Cuando María Elena Sánchez Jordán (Puerto de la Cruz, España, 1968) se enteró de que había sido nombrada vocal permanente de la Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia estaba en Nápoles (Italia) culminando una estancia Erasmus como profesora de la Universidad de La Laguna. Fue tal la sorpresa que se llevó al leer el e-mail en el que le comunicaban su elección que le costó desdibujar la sonrisa naíf que parecía que se iba a quedar anclada en su boca para siempre. Y no es para menos.
Su designación, a propuesta de los miembros que conforman este órgano superior, le llegó en forma de orden ministerial ‒emitida por la titular de Justicia, Pilar Llop Cuenca‒ y junto a los estatutos en los que se especifican los derechos y deberes que asumiría desde ese mismo momento, en que se convirtió en la primera profesora universitaria en Canarias en ostentar un puesto de tal relevancia y crédito, a pesar de que en esta charla demuestre que una de las bazas de su alabada profesionalidad es su más que notoria ausencia de vanidad.
Porque Elena Sánchez se ha convertido en el equivalente a una académica de la RAE, solo que en vez de ser miembro de una institución de reconocidos estudiosos de la lengua lo es de una comisión integrada por juristas españoles de reconocido prestigio que se encarga de asesorar al Ministerio de Justicia, de responder a sus peticiones y, en definitiva, de preparar los textos de las leyes que luego se llevan a votación y aprueban en las Cortes Generales. Una serie de tareas que la catedrática de Derecho Civil de la Universidad de La Laguna tendrá ahora que compaginar con su labor docente e investigadora.
Como ella, otras profesionales españolas se incorporaron el pasado año a la comisión, que por primera vez tiene una sección (la de Derecho Mercantil) presidida por una mujer, Carmen Alonso. Un paso crucial en favor de la paridad de género que se ha evidenciado con la nueva cobertura de vacantes impulsada desde el Ministerio de Justicia: las mujeres pasaron de ocupar, en 2021, el 36,8% de los puestos en este órgano colegiado a representar el 43,4% en el primer semestre de 2022.
La pertenencia a este órgano superior de asesoramiento técnico y jurídico no solo es un honor y un reconocimiento profesional en manos de unos pocos, exactamente de 31, el número de personas que conforman la Sección Primera de Derecho Civil en la que asesora la nueva vocal tinerfeña, que viene avalada por una larga trayectoria profesional más que reconocida. También es la oportunidad de poder trabajar en reformas legislativas tan importantes como el proyecto de ley por el que se modificó la legislación civil y procesal de las personas con discapacidad, que les reconocía, por fin, su plena capacidad jurídica. “La última reforma gorda que se ha hecho en este país”, en palabras de Elena Sánchez.
A pesar de no estar presente en el proceso que comenzó en 2016 y finalizó en 2021 ‒su incorporación a la comisión se produjo en mayo de 2022‒ reconoce la importancia de un trabajo legislativo con el que se ha logrado “modificar la manera en las que se trataba las personas con discapacidad para dotarlas de toda la dignidad que se les había arrebatado”. Hasta esta reforma, la Constitución hablaba de personas minusválidas, lo que significaba que a alguien con la enfermedad de Alzheimer o alguna otra de tipo incapacitante, se le podía demandar y sustituir sin demasiada complicación.
“No se les permitía tomar decisiones y se nombraba a un tutor”. Es a partir del año 2015 cuando se deja de hablar de incapacitación y solo se sustituye la voluntad de las personas en casos muy extremos, como los que impiden que la comunicación llegue a buen término. “Lo que se hace es fomentar que esas personas decidan por anticipado qué es lo que quieren, lo que se llaman poderes preventivos, para saber cómo quieren que se les trate cuando ya no puedan valerse por sí mismas”, comenta Sánchez.
“Con la Ley 8/2021, de 2 de junio se modifica el Código Civil de una forma brutal, tanto que creo que es la reforma más importante que hemos tenido después de la de la Constitución. La plena capacidad se reconoce ahora a todo el mundo, pero antes a los niños y niñas que nacían con alguna discapacidad había que nombrarles un tutor. Afortunadamente, ahora hay muchas entidades que apoyan a estas personas. De hecho, nosotros colaboramos con la Fundación Tutelar Sonsoles Soriano, con la que hemos desarrollado hace poco unas jornadas en las que participaron estudiantes de la Facultad de Derecho”.
