¿Es sostenible la justicia? Esta es la pregunta que se hace la docente de la Universidad de La Laguna Alicia González Navarro, profesora titular del área de Derecho Procesal, junto a una serie de colaboradores de otros centros académicos. Y es que desde hace décadas se suscitan interrogantes en torno a la justicia y a los problemas que, quizás de forma crónica, padece aquélla: dilaciones que son ya seña de identidad de algunos órdenes jurisdiccionales o la eterna insuficiencia de medios personales y materiales.
‘Sostenibilidad ambiental, social y económica de la justicia. Retos de la Agenda 2030’ es pues un proyecto aprobado por la Agencia Estatal de Investigación en el marco del Programa Estatal para Impulsar la Investigación Científico-Técnica y su Transferencia, que lidera la propia profesora y en el que colaboran investigadores de distintos ámbitos del saber y de diferentes universidades españolas y alemanas. Con una financiación de 63.000 euros, se extenderá su desarrollo desde septiembre de 2022 hasta agosto de 2025.
“A este interrogante intentamos dar respuesta desde un enfoque novedoso, mediante el que no solo abordaremos esta cuestión, sino que además analizaremos tanto si es sostenible nuestra administración de justicia como los cambios que deberán tener lugar para que la justicia española pueda cumplir con los retos de la Agenda 2030”, explica González Navarro. El este estudio se llevará a cabo de manera transversal, ya que no solo abordará la sostenibilidad ambiental, sino que el proyecto pivota sobre tres ejes distintos, como son la sostenibilidad económica, social y ambiental de la justicia.
Por ello, dentro de este proyecto de generación de conocimiento el equipo de investigadores e investigadoras plantea tres objetivos generales, en los cuales, a su vez, se contienen los objetivos específicos. Así, en cuanto a la sostenibilidad económica de la justicia, se abordarán temas como la gestión eficiente y automatizada de los recursos judiciales y la inteligencia artificial, el recurso a los medios alternativos de resolución de controversias, el estudio de los denominados procedimientos testigo o la justicia para la transformación económica.
El grupo de investigación
En lo relativo a la sostenibilidad ambiental, el proyecto de investigación indagará en aspectos como los edificios judiciales ambientalmente sostenibles, la digitalización, los programas de cumplimiento ambiental, la justicia restaurativa ambiental, las asociaciones de protección del medioambiente como grupos vulnerables y los procesos eficientes en materia medioambiental.
Y sobre el tercer eje, al sostenibilidad social de la justicia, engloba materias como la igualdad en las más altas instancias judiciales, la formación continuada con perspectiva de género, seguridad y salud laboral, sostenibilidad de la administración de justicia y participación de su personal en el logro de dicho objetivo, el acceso y obtención de justicia con perspectiva de género, la justicia sostenible para las personas con discapacidad, para personas inmigrantes y, en particular, los menores extranjeros no acompañados y la dificultad en el acceso a la asistencia jurídica y letrada.
“Centramos la investigación en obtener resultados que tendrán, por un lado, un impacto científico-técnico, en la medida que pueden conducir a la elaboración de propuestas de cambio legislativo, y, por otro lado, la de un marcado impacto social y económico materializado en la mejora del bienestar de las personas”, asegura la experta de la Universidad de La Laguna.
El equipo de trabajo es multidisciplinar, en la medida que se trata de investigadores provenientes no solo del campo del Derecho (civil, mercantil, penal, internacional público, administrativo, financiero, laboral, procesal, filosofía del derecho), sino también del mundo de la economía y de la informática. Todos ellos pertenecen a un numeroso grupo de universidades españolas, como son, además de la Universidad de La Laguna, Complutense de Madrid, Alicante, Burgos, Castilla La Mancha, Valencia, Pontificia de Comillas, Salamanca, Málaga, Rovira i Virgili y la Universidad Nacional de Educación a Distancia, así como también dos universidades alemanas (Leipzig y Hamburgo). A todas estas universidades se unen también profesionales del mundo de la práctica, como magistrados, fiscales, letrados de la administración de justicia, abogados, informáticos al servicio de la administración de justicia.
Los investigadores están trabajando en la web del proyecto, que ya pueden consultar.
