El Aula Magna de la Facultad de Física y Matemáticas de la Universidad de La Laguna acogió hoy lunes 28 de marzo una mesa redonda sobre gobernanza universitaria, organizada por los consejos sociales de las dos universidades públicas canarias. En ella participaron Antonio Castellá, secretario general de Universidades de la Generalitat de Cataluña; Francesc Solé, vicepresidente de la Fundación Conocimiento y Desarrollo; y Julio Revilla, vicepresidente primero de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Públicas de España. El debate estuvo moderado por Juan José Martínez, director general de Universidades del Gobierno de Canarias. Los tres expertos consideraron que el modelo de dirección de la universidad española debe cambiar sustancialmente hacia una gestión más profesionalizada, pero para ello hace falta un salto cualitativo en financiación.
El primero en intervenir fue Julio Revilla, quien señaló que las universidades están obligadas a acometer cambios estructruales en la gobernanza universitaria, un tema tabú que hasta hace poco parecía que atentaba contra la autonomía universitaria. “Hay una exigencia social de que se ha de mejorar la eficacia y la rendición de cuentas de las universidades, que tienen debilidades clarísimas en su gobierno”.
Las universidades, para ser motor de transformación social, deben cambiar, señaló el ponente. “El modelo actual es inadecuado por el propio sistema electoral de los órganos unipersonales, que generan relaciones clientelistas con el electorado”. Por otra parte, Revilla apuntó que los órganos colegiados generan dilación en la toma de decisiones, y además cuentan con capacidades limitadas. “Hay veces que no hay conexión con centros y departamentos, y muchas veces tampoco con la entidad autonómica que nos financia”, apostilló.
En el diagnóstico elaborado por Revilla destacó asimismo que los planes estratégicos de las universidades no están muchas veces en consonancia con los cambios que se le solicitan a la propia universidad. “Se aprueban y luego nos olvidamos de ellos”, señaló. Alabó el modelo canario de control interno, ya que son los consejos sociales los que tienen la potestad de nombrar y controlar la intervención. “Que la capacidad auditora recaiga en estos órganos es muy positivo, si bien es verdad que a su vez los consejos sociales también deben contar con estructuras adecuadas y gente proactiva entre sus miembros”.
Revilla criticó el hecho de que en ocasiones los procesos electorales provocan el cambio en los modelos de gestión, y apuntó que es necesario reformas estructurales para dar mayor operatividad a la toma de decisiones y planes estratégicos que no dependan de los equipos de gobierno, sino que continúen en el tiempo.
El experto hizo hincapié en los cambios habidos en universidades europeas ya se ha potenciado la rendición de cuentas, con una mayor flexibilización de la gestión y mecanismos estandarizados de transparencia. “Hay que fortalecer los órganos de dirección, con la profesionalización de la gestión y la introducción de personal externo”, al tiempo que es oportuno reducir órganos de gobierno y separar la dirección académica de la gestión, alegó.
Por su parte, Antoni Castellá, secretario general de Universidades de la Generalitat de Cataluña, comentó que en su comunidad se está debatiendo el modelo de dirección de las universidades, en el sentido de clarificar responsabilidades entre consejos sociales y consejos de gobierno. En su opinión, lo ideal sería tener un único órgano donde estén representados el ámbito académico, civil y parlamentario, con competencias muy claras en financiación, elección del rector, normativa, etc. La misma comisión de estudio está analizando la elección del rector, que recalcó que no es lo más esencial, pero que, en cualquier caso, siempre debe ser un académico. También parece oportuno dotar de autoridad a los equipos de gobierno y evaluar el desempeño, añadió.
Castellá agregó que la vía contractual es muy importante, en el sentido de contratar excelencia y contar así con los mejores docentes, lo que debe ir acompañado de programas de movilidad. El secretario general de Universidades también destacó la importancia de compartir recursos y así ahorrar gasto y como ejemplo puso el caso del consorcio de bibliotecas universitarias catalanas para hacer compra común de volúmenes.
Otra idea es la compartición de personal de administración y servicios entre varias universidades. Abundó asimismo en el modelo de financiación, con el incremento al máximo posible los precios de los grados como de los másteres, lo que se compaginaría con una fuerte política de becas. Esto supondría más equidad en la política de precios, a juicio de Castellá.
El responsable de la Generalitat de Cataluña adelantó que están replanteando la oferta académica, ya que su comunidad cuenta con nos 500 másteres e igual cantidad de grados. Para él, esto no tiene sentido, ya que hay muchas titulaciones que se repiten. “Hay que mejorar la oferta interuniversitaria y compartir recursos. Es además pertinente seleccionar unos pocos títulos y ofrecer una excelencia internacional”.
En opinión del responsable político, la función investigadora es la que mejor se ha adaptado al entorno social, y añadió que, con todo, están trabajando en un catálogo de infraestructuras científicas, para tomar decisiones sobre sinergias entre universidades y también para poner esta infraestructura al servicio del ámbito económico.
El último en intervenir en la mesa redonda fue Francesc Solé, quien pidió que se acepte que en las universidades hay un problema de gobernanza, aunque no hay un único modelo para resolverlo, admitió. El experto señaló sin embargo que la universidad se mueve adecuadamente, con grupos de investigación muy potentes y donde se ofrece calidad en la enseñanza.
Solé afirmó que las universidades han optado por un modelo mixto que no funciona, con acciones procedentes del ámbito empresarial, pero mezcladas con los ámbitos colegial y burocrático. Se preguntó también si el modelo de negocio de una universidad debe ser igual al de otra, y se respondió que no, ya que los objetivos de cada institución son distintos. “Lo importante es tener claro los objetivos, su seguimiento para conseguirlos y el sistema de información de las universidades para controlar la calidad y la prestación del servicio”, agregó.
“Los consejos sociales, los rectores, la administración autonómica, y también la administración central, debemos estar satisfechos de dónde hemos llegado, pero ahora hay que marcarse nuevos objetivos”, concluyó.