La ansiada reforma de la legítima
Y si las reformas impulsadas desde la comisión por la sección primera modificaron la nueva ley sobre la discapacidad en un montón de aspectos trascendentales para la vida de las personas en esa situación, la labor que tienen ahora por delante Sánchez y sus colegas no es menos apasionante que la anterior: abordar la reforma de la legítima de la herencia, la parte que por ley se destina a los denominados herederos forzosos, un concepto que el Código Civil ha ido parcheando desde su creación, el 24 de julio de 1889, y que ahora está en manos de los miembros de la sección.
“En lo que respecta a este asunto, la comisión está dividida en dos grupos muy claros: uno de ellos aboga por suprimir totalmente la legítima, y que cada uno pueda hacer lo que quiera con su herencia, algo que sería una auténtica revolución, por lo que muchos componentes de la comisión piensan que no se está preparado para eso, al ser un cambio demasiado radical. Sin embargo, otra parte opina que se ha tardado 160 años, y lo mejor es cambiarlo radicalmente”.
Es un hecho que el Código Civil se ha quedado “muy anticuado” en cuanto a las sucesiones y ha llegado lleno de remiendos al siglo XXI. Aunque la experta reconoce que fue un buen código, moderno y actual en su momento, ya que España fue cogiendo lo mejor de los otros ‒sobre todo del francés, del que tomó su estructura‒ lo único que se ha hecho hasta ahora es actualizarlo, algo, por otra parte, muy necesario. Solo en derecho de familia o en lo que respecta a los derechos de la mujer (hasta 1975 debía obedecer al marido según el artículo 57), se han efectuado numerosas modificaciones, “pero ha sido una labor lenta, una labor de ir paso a paso”.
Ahora la reforma que se debate en la sección de Derecho Civil, la primera de las cinco que componen la comisión, se centra en el libro segundo deI código, que atañe a los bienes y propiedades, y en concreto en la legítima, huérfana de remodelaciones desde 2009. Y en este punto, Sánchez lo tuvo claro desde la primera reunión que tuvieron para tratar este asunto: “Creo que la posición que triunfará, finalmente, es la que aboga por una modificación del sistema de forma radical, por efectuar muchos cambios en la legítima y porque se reduzca la parte que obligatoriamente se ha de dejar a los hijos. No tiene mucho sentido, en 2023, que dos tercios de la herencia sean para los hijos y descendientes. A lo sumo, un cuarto o un tercio”.
Otro planteamiento que está sobre la mesa es el cambio en las causas de desheredación, que “ahora mismo son muy limitadas y no se ajustan a la realidad”. El Tribunal Supremo (TS) ya se ha pronunciado al respecto y ha dicho que el maltrato psicológico es motivo para desheredar a los hijos, pero el abandono aún no está previsto. “Ingresar a los padres en las residencias sin mantener comunicación ni contacto alguno con ellos durante años, dejándolos abandonados, debería ser una causa de desheredación”, comenta la catedrática de la Universidad de La Laguna.
Solo hace falta echar un vistazo a los artículos 756, 852 y 853 del Código Civil para darse cuenta de que dejar fuera de la herencia a un heredero legitimado, como un hijo o un familiar, no es sencillo. Se tiene que haber cometido un delito muy serio, obligar a la persona que testa a cambiar el testamento, negarle los alimentos sin motivo justificado o haberla maltratado e injuriado gravemente. “Las normas restrictivas se tienen que ampliar de forma restrictiva, y por eso es tan interesante que flexibilicemos las causas de desheredación y que haya más posibilidades para los padres, sobre todo, de desheredar a los hijos que no cumplen y no se ocupan de ellos”.
Las herencias a beneficio de inventario
Que las herencias siguen siendo hoy en día motivo de trifulcas familiares interminables, enfados enconados y desencuentros eternos, es un hecho. Que hay mucha gente en este país que renuncia a
ellas, también. Las cifras que se barajan apuntan a que uno de cada diez españoles lo hace ante la imposibilidad de afrontar el impuesto de sucesiones que gravan las comunidades autónomas y, en muchos casos, al no poder asumir las deudas que las personas difuntas dejan tras de sí. Heredar, en muchos casos, no sale a cuenta a pesar de que las donaciones y herencias crecieron de manera notable durante la pandemia, tal y como ha manifestado el Consejo General del Notariado.
