La evidencia empírica es contradictoria y no conclusiva a la hora de evaluar el efecto de la ayuda internacional sobre el crecimiento económico, y de hecho se ha observado que ésta puede favorecer la corrupción. Un artículo de los economistas de la Universidad de La Laguna Carlos Bethencourt Marrero y Fernando Perera Tallo, publicado en Southern Economic Journal, analiza cómo la ayuda internacional puede ser beneficiosa para el desarrollo de los países que la reciben, permitiendo que estos inviertan en bienes públicos productivos, pero también puede resultar contraproducente si lo que promocionan es la corrupción.
En el texto se valoran distintas políticas y estrategias para evitar el fomento de la actividad ilícita que puede ir aparejada a la ayuda internacional y que conllevaría consecuencias negativas para el desarrollo económico, haciendo la ayuda internacional totalmente contraproducente. Esto último puede ocurrir especialmente en países con instituciones débiles, incapaces de prevenir y desincentivar la corrupción, resaltan los investigadores.
Para entender este fenómeno los economistas de la Universidad de La Laguna han desarrollado un modelo matemático en el que la producción agregada depende de la dotación de bienes públicos, como, por ejemplo, infraestructuras de transporte tales como autopistas, puertos o trenes. Los bienes públicos se financian a través de impuestos o de ayuda internacional. No obstante, hay empresas que corrompen trabajadores públicos (o políticos) para adjudicarse proyectos públicos con sobreprecios, explican. Este tipo de prácticas hace que los bienes públicos sean artificialmente más caros y más difíciles de financiar para el estado. La corrupción reduce en este caso la provisión de bienes públicos, lo que tiene efectos negativos sobre el crecimiento económico.
Cuando un país recibe ayuda internacional hace que el estado tenga más recursos para financiar la creación de bienes públicos, continúan los expertos. No obstante, la ayuda internacional tiene un efecto nocivo: incentiva la mala praxis. Al haber más dinero para proyectos públicos, también hay más beneficios potenciales para las empresas corruptas, que ofrecen más recursos para el soborno y obtener así proyectos con sobreprecios que le generen beneficios.
De hecho, en el trabajo se demuestra que la ayuda internacional favorece el crecimiento económico cuando es menor que un cierto umbral. No obstante, cuando se sobrepasa, el efecto de incentivar la corrupción es más fuerte que el de proveer más recursos estatales para financiar los bienes públicos. Por tanto, la primera recomendación de política económica sería no dar una cantidad excesiva de ayuda internacional que pueda generar incentivos a la corrupción.
No obstante, este umbral varía según los países. En particular, depende de la calidad institucional del país, que podría definirse en este contexto como la capacidad del país en desincentivar o prevenir la corrupción. Cuanto mayor sea la calidad institucional de un país, menos plausible es que el efecto incentivador de la corrupción prevalezca sobre los efectos positivos de la ayuda internacional. Teniendo esto en cuenta, los investigadores concluyen que no todos los países deben de recibir la misma ayuda internacional.
Con todo, se genera una paradoja: aquellos países más corruptos y con instituciones más débiles, que de por sí son los más pobres, deben de recibir menos ayuda internacional que otros países con instituciones mejores y por tanto más ricos. Para resolver esta situación, la única solución es que para aquellos países en que las instituciones sean débiles se condicione la ayuda internacional a reformas institucionales previas, proponen Bethencourt y Perera.
El trabajo también analiza posibles políticas que reduzcan la corrupción. Una de ellas sería aumentar el sueldo de los trabajadores públicos, lo que redundaría en que el coste de oportunidad de aceptar sobornos y la posible sanción en caso de ser descubiertos aumentara, desincentivando la corrupción. Otro tipo de políticas sería de tipo punitivo, aumentando el control de los empleados públicos para aumentar la probabilidad de ser descubiertos. No obstante, este tipo de políticas son costosas y sólo serían beneficiosos cuando no se sobrepasara un cierto límite que dependería de la cuantía de la ayuda internacional.
Finalmente, el estudio trata de cómo la condicionalidad de la ayuda internacional a la realización de políticas anticorrupción puede inducir al país receptor a implementar políticas anticorrupción. En este sentido, la coordinación de distintos países donantes para exigir la puesta en marcha de políticas anticorrupción haría que estas naciones tuvieran más poder de negociación, mejorando sustancialmente los efectos de la ayuda internacional en los países receptores.
