Actualmente la actividad empresarial en la economía de mercado, marcada fuertemente por la globalización y los avances tecnológicos, junto a la masificación del consumo, han cambiado las pautas en la oferta y contratación de los productos y servicios. Tal transformación ha incrementado el desequilibrio tradicional entre proveedores de productos y servicios y consumidores en favor de los primeros, comprometiendo frecuentemente los intereses económicos los consumidores. Estos cambios se constatan tanto en la fase de contratación de los bienes y servicios como en la fase previa de publicidad e información de las ofertas, e incluso con posterioridad. Entre otras muchas prácticas perjudiciales se detectan las siguientes:
a) Captación de decisiones de consumo con modelos de oferta que no dan plenitud al derecho a la información que corresponde a los consumidores (ocultación de información, información falsa, etc.).
b) Fijación de los precios no a través de la libre competencia, sino mediante componendas entre los propios competidores en el mercado (acuerdos para alterar el precio).
c) Prácticas comerciales y utilización de técnicas de publicidad y contratación mediante TICs que vulneran la libertad de disposición patrimonial de los consumidores.
d) Utilización de técnicas abusivas en la contratación, basadas en ocultación de información del producto, condiciones o precio final, generalmente mediante imposición unilateral de condiciones por parte del proveedor. Todo ello se desarrolla cada vez más en un marco de relaciones entre proveedores y consumidores a distancia, con intermediario tecnológico, generando prácticas comerciales agresivas que inciden sobre la libertad de disposición patrimonial los consumidores que debe erigirse en un interés que reciba una tutela penal más global y eficiente que la que brinda actualmente el Código penal. Por ello el proyecto pretende alcanzar las siguientes metas:
1ª. Analizar la idoneidad del Derecho penal como instrumento de protección de intereses económicos de los consumidores, así como delimitar el escenario de la intervención. Para ello :
a) Se revisará sobre bases críticas algunas figuras delictivas que tendrían como objetivo proteger los intereses de los consumidores, así como las clases de reacciones punitivas.
b) Se determinará qué tipo de técnicas, categorías e institutos jurídico-penales permiten al Derecho penal ser más eficaz en su función protectora.
c) Y se propondrá, en su caso, la incorporación de nuevos ilícitos penales cuyo contenido verse sobre la vulneración de normas protectoras de los derechos económicos de los consumidores.
2ª. Plantear un posible modelo sistemático de protección de los intereses económicos de los consumidores, como ocurre con otros colectivos. Para ello se deberá:
a) Explorar las posibilidades de consolidación del colectivos de consumidores como titulares de un bien jurídico que proteja sus derechos económicos.
b) Identificar y delimitar el bien jurídico que protegería esos derechos. En definitiva, el trabajo de investigación pretende analizar si quedan mejor protegidos los intereses económicos de los consumidores y, sobre la base de un nuevo bien jurídico, del cual serían titulares los consumidores, y en su caso, si resulta necesario introducir nuevos ilícitos penales agrupados sistemáticamente que entrarían en juego antes de que el patrimonio individual de alguno de ellos resultara lesionado.
Currently the business in the market economy, strongly marked by globalization and technological advances, together to the massification of consumption, have changed the guidelines in supply and procurement of products and services. Such a transformation has increased the traditional imbalance between suppliers of products and services, and consumers in favour of the first, often committing economic interests consumers. These changes were noted both in the phase of procurement of goods and services and in the initial phase of advertising and information offerings, and even after. Among other many harmful practices are detected as follows: (a) Win of decisions of consumption with supply models which do not give fullness to the right to information which corresponds to the consumers (concealment of information, misinformation, etc.). (b) Determination of prices, not through free competition, but through compromises among the own competitors in the market (agreements to alter the price). (c) Commercial practices and techniques of advertising and recruitment through TICs that violate the freedom of choice of consumers. (d) Use of abusive techniques in procurement, based on concealment of information of the product, conditions or price end, usually by unilateral of contractual conditions imposition by the supplier. All of this develops increasingly in a context of relationships between suppliers and consumers to distance, with technological intermediary, generating aggressive commercial practices affecting the rights of consumers. The freedom of choice of consumers must be erected in a main interest, that should received a criminal protection more global and efficient that it provides currently the Penal Code. Therefore, the project aims to achieve the following objetives: 1st. Analyze the adequacy of the criminal law as an instrument of protection of economic interests of consumers, as well as define the stage of the intervention. To do this: (a) It will be reviewed on a critical basis some offences that would be intended to protect the interests of consumers, as well as the kinds of punitive reactions. b) It will be determined what kind of juridical institutes, categories and techniques allow criminal law be more effective in their protective function. c) And, if necessary, it will proposed the incorporation of new criminal offences whose content see about the infringement of protective standards of the economic rights of consumers. 2nd. Raise a possible model of systematic protection of the economic interests of consumers, as it is the case with other groups. To do this we wil try: (a) Exploring possibilities for the consolidation of the consumer as holders of a legal collective that protects their economic rights. b) Identify and delimit the legal interest that would protect these rights. Ultimately, the research work aims to analyze if there are better protected economic interests of consumers, and on based a new legal interest, which would be consumers, and if necessary introduce new criminal offences grouped systematically, and which came into the game until the individual assets of any of them was injured.