Es por ello que otra de las reformas clave, a punto de entrar en vigor, que Elena Sánchez conoció ya al final de su proceso ‒coincidiendo con su incorporación a la Comisión General de Codificación‒ fue la aceptación de las herencias a beneficio de inventario, lo que implica que antes de dar la conformidad a lo que nos corresponda heredar se pagan todas las deudas con los propios bienes de la herencia y solo se hereda lo que queda libre de cargas. Ya no procede que una persona se arruine por asumir una herencia, ni siquiera si los bienes están hipotecados, porque en ese supuesto serían los bancos los que pedirían que se subastasen para cubrirlas. Incluso en el caso de que hubiese algo impagado, “no hay contra quien dirigirse”.
Las herencias, en breve, no podrán causar la ruina de nadie. “Es una reforma importantísima, y en este aspecto hubo unanimidad de todos los miembros de la comisión”, aunque Sánchez considera que no se le ha dado la importancia que realmente tiene porque el Derecho Civil no vende titulares de periódicos. “Los civilistas no nos sabemos vender, lo que sale en la prensa es solo el aspecto fiscal”, que acaparó muchos de los titulares de las principales cabeceras del país durante la crisis económica iniciada en 2008, cuando muchas personas en España no pudieron afrontar el pago de sus deudas e hipotecas tras perder sus puestos de trabajo.
“Lo que pasó en la época de la crisis fue una auténtica sinvergonzonería de los bancos: tasaban la casa en 200, se la adjudicaban en 100 y te seguían reclamando los 100 restantes. Siempre ganaban ellos, y eso es por una regla del Código Civil que dice que el deudor responde con todos sus bienes presentes y futuros. Lo que mucha gente desconoce es que hay un artículo en la ley hipotecaria que te permite pactar en el contrato de hipoteca que la responsabilidad se extinga con el valor de lo que se hipoteca, pero, lógicamente, los bancos no te lo dicen”.
Por eso durante esos años de crisis decidió emplearse a fondo en estudiar los mecanismos que el propio código prevé para proteger a los deudores hipotecarios. Le parecía que eran “personas que estaban vendidas, que no conocían la realidad y que estaban desesperadas por comprarse una casa, por la necesidad de tener un techo propio, y que luego se encontraron con que la habían perdido debido a la crisis. Entonces se enfrentaban a una cosa mucho más grande que ellos, a la que no podían hacer frente”.
En estos momentos lo que aconseja esta experta legalista es que las personas que vayan a firmar una hipoteca pacten un tipo de interés fijo, además de que hagan testamento ante notario, que es algo que “cuesta muy poco y ayuda mucho”. No confía en absoluto en recuperar el dinero empleado en el rescate bancario de 2009 porque está convencida que la banca va a recurrir el impuesto (como ya ha anunciado) impulsado por el Gobierno de Sánchez y lo que le preocupa de verdad es la situación límite que están viviendo muchas familias en este país. “Como soy consciente de la situación tan dramática en la que viven muchos colectivos, trato de estudiar cuestiones que les sirvan para protegerse”.
La senda del alquiler vacacional
Además de los colectivos afectados por la crisis, y especialmente por la praxis de la banca española ‒bastante alejada de las prácticas que realizan en otros países como Italia, al que ha ido y venido en numerosas ocasiones en estos últimos años y conoce bien‒ Elena Sánchez ha tenido contacto con numerosos aspectos que competen al Derecho civil, tantos como tiene la vida misma, pues empiezan con el nacimiento de la persona y acaban con su muerte. Desde todo lo concerniente a la feminización del derecho privado, la protección de los deudores hipotecarios y los nuevos usos de la información registral, al derecho urbanístico, con especial atención al alquiler vacacional.
La nueva forma de hacer turismo que llegó (hace años) al archipiélago despertó su interés hasta el punto de comenzar a investigar, junto a compañeros de la Universidad de La Laguna, el Reglamento de las Viviendas Vacacionales de Canarias, aprobado en mayo de 2015. “A partir de los contratos de arrendamiento empecé a indagar en el vacacional y me di cuenta de que se había hecho un decreto con una modificación diciendo que no se podía hacer alquiler vacacional en zonas turísticas, un auténtico disparate, aunque al final la gente está alquilando sus segundas viviendas como vacacionales, eso sí, con muchos problemas burocráticos”.
