Los profesores Ángel Llanos Castro y Julio Rijo Muñoz, de los departamentos de Derecho Constitucional, Ciencia Política y Filosofía del Derecho, por un lado, y de Derecho Público y Privado Especial y Derecho de la Empresa, por otro, han publicado su estudio “Protección del territorio en las RUPs: El caso de la Ley del Suelo de Canarias”, en el último número de la Revista Canaria de la Administración Pública, editada por Tirant lo Blanch bajo la coordinación del Gobierno de Canarias.
Este trabajo aporta la visión desde la Ciencia Política y de la Administración, en equilibrio con la perspectiva jurídica, sobre las debilidades y fortalezas que ha tenido la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias tanto en su tramitación, como en los fundamentos teóricos en los que se basó y la propia estructura legislativa de su contenido, que acumula ya una decena de modificaciones.
Los autores, que contaron con la colaboración científica del catedrático de Derecho Administrativo Francisco José Villar Rojas, del catedrático de Proyectos Arquitectónicos Juan Manuel Palerm Salazar y del profesor de Derecho Constitucional Santiago Pérez García, contextualizaron el proceso de aprobación de la Ley del Suelo de Canarias, comparando estudios precedentes y valorando entrevistas semiestructuradas realizadas en los primeros años de vigencia del texto a actores directamente relacionados con la propia Ley, tanto en relación a su redacción y ejecución, como en cuanto a su visión crítica.
Las principales conclusiones de la investigación son que la Ley del Suelo de Canarias se aprobó por dos votos más de la mayoría necesaria y quienes se opusieron a ella fueron responsables de ejecutar durante cuatro años un texto en el que no creían. En la planificación territorial, subrayan los investigadores, la falta de consenso político es especialmente delicada, ya que las políticas sobre el suelo son de largo recorrido y, muchas veces, sin vuelta atrás.
Además, la Ley ha supuesto una importante ordenación de la abundante legislación existente sobre el suelo y los espacios naturales protegidos tras un exceso productivo normativo durante 35 años. Además, la Ley ha simplificado los planes de ordenación y ha flexibilizado las actuaciones en suelo agrícola; pero eliminó la Ley de Directrices de 2003 de la realidad canaria, hasta el punto de que se especificó la anulación de su memoria, pese a que su valor jurídico era relativo y, sin embargo, su valor académico sí que era realmente notable.
Asimismo, la Ley, pese a su solvencia teórica, ha suavizado los controles de legalidad en aras a una hipotética mayor agilidad gestora, adoleciendo de la perspectiva de la experiencia técnica en la gestión de la Administración, ya que algunos de sus preceptos han sido de difícil cumplimiento. Los plenos locales se convirtieron en juez y parte en la tramitación de los planes de ordenación, argumentan los autores, perdiéndose independencia fiscalizadora administrativa a la hora de valorar su adecuación a la legalidad, previa a la actuación de los Tribunales de Justicia.
Por otro lado, el estudio concluye que la Ley presumió de la independencia de los ayuntamientos para tomar sus decisiones como argumento para que aprobaran definitivamente sus planes generales de ordenación. Pero se estableció una excesiva capacidad discrecional del Gobierno de Canarias y de los Cabildos con los proyectos de interés singular.
Finalmente, los autores concluyeron que ha sido un documento necesario, caracterizado por su ambición y solvencia teórica, y que ha generado destacados avances en el planeamiento canario. Pero ha resultado insuficiente para las necesidades del archipiélago, pues quedan elementos importantes por abordar (en especial, los relacionados con el suelo rústico y la actividad turística), y no ha promovido la democracia participativa.
