas académicas externas, si las empresas no pueden asumirlo.
Las universidades públicas canarias, como el resto de centros de educación superior españoles, indican que esta nueva obligación supone un gran problema para las instituciones educativas, ya que deben gestionar un elevado número de prácticas para garantizar la formación del estudiantado.
En la misiva remitida al ministro se señala que, pese a que el real decreto establece que la obligación de la cotización recae en la empresa o institución receptora de los estudiantes, las universidades se están viendo abocadas a asumir la cotización de prácticas no remuneradas, con el fin de garantizar que los y las estudiantes universitarios puedan graduarse.
Esta situación se debe a que las entidades públicas, donde se realiza el 60% de las prácticas, están solicitando la firma de adendas que incluyan una cláusula especificando que la universidad es responsable de la gestión y el gasto correspondiente. Además, los centros educativos superiores temen que las empresas privadas se sumen a esta solicitud.
Por eso, las universidades solicitan el desarrollo de una plataforma para poder llevar a cabo la carga de datos necesaria para el proceso de cotización de forma masiva y que permita limitar la carga burocrática. Además, también creen necesario la puesta en marcha de una metodología de altas y bajas simplificada y basada en los estándares de prácticas de los planes de estudio oficiales que todo el estudiantado debe superar como créditos del título oficial.
Los vicerrectorados concernidos consideran igualmente necesario dotar de los recursos necesarios para gestionar las altas, bajas y control de días de prácticas, así como la asignación de un presupuesto económico para los próximos cursos académicos para este fin, que no han estado disponibles en 2023.
Por otro lado, les preocupa que desde la publicación de este Real Decreto-ley no han recibido ninguna comunicación ni instrucciones claras desde el ministerio en relación con el procedimiento que deben seguir. Por todo ello, solicitan con urgencia que se arbitren los instrumentos jurídicos necesarios para demorar un año la entrada en vigor de dicha norma. Además, en dicho período, deberían también adoptarse las medidas oportunas para garantizar que la bonificación alcance al 100% de la cuota de forma permanente o en su caso este coste sea asumido por parte de las entidades.