Desde el minuto uno la experta en derecho de la Universidad de La Laguna vio con perspectiva ecologista esta nueva modalidad turística porque consumía menos espacio y posibilitaba a las personas de rentas bajas complementar sus ingresos para procurarse un futuro mejor. Pero eso era antes de que irrumpieran los fondos de inversión y los fondos buitre. “Entonces la cosa cambió, porque las personas que van a trabajar en zonas turísticas no pueden optar a alquileres normales, ya que todo es vacacional. Hay que reclamar calidad, no todo el mundo puede poner en alquiler cualquier cosa y convertir los centros de las ciudades en Disneylandia”.
Y aunque ve los pros y los contras de ambas modalidades (turismo tradicional y vacacional) es consciente de que lo que está pasando en el centro de las grandes ciudades es un verdadero y acuciante problema. “Ahora todo es para las personas que están de paso, lo que multiplica los precios de una forma desproporcionada. Por eso creo que hay que buscar una regulación que sea equilibrada y permita que la gente mejore sus rentas, pero que las personas que quieran alquilar lo hagan a un precio razonable”, un asunto que no se ha encargado aún a la comisión, pero que les compete “totalmente”.
Con la premisa de que “la dignidad de la persona es un valor fundamental que hay que proteger por encima de todo”, el ámbito de los derechos civiles, a pesar de su inmensidad, parece quedársele corto a esta civilista que intenta que sus conocimientos jurídicos sirvan para hacer la vida más fácil a las personas más desfavorecidas y vulnerables, colectivos que no tienen acceso al asesoramiento legal, y a los que se propuso llegar hace años, junto con parte de su alumnado.
El apoyo jurídico a los más vulnerables
Por eso habla con entusiasmo del proyecto Informa, desarrollado a través del programa Ingenia, y en el que cada curso, un grupo de estudiantes de los grados de Derecho y Trabajo Social de la Universidad de La Laguna desarrolla sus prácticas curriculares tratando de mejorar las condiciones de vida de estas personas, proporcionándoles información jurídica básica sobre vivienda, prestaciones sociales u otros servicios fundamentales.
Una especie de iniciativa de aprendizaje-servicio que se puso en marcha durante la pandemia, y que comenzó con un colectivo de mujeres gitanas. “La recepción fue espectacular. Con cualquier cosa que dijeras, estas mujeres te adoraban porque no tenían conocimiento alguno de derecho. Al pillarnos en plena pandemia y no poder salir a la calle, el alumnado elaboró un documento de Power Point con el que les fueron contando todo lo que necesitaban saber acerca de los desahucios, préstamos, aspectos de la renta…”.
De los 9 primeros alumnos se pasó a 22 el pasado año y a 14 durante el curso actual, que continúan trabajando con un colectivo de migrantes, y apoyándose en abogados que prestan sus servicios a varias ONG. “Con esta forma de hacer las prácticas, el alumnado se da cuenta de que sabe mucho más de lo que cree que sabe. En Derecho tienes que enseñar a buscar y eso, al fin y al cabo, es aprendizaje-servicio, que también me gusta emplear en los TFG y TFM que dirijo. El problema solo está en encontrar la entidad interesada”.
La cuestión es que sean problemas reales para poder estudiar su naturaleza jurídica, como las cuestiones que aborda en la web Movimiento Carmona sobre la feminización del derecho privado, del que forma parte desde hace años, y al que dedica el tiempo que le permiten sus investigaciones, clases, proyectos y ahora, su tarea como vocal permanente de la Comisión General de Codificación, que le exige reunirse cada 15 días para abordar los asuntos que ya están sobre la mesa y los que vendrán en un futuro, que son bastantes.
A Elena Sánchez Jordán le falta tiempo y le sobra pasión por lo que hace. Disfruta, se lo pasa bien con el derecho y no duda en comentar a sus alumnos que si van a dedicarse a la abogacía deben de evitar los conflictos. Porque esta jurista, experta en Derecho Civil, profesora de universidad, feminista y ecologista convencida se siente más cómoda analizando y estudiando todo aquello que sirve para proteger y mejorar la vida las personas que no lo tienen fácil, aunque sean asuntos que no ocupen los titulares de los periódicos.
Gabinete de Comunicación
