En la sesión extraordinaria del Consejo de Gobierno, celebrada hoy martes 22 de diciembre en la sala de juntas de la Facultad de Derecho, el rector de la Universidad de La Laguna, Antonio Martinón, dio cuenta de una comunicación recién recibida del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. El Rectorado de la institución académica hizo una consulta a la Dirección General de Tributos acerca de la obligatoriedad o no de abonar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) al Ayuntamiento de La Laguna, tal y como esta corporación local exige.
La conclusión a la que llega en una resolución dirigida a la universidad es clara y contundente: los inmuebles de una universidad pública están exentos del IBI en virtud de la Ley Orgánica de Universidades, sin que esta sanción pueda entenderse derogada por disposiciones de cualquier tipo. Se trata de una consulta vinculante, y, en opinión del centro académico, queda claro que la universidad no debe abonar dicho impuesto, y, de hecho, no se ha hecho nunca.
En la sesión de esta mañana obtuvo el visto bueno el reglamento de régimen interior de la Escuela de Doctorado y Estudios de Posgrado, así como el reglamento de evaluación y calificación de la Universidad de La Laguna, en este caso presentado por la vicerrectora de Docencia, Ana Isabel Jiménez, quien estuvo acompañada en la elaboración del texto por el vicerrector de Estudiantes, Alfonso García. Se trata de una versión simplificada del actual reglamento en vigor, que se ha demostrado de difícil aplicación en algunos casos, explicó.
Este texto, que ha contado con una fase previa de alegaciones y mejoras, regula el régimen de convocatorias, así como la composición de los tribunales de quinta y sexta convocatoria y otras de carácter extraordinario por resolución rectoral. El documento se detiene también en establecer el sistema de evaluación y el desarrollo de las pruebas finales, entre otros asuntos.
Presupuesto de 2016
La gerente de la institución académica, Lidia Pereira, presentó el proyecto de presupuesto ante este órgano colegiado, toda vez que ya cuenta con el visto bueno del monto global (137.083.631,91 euros) por parte de este mismo Consejo de Gobierno y ha sido conocido por el Claustro de la institución académica.
Fue precisamente en el Claustro donde se presentó y posteriormente se aprobó un conjunto de 22 resoluciones, todas ellas propuestas por el grupo claustral Amec y que suponían un aumento del gasto especialmente en mayores servicios y ayudas para los estudiantes y en obras y reparaciones en las infraestructuras universitarias, aunque ninguna de ellas fue presentada como enmienda al presupuesto.
Tras incorporar leves modificaciones al documento, la gerente volvió a recordar que el mayor esfuerzo en restricciones de gasto se ha hecho en servicios centralizados. También explicó que la mayoría de las ayudas para alumnado no se han cubierto en su totalidad, es decir, la demanda de los estudiantes es menor que lo que la propia universidad ofrece en este ámbito, por lo que harán mayores esfuerzos en comunicarlas al alumnado.
En lo referente a desperfectos y labores de mantenimiento, Lidia Pereira señaló que se ha hecho una solicitud al Gobierno autónomo para acometer estas partidas, y en breve se espera recibir alrededor de 600.000 euros para este fin. El documento quedó sancionado por este órgano y se elevará ahora al Consejo Social para su aprobación definitiva.
