El Claustro de la Universidad de La Laguna ha celebrado hoy 15 de octubre una sesión ordinaria para debatir, entre otros asuntos, su posicionamiento acerca de la propuesta de ley autonómica que modifica las funciones de los consejos sociales. Y su respuesta ha sido clara: rechazo frontal a un texto que, en opinión de todos los intervinientes, socava la autonomía universitaria y arroga al órgano objeto de modificación normativa unas competencias que exceden sobremanera lo indicado en la propia Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).
El informe inicial sobre esta materia fue presentado por el secretario general de la institución académica, Juan Antonio García, quien explicó que la admisión a trámite de esta propuesta de modificación de la ley 11/2003 fue asumida por todos los grupos parlamentarios del parlamento canario, salvo Vox, y que se encuentra en estos momentos en fase de presentación de enmiendas.
“A nadie se le ocurriría que una norma autonómica pueda imponer un determinado modo de gobierno a las universidades, porque no tiene competencias para ello”, sentenció el secretario general en su intervención inicial sobre este asunto. A ello se añade que el Consejo Social no expresa la autonomía universitaria, de la que solo es titular la propia comunidad universitaria, añadió.
Entre los aspectos controvertidos del texto que discute ahora el Parlamento regional, es que reconoce una actividad convencional y contractual al Consejo Social, cuestionando la personalidad jurídica única de la universidad, que es quien tiene la capacidad para contratar, precisó García. Además, en cuanto a gobernanza, mediatiza la posición del Consejo de Gobierno de la universidad, ya que propone que el Consejo Social tenga que informar favorablemente muchas cuestiones antes de su traslado al órgano ordinario de gobierno de la institución universitaria.
Imagen de la sesión, que también pudo seguirse online.
Además, la propuesta legislativa autonómica paraliza el procedimiento administrativo hasta que no se produce el pronunciamiento del Consejo Social en muchas materias. Igualmente, a juicio del secretario general, amplía de manera excesiva el ámbito en el que el este órgano puede adoptar decisiones, en algunos casos superando lo que recoge la propia LOSU, y atentando contra el Consejo de Gobierno como órgano supremo de gobernanza universitaria.
“El Consejo Social es el órgano que aprueba los presupuestos de la universidad, pero en esta propuesta se despliega como tercera parte en la negociación de muchos instrumentos de carácter financiero, involucrándose en la gestión económica de la universidad, mucho más allá de lo que le autoriza la propia ley orgánica, y ralentizando la toma de decisiones diarias de la propia universidad”, esgrimió el secretario general en su explicación sobre esta materia.
El texto además le da competencia en la aprobación de todos los precios públicos de actividades de todo tipo e impone además un modelo de intervención que no figura en la LOSU. “De ser aprobado, el Consejo Social se convertiría en un órgano paralelo a la propia universidad, organizando cursos, proponiendo formación, etc. Esta propuesta no es que sea un texto de máximos, que lo es, sino que vulnera de manera patente la autonomía universitaria”, concluyó.
El propio rector, Francisco García, indicó que “la autonomía universitaria no es un privilegio, sino un espacio de libertad y de neutralidad frente a los poderes económicos, que se vulnera con esta propuesta de ley, dificultando además la toma de decisiones dentro de la institución”. Asimismo, indicó que “una de las dimensiones claves de la autonomía universitaria es la autonomía financiera”, aspecto que sigue pendiente en Canarias de la creación de un contrato programa, que de estabilidad a las dos universidades públicas, lo cual vienen además recogido en la LOSU. En este mismo sentido, también la norma universitaria obliga a incrementar la financiación de las universidades hasta el 1% del PIB, situándose las universidades canarias en apenas la mitad de ese objetivo.
Un ‘no’ tajante
Los grupos claustrales tuvieron ocasión de intervenir para pronunciarse en este punto, y lo hicieron de forma muy crítica con la propuesta de ley, que excede en muchos puntos la autonomía universitaria. Libertad Estudiantil señaló que esta propuesta le produce una “preocupación profunda”. “No se nos puede arrebatar nuestro derecho a decidir”, afirmaron, al tiempo que sostuvieron que “la autonomía universitaria no se negocia”. Los estudiantes señalaron que “la universidad no es de los consejos sociales, es de sus estudiantes, de su profesorado y de su personal técnico y de gestión”.
Del mismo tenor fue la opinión de la Asociación Canaria de Estudiantes (ACE), que de nuevo vio la autonomía universitaria -calificada como legado inquebrantable- amenazada por esta propuesta de ley, “introduciendo en el gobierno a agentes externos para subyugar los intereses de la universidad a intereses foráneos”. Este colectivo afirmó que es la autonomía universitaria lo que permite el pensamiento crítico y la independencia de la institución.
Red de Participación Universitaria, del sector del profesorado, manifestó su “sorpresa y disgusto” por el hecho de que la propuesta venga presentada por casi todos los grupos parlamentarios, lo que a su juicio demuestra una profunda ignorancia del sistema universitario. “Los consejos sociales no han cumplido con su misión desde que fueron creados, y esta propuesta no va en la línea de dotarlos de verdaderas funciones, porque lo que hace es ahondar en la invasión de la autonomía universitaria”, que no es el objetivo que le corresponde, indicaron, en vez de ahondar en la mejor financiación de las universidades o su integración con la sociedad. “No solo es una amenaza, es una oportunidad perdida para hacer las cosas mejor”.
Por su parte, el grupo claustral de alumnado Nexo también se manifestó contrario, pidiendo a los parlamentarios que lleven a cabo una “escucha activa”. Renovación Convergente, del profesorado, se pronunció en el mismo sentido. “Somos universidad y la defenderemos”, dijeron. “Saquen sus manos políticas de la universidad y cuídenla”, añadió.
Por último, Programa Alternativo para el Profesorado también alegó que esta propuesta vulnera la capacidad de la universidad para ejercer el pensamiento crítico y la capacidad de innovación de las instituciones de educación superior. Señaló que las universidades que gozan de mayores cotas de independencia tiene mejores resultados de excelencia académica e investigadora, dado que el autogobierno bien equilibrado genera riqueza social. Este texto se arroga competencias de la ley orgánica, algo que jurídicamente es un contrasentido, añadieron. “Ningún órgano externo a la universidad puede gobernar por ella, por lo que instamos al Parlamento de Canarias a tener en cuenta la opinión de las universidades para garantizar la autonomía universitaria”.
Reforma estatutaria
El Claustro de la Universidad de La Laguna también conoció en la sesión de hoy un borrador de anteproyecto que actuaría como punto de partida en la necesaria reforma estatutaria para su adaptación a la LOSU. Presentado por el secretario general, respondiendo a un encargo de la Comisión de Asuntos Institucionales del propio Claustro, el texto se configuró como un documento de mínimos, para cumplir con la normativa.
Sometida a consideración esta propuesta, a pesar de que obtuvo un apoyo mayoritario, no fue suficientemente amplio para alcanzar la mayoría cualificada para acometer ahora el proceso. Por ello, en la medida en que el Claustro celebrará elecciones para renovar su composición en las próximas fechas, se decidió esperar a la conclusión de ese proceso electoral para acometer esa tarea. Todo ello, teniendo en cuenta que la normativa prevé que la ficha límite para finalizar dicha reforma se extiende hasta abril de 2026.
