La rectora de la Universidad de La Laguna, Rosa Aguilar, fue elegida por la Conferencia de Rectores y Rectoras de Universidades Españolas (CRUE) para moderar uno de los debates convocados ayer, miércoles 18 de enero, por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 acerca de los avances en transición ecológica justa.
La ministra Ione Belarra abrió el acto.
La sesión fue abierta por la titular del ministerio, Ione Belarra, quien definió esta cita como un “revulsivo contra aquellos que tratan de convencernos de que todo está escrito”, y añadió que Agenda 2030 supone una ruptura de esa distopía. La ministra dijo que no se han escudado en la difícil situación económica del país para no aplicar los ODS, sino que, antes al contrario, la agenda se ha convertido en hoja de ruta.
Seguidamente tuvo lugar la presentación de los principales avances del Informe Progreso 2022, a manos de la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Lilith Verstrynge, quien afirmó que este documento analiza la evolución del país frente a los principales retos sociales y económicos. La protección de la ciudadanía de las consecuencias de la crisis se ha reflejado en el texto, a través de una importante inversión en protección social, pese a que las tasas de exclusión y pobreza siguen siendo sustanciales, explicó.
Verstrynge indicó que el catálogo de nuevos avances sociales ha supuesto un incremento de la igualdad, así como las políticas sobre derechos que atacan la precariedad laboral y las relacionadas con la familia. Finalmente, se habla en el documento de una transformación sostenible del modelo productivo, reduciendo aún más la brecha fiscal para proteger a los más vulnerables, implementando políticas que aborde la cuestión generacional y los retos a los que se enfrentan los jóvenes.
En la mesa de debate moderada por Rosa Aguilar participaron Elena Pita, directora de la Fundación Biodiversidad, adscrita al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; Juan
Lilith Verstrynge, secretaria de Estado para la Agenda 2030
Pedro Yllanes, vicepresidente y conseller de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática del Govern de Baleares; Concepción García, de la Secretaría Confederal de Ecologistas en Acción y Vanessa Millán, concejala de Transición Ecológica y consejera delegada de Rivas Vaciamadrid.
La rectora de la Universidad de La Laguna abrió el debate, al que asistieron numerosos consejeros de gobiernos autonómicos además de agentes de la sociedad civil, indicando que no solo se habla del necesario impulso a las energías renovables, a la descarbonización o a la economía circular, “sino que la propia transición ecológica supone también un cambio de modelo productivo más holístico, que afecta a la competitividad y que también suponga empleo de mayor calidad, a través de una transformación tecnológica de los procesos productivos”.
Pita, de la Fundación Biodiversidad, destacó el paquete de medidas energéticas llevadas a cabo en este tiempo, otras de turismo sostenible o de agenda urbana, incluyendo los derechos para la mujer. “La complejidad es hacer llegar todos estos avances al modelo territorial y con un sector productivo que esté dispuesto a reportar”, señaló. Es necesario un cambio cultural, aunque se haya producido un gran avance en gestión de residuos y en el paquete l
egislativo y estratégico, tanto nacional como internacional. “Tenemos que atacar las causas de la pérdida de biodiversidad, al tiempo que analizar los nuevos yacimientos de empleo asociados a la transición ecológica”.
Juan Pedro Yllanes, del gobierno balear, se centró en la necesidad de lograr una soberanía energética en la región, que pasa por una mayor producción de renovables y que de hecho se ha multiplicado por tres, aunque sigue siendo escasa. “Reclamamos el derecho de los ciudadanos a generar su propia energía” a través de la creación de comunidades energéticas y del autoconsumo. En cuanto a los retos, la mayor fuente de emisiones de gases de efecto invernadero está relacionado con el turismo, que a su vez aporta el 50% del PIB regional. “El sector turístico tiene que implicarse en la descarbonización y en el ahorro energético”, sostuvo.
Por su parte, Vanessa Millán, del municipio madrileño de Rivas Vaciamadrid, señaló que en los retos de su localidad implican a toda la ciudadanía, facilitando la socialización entre comunidades. Huertos urbanos, composteras comunales, reciclaje, proyectos de emprendimiento agrario y ganadero, además de la instalación de placas fotovoltaicas todos los colegios, fueron algunos de los elementos destacados por Millán. El reto del ayuntamiento es generar su propia agenda urbana, con servicios descentralizados, de cercanía y
hacer una ciudad más vivible, relató.
Concepción García, de Ecologistas en Acción, apuntó que echa en falta más ambición, pese a un contexto global tan complicado, dijo. “Estamos en un capitalismo cada vez más voraz que no ayuda a desarrollar procesos ecológicos justos. Se trata de un desmoronamiento de un sistema económico y social, para lo que se impone una nueva organización de la vida”, afirmó. La ecologista afirmó que hablar de transición ecológica justa significa hablar de desigualdad social, de pobreza y de exclusión social, por lo que abogó por trabajar de forma más transversal estos aspectos.
