La Universidad de La Laguna ha reactivado su ciclo ULL-Debates, una iniciativa para analizar temas de interés social a través de la confrontación de ideas de diversos expertos y expertas y la propuesta de soluciones de mejora. La edición que abrió ayer 2 de octubre el nuevo curso académico se centró en una interesante propuesta: los problemas de alojamiento que sufren los universitarios para encontrar vivienda en la zona metropolitana.
La sesión, moderada por el periodista Chema Blanco, comenzó con un video elaborado por el Gabinete de Comunicación sobre casos de alumnado que ha experimentado muchas dificultades para encontrar residencia en la ciudad, con casos de estafa incluidas. Así varios estudiantes tuvieron que optar por trasladarse a municipios más alejados, con los consiguientes problemas de tráfico en los trayectos de ida y vuelta, o alojarse, de forma provisional, en casa de familiares, hasta encontrar otro lugar más óptimo. La cinta también daba cuenta de estudiantes de otras islas o de la Península que finalmente tuvieron que desistir de matricularse en esta universidad, debido a la misma situación.
Alejandro Armas, geógrafo.
“Desde el momento en que la vivienda se convierte en un bien especulativo entramos en un problema”, aseguró Alejandro Armas, profesor ayudante doctor del Departamento de Geografía. De hecho, destacó que la búsqueda de alojamiento se ha convertido en un hecho dramático, agravado por el proceso de incorporación de la actividad turística a los núcleos urbanos y la gentrificación de las ciudades, desplazando a los jóvenes que no pueden permitirse los precios de estos alquileres.
Así lo atestiguó el numeroso público joven congregado en la sala de juntas de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo, quienes comentaron que los grupos de chats en busca de vivienda son muy habituales y desesperantes. Otros sin embargo alabaron la política social de la universidad en esta materia, que procura alojamiento en sus cuatro colegios y residencias a los estudiantes con menos recursos, para quienes, de otra manera, sería imposible que cursasen estudios universitarios.
El geógrafo, que señaló que la producción de vivienda en Canarias se ha basado en crear viviendas vacías, ofreció en el debate varias posibilidades utilizadas por otras universidades para atajar este problema. Es el caso del servicio de acompañamiento jurídico en la búsqueda de alojamiento, asegurando ciertas garantías para los estudiantes, o la opción de compartir alojamiento con personas mayores solas, apuntó.
Sin soberanía sobre el suelo
María Tomé, urbanista que intervino online, fue muy tajante en señalar la situación crítica en la que se encuentran los universitarios y universitarias, a los que se le dificulta el acceso a la universidad pública por falta de vivienda. Existe un “bombardeo de inversores extranjeros” que están comprando vivienda en Canarias, “frente a la falta de una política más valiente”, dijo. “Hemos perdido la soberanía del suelo, que descansa en personas que no residen en las islas”.
Tomé apuntó que no solo se trata de hacer más vivienda, sino de proponer nuevos modelos de alojamiento para nuevos modelos de sociedad. “Es urgente blindar el suelo de Canarias, tanto el construido como el que no”. La urbanista defendió ser muy críticos con los que no suman al bien común, y por eso repasó las convocatorias nacionales y regionales de manifestaciones para pedir la bajada de los alquileres y nuevas opciones de habitabilidad en las ciudades. “Los jóvenes no podemos financiar el sobresueldo de los que han nacido en familias pudientes y tienen viviendas para especular”, sostuvo, al tiempo que invitó a la universidad a que se sume a esta petición de cambio.
Concepción Brito, presidenta de la Fecam.
Concepción Brito, presidenta de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), explicó en su intervención que muchos de los problemas del municipalismo se regulan en el Parlamento, y que la capacidad de actuar desde los pueblos y ciudades es muy corta. Añadió que la población está concentrada en las dos capitales canarias, además de Telde (Gran Canaria) y Arona (Tenerife). “Es decir, 46 de los 48 municipios no llegan a los 20.000 habitantes, lo que significa que suelo y territorio donde poder vivir sí hay”. Con todo, estuvo de acuerdo con que hay que conciliar la construcción de vivienda con otras medidas; “estamos sufriendo una falta de planificación en esta materia en todas las administraciones”.
Dado que no se ha apostado por la vivienda pública, las soluciones están en la vivienda ya construida, en medio de un mercado donde el alquiler está muy tensionado, añadió Brito. Interpelada por los estudiantes acerca de la capacidad de los municipios de tomar cartas en el asunto, la también alcaldesa de Candelaria explicó que la falta de normativa impide a los municipios intervenir en el cambio de modelo de vivienda habitual que pasa a turística, “que es una decisión unilateral sobre la que los ayuntamientos no podemos hacer nada. Necesitamos además herramientas para dotar de
Rosario Hernández, vicerrectora de Estudiantes.
equipamiento y usos públicos pertinentes al suelo municipal”.
Rosario Hernández, vicerrectora de Estudiantes, describió los cuatro centros de alojamiento de los que dispone la Universidad de La Laguna. La capacidad económica de los solicitantes, la insularidad y el rendimiento académico son criterios básicos para la adjudicación de las 550 plazas totales, frente a las más de 1.400 solicitudes recibidas en este curso. Señaló que se deja siempre una pequeña reserva de plazas, que se ha cubierto ahora con alumnado de programas extracomunitarios. Se trata, como ya se señaló, de un sistema de residencia de marcado carácter social que, aunque cumple sobradamente sus funciones, es insuficiente.
Elías Falcón, presidente del Consejo de Estudiantes.
Por último, Elías Falcón, presidente del Consejo de Estudiantes, apuntó que el alquiler ha subido en Canarias en los últimos 10 años más de un 140%. Las ayudas del gobierno regional excluyen a los que no están empadronados en el municipio, “con lo que deja fuera a la mitad de los estudiantes, que no están dispuestos a perder las ayudas de sus cabildos insulares”. En su opinión, la declaración de zona tensionada no afectaría a la situación del alumnado, que seguiría pagando, de una manera u otra, los altos alquileres, dijo, por lo que el apoyo de los cabildos resulta crucial. “Las administraciones y las universidades tienen que aumentar la oferta pública de plazas”, indicó, y apuntó la idea de igualar los precios de la vivienda vacacional con los de los hoteles, para que no resulten tan atractivas las primeras.